David García es gestor cultural y Ph.D. y Magíster en Filosofía e Historia por la Universidad de Viena. Foto: Archivo particular.

La Ley Naranja: ¿la privatización de la economía de la cultura?

“El hecho de que la ley fue elaborada a espaldas de los artistas y gestores culturales no da buena señal acerca de la suerte que estos correrán”: una columna de David García.

2017/05/31

Por David García

El 24 de mayo se conoció que fue elevada a categoría de Ley de la República la “Ley Naranja”, norma que promete fomentar la economía creativa, aquel sector que comprende la generación de ideas y conocimiento.

Si bien, en algunos países ha servido para estimular y fomentar algunos sectores de la economía de la cultura, tengo algunas reservas con los alcances de la ley en la versión que ha sido aprobada en el Congreso y que he manifestado públicamente en varios foros sobre el tema.

Indudablemente, la economía relacionada con la cultura es, desde hace varias décadas, uno de los temas más estudiados en la actividad económica en varios lugares del mundo. Recordemos que Tony Blair logró llegar al poder con una campaña que utilizaba como parte de su programa de ‘La tercera vía’ lo que sus asesores llamaron las “industrias creativas”. A partir de ese momento, los mercados financieros lanzaron su ávida y muy voraz mirada hacia la “creatividad individual capaz de generar una propiedad intelectual convertible en riqueza y en instrumento de la creación de empleo y exportación”.

Hace dos décadas, García Canclini, en su texto Industrias culturales y globalización, señalaba que tres tendencias caracterizaban la situación latinoamericana: la predominancia de las industrias culturales como actores en la comunicación y formación de la esfera pública, las cuales ya habían tomado un lugar más significativo que las manifestaciones artísticas y culturales tradicionales para las altas inversiones y que, contrario a las promesas que hace ahora el discurso de la ley naranja, en varios sectores de esa industria la producción latinoamericana se había reducido dramáticamente, como es el caso de la industria editorial, así como la del cine, producto de un proceso de transnacionalización y concentración de la propiedad de los medios de producción, a favor de empresas españolas.

La economía de la cultura no será ajena a las tendencias globales de la macroeconomía: la creciente concentración del capital a través de fusiones de empresas, las corporaciones cada día más poderosas y capaces de acaparar mercados y consumidores, la pérdida de empleos. Todo ello en desmedro de los derechos de los trabajadores, en este caso, de las artes y la cultura.

Otro aspecto que preocupa de la “Ley Naranja” es la marcada tendencia a la privatización de las industrias culturales, es decir que con esta norma se ha abierto la puerta a un preocupante proceso de enajenación del Estado con respecto a aquellos sectores de la cultura y el arte que requieren, por su naturaleza, de la inversión de los recursos públicos.

Es también preocupante que quienes fueron impulsores de esta ley en el Congreso pertenecen al partido de Uribe, quien, siendo presidente de la República, acabó de un plumazo con la Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro y la Banda nacionales, las agrupaciones de mayor tradición musical del país. El hecho de que la ley fue elaborada a espaldas de los artistas y gestores culturales no da buena señal acerca de la suerte que estos correrán.

No todo es privatizable. Una orquesta como la Filarmónica de Bogotá requiere de un presupuesto anual de aproximadamente 35.000 millones de pesos. Si hacemos cuentas, cada concierto de los 97 que hace al año cuesta 360 millones de pesos. Lo máximo que se puede recaudar de “ganancia” por boletería asciende a cerca de 7 millones. Eso demuestra que nunca la Filarmónica será una industria rentable. No es tampoco su papel. La orquesta tiene una función artística y social, irremplazable, que no puede tratarse como si fuese una mercancía. Todo aquel que conozca el modelo de financiamiento de la ópera de Viena puede dar constancia que tampoco allí donde existe un público formado durante siglos, con capacidad adquisitiva, puede financiar los costos reales de la diaria actividad operística. Los honorarios de uno sólo de los cantantes famosos que allí se presentan es de 50.000 a 100.000 euros por concierto. Si a estos costos se suman los de los demás cantantes, coro, orquesta, escenógrafo, técnicos, etc, se llega al meollo del asunto: no es rentable. Su existencia se da por vía de la inversión estatal y, por supuesto, patrocinadores -que en Colombia son poco conocedores y, por ello, bastante esquivos.

Esta nueva ley significa, indudablemente, un replanteo de la política cultural pública que podría definirse en la crudeza de “cada quien defiéndase como pueda”. Con un agravante. No será el emprendimiento individual el que salga avante en esa guerra del centavo, sino aquellos grupos económicos, en una primera etapa, y las transnacionales de la industria cultural, a la postre, quienes tengan mayores oportunidades y monopolicen el mercado. A ellos llegarán las verdaderas ganancias.

Es necesario hacer una discusión nacional sobre la política cultural pública, con el fin de fortalecer al Estado y que el aporte del 3 por ciento al producto interno bruto de las industrias creativas se refleje en la inversión que actualmente es de un insignificativo 0,16 por ciento del presupuesto anual.

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