Portada del informe 'Aniquilar la diferencia' del centro Nacional de Memoria Histórica. Foto: Rommel Rojas.

Desconfiar de los bandos

La guerra que se ha librado en Colombia ha afectado de manera particular a quienes son percibidos como “anormales” por estar fuera de la norma social del género y de la sexualidad. ¿Cómo ha sido su visibilización, sus resistencias, qué oportunidades tienen en el postconflicto?

2017/06/28

Por Hunza Vargas*

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzó en 2015 el informe Aniquilar la diferencia: lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano. Este informe, junto con otros documentos producidos por el Estado y por organizaciones de la sociedad civil, describen una situación de la que en Colombia poco se ha sabido y que apenas a comienzos de los años 2000 se empezó a visibilizar: el impacto del conflicto armado en las personas con identidades de género u orientaciones sexuales no hegemónicas.

Y es que no encajar en el binarismo de género (hombre-mujer) o en las reglas de la heterosexualidad obligatoria ha sido tradicionalmente motivo de exclusión y rechazo por la familia, la escuela, la Iglesia, la comunidad y el Estado. Hablar de los hombres gay, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, transgeneristas o intersexuales todavía es hoy, cuando menos, un tema espinoso. Los recientes acontecimientos de la vida política colombiana han demostrado la tensión presente entre los imaginarios y prejuicios sobre estas personas y los esfuerzos de estos sectores por democratizar el acceso a los derechos de la sociedad dominante.

Sin embargo, la guerra no ha dejado a nadie por fuera. La guerra ha sido para todas las personas, aunque no para todas por igual. El conflicto armado en Colombia ha tenido estratos, colores, orientaciones sexuales e identidades de género. Como afirma el CNMH en su informe, “la guerra ha mermado la posibilidad del amor fraterno, la confianza en el vecino o la vecina, la convivencia armónica con quienes nos rodean. La guerra nos ha polarizado, ha dividido a nuestra sociedad en bandos y hemos aprendido a vivir en una profunda desconfianza en el otro y en la otra —porque no conocemos a qué bando pertenece—, porque bridarle nuestra mano puede ponernos en riesgo o porque hace parte de un “otro” que no merece mi apoyo, mi consuelo, mi solidaridad; sencillamente, porque no es como yo”.

Ese no ser “como yo” ha hecho que la violencia armada escoja de manera sistemática sus escenarios, sus armas, sus estrategias y, por supuesto, a sus víctimas. En las condiciones del conflicto, ser y parecer fueron iguales en el momento de la escogencia de una víctima. Para quienes fueron percibidos como “anormales” por estar fuera de la norma social del género y la sexualidad, la vida cambió para siempre. Pero ¿cómo ha sido esa visibilización? ¿Cuáles han sido sus resistencias? ¿Cuáles son los retos en el escenario posconflicto?

Datos y prejuicios

Hay que empezar por lo básico. No sabemos cuántas personas víctimas del conflicto tienen una identidad de género o una orientación sexual no normativa. Pero esto es solo el reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Colombia no sabe cuál es la proporción de personas LGBTI que vive en el país. ¿Por qué? Los sistemas de información del Estado no cuentan con categorías que separen el sexo asignado al nacer —relacionado con la genitalidad, la genética y sus expresiones externas e internas—, de la orientación sexual —“atracción sexual y afectiva que una persona sienta hacia otras de su mismo género, del género opuesto o de ambos, así como a la capacidad de mantener relaciones afectivas y sexuales con ellas” (Colombia Diversa, 2015)— y finalmente su identidad de género, que “se refiere a cómo cada persona de manera individual se identifica con lo masculino o con lo femenino, independiente del sexo que se le haya asignado al momento de su nacimiento” (Colombia Diversa, 2015).

Así las cosas, no existe un sistema de información que permita saber si una persona pertenece a alguno de estos sectores sociales y si esto tiene alguna relación con los hechos de que ha sido víctima en el marco del conflicto. El CNMH menciona que “de las 63 víctimas a quienes se les realizó entrevista individual, solo 17 habían hecho su declaración y habían sido incorporadas en el Registro Único de Víctimas (RUV) en el momento de la entrevista, lo que corresponde solamente a un 27 % de víctimas registradas en el RUV”. Dada la discriminación de la que han sido víctimas desde antes del conflicto, las personas de estos sectores sociales con dificultad hablan sobre su identidad de género o su orientación sexual ante el Estado, lo que implica que las ofertas para la reparación integral no llegan de manera eficaz a estas víctimas, que además de las armas son con frecuencia víctimas del prejuicio estatal.

Según los datos de la Unidad Para las Víctimas, que desde 1985 hasta 2014 registró los delitos contra las personas LGBTI en el marco del conflicto armado, los hechos victimizantes más numerosos son la amenaza (395), la violencia sexual (121) y el homicidio (105). Sin embargo, en el RUV, la unidad incluye “LGBTI” junto a “hombre” y “mujer” por lo que no se puede diferenciar, por ejemplo, una mujer lesbiana de una heterosexual. Es decir, una mujer lesbiana tiene que decidir si se registra como “mujer” o como “LGBTI” por lo que las cifras en realidad no son precisas y se dificulta su análisis.

A este panorama hay que sumar una situación por la cual el subregistro sigue aumentando: la costumbre. Haber estado expuestas a la violencia desde la infancia o la adolescencia hace que las personas LGBTI hayan naturalizado la violencia. Al haber vivido desde la adolescencia diferentes tipos de agresiones, es común que estas personas no vean las agresiones de un actor armado como un hecho victimizante. Esta combinación de factores pone al Estado en un lugar apremiante frente al reconocimiento de sus responsabilidades y de sus aproximaciones a sectores sociales a los que ahora debe acercarse de una manera diferente.

Símbolos de resistencia

En el marco de las violencias en el conflicto se ha perseguido la feminidad en abstracto, es decir, se ha privilegiado el cuerpo penetrador del agresor armado sobre el cuerpo de la víctima que es penetrable y por lo tanto feminizado. La lucha armada ha exacerbado estructuras sociales previas, poniendo a las mujeres y a lo femenino en un lugar muy subordinado frente a la masculinidad más tradicional y “macha”, por lo que las personas que se salen de los binarismos y de las reglas hegemónicas de la corporalidad y la sexualidad han sido objeto del más estricto (y armado) “control social”. “Las mujeres lesbianas son víctimas de violación o violencia sexual con el objetivo de sancionarlas y castigarlas por su orientación; son sujetas a golpizas colectivas por demostraciones públicas de afecto, y son sometidas a ataques con ácido e internamiento forzado en centros que ofrecen “modificar” su orientación sexual”, según un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El CNMH identifica entre los discursos justificatorios presentes en las acciones de las comunidades y de los grupos armados en contra de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas cuatro líneas argumentativas: i) estas personas atentan contra la moral y las buenas costumbres; ii) las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas son una enfermedad que se “contagia”; iii) las personas de los sectores sociales merecen lo que les pasa porque son portadoras del VIH/Sida; iv) las personas de los sectores LGBT son pecadoras o están poseídas por el demonio.

Estas líneas han sido expuestas no solo en el marco del conflicto, sino en el Senado de la República por honorables senadoras y senadores que esperan que la familia se construya de una sola manera. Estas ideas sobre lo LGBTI se nutren de los imaginarios culturales que se han construido sobre personas de las que en realidad se sabe menos de lo que se requeriría para brindar una mejor atención y reparación, pero sobre las que se ha especulado mucho, suponiendo que son “mal ejemplo”.

Contextos tan violentos pudieran parecer imposibles de contrarrestar. Sin embargo, las formas de resistencia han hecho gala de la creatividad y de lo que podría denominarse activismos culturales que han ofrecido una forma de resistencia en los momentos y lugares más insospechados.

En el marco de la violencia no solo los hechos victimizantes cuentan. Las formas en que las víctimas han afrontado esos hechos y sus posteriores consecuencias tienen tanta o más importancia, pues se relacionan con su proyecto de vida y con su manera de relacionarse con el pasado y con las demás personas. El CNMH ha encontrado cuatro recursos de afrontamiento importantes para la población LGBTI víctima: i) crear redes y vínculos; ii) contar con espacios de participación y formación; iii) acceder a espacios laborales y educativos dignos; iv) encontrar formas de espiritualidad para afrontar y superar el dolor.

En los cuatro recursos mencionados lo creativo, lo cultural, tiene un lugar importante. La creación o el mantenimiento de vínculos con grupos creativos, que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el transformismo, la música, la generación de espacios de acogida para otras personas LGBTI que lo requieran son algunas de las formas en que estos sectores sociales han enfrentado la violencia y han salido adelante.

Formas de trabajo que se han asociado tradicionalmente a las personas de estos sectores sociales, como las peluquerías y los lugares de estética, han sido formas de afrontamiento desde la cultura y el arte para reconstruir proyectos de vida individuales y comunitarios. Por supuesto, los reinados de transformistas han ayudado a generar vínculos comunitarios y agrupaciones que desde una apuesta cultural luchan contra la discriminación y la pobreza.

En algunos municipios, las mujeres transgeneristas se han vinculado a grupos de algunas iglesias, que contra todo pronóstico, les han recibido y junto con ellas se encargan de los adornos de los templos y las ceremonias. Esto por supuesto está relacionado con un estereotipo que asocia a las mujeres trans a lo estético, pero al mismo tiempo les ha dado un lugar en la comunidad y les ha ayudado a generar una red social y comunitaria, permitiéndoles afrontar el pasado doloroso.

¿Y ahora qué?

En el marco de los acuerdos de La Habana, el Estado colombiano está frente a un reto fundamental: la integración social. En este sentido, la construcción de vínculos comunitarios y de confianza entre las víctimas, los excombatientes, el resto de la sociedad y el Estado mismo no pueden dejar de tener en cuenta el lugar que ocupa la cultura. El país no puede olvidar la importancia que tiene lo cultural, entendido de manera compleja y no solamente como la producción artística tradicional. Es necesario superar los prejuicios y ampliar las miradas. La reconciliación no se reduce a la no repetición de la violencia armada. Debemos impedir la violencia cotidiana, la violencia en el juzgamiento de la individualidad ajena. 

El cambio cultural es una pieza clave en la construcción de comunidades verdaderamente democráticas. No se puede superar la violencia sin museos, sin conciertos, sin nuevas formas de hacer arte. Y esto incluye nuevas formas de entender el cuerpo transgenerista, nuevas maneras de entender las prácticas artísticas y estéticas de lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. Tejedoras, floristas, artesanas y artesanos, cantantes, peluqueras, grafiteras y grafiteros. La cultura es para todas las personas. 

*Antropólogo y activista LGBTI.

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