A ocho años de la Ley del Cine vale la pena preguntarse si los espectadores colombianos están interesados en el cine nacional.

Tanteo y error

No puede discutirse con los números: cada año se producen y se estrenan más películas colombianas y cada año más largometrajes nacionales llegan a los principales festivales del mundo. Es hora, sin embargo, de hacerse una pregunta: ¿está llegando el cine nacional a los espectadores del país?

2010/03/03

Por Luis Fernando Afanador

Si un desprevenido cinéfilo lee la cartilla que Proimágenes en Movimiento y el Ministerio de Cultura publicaron para la Semana del Cine Colombiano (octubre y noviembre de 2010), quedará muy optimista con la situación de nuestro cine: 10 películas por año, 1.900.000 espectadores, 38 ?mil millones de pesos en estímulos y programas apoyados,?inversiones y donaciones por 48.630 millones en 70 proyectos y 106 premios en cerca de 40 festivales. El desprevenido cinéfilo se pondría muy contento y, luego de brindar con sus amigos cinéfilos, se acostaría pensando: “Qué boyante y floreciente industria tenemos, qué bien va el cine nacional”. Pero no es así. Si al otro día, después de la euforia y la celebración, tuviera la oportunidad de tomarse un café con el director de cine Felipe Aljure y escuchar pacientemente sus autorizadas opiniones, aterrizaría en otra realidad: “Comparto muy poco las ejecuciones de la Ley del Cine de 2003. Creo que los encargados de ejecutarla tienen una mirada muy cortoplacista que no interpreta las necesidades del público y tampoco de la gente que hace cine”.

 Felipe Aljure participó en el equipo que gestó la ley de cultura que le dio origen al Ministerio de Cultura en 1997 y, de hecho, fue su primer director de Cinematografía. Varios años de discusiones se concretaron en cuatro artículos que establecieron la hoja de ruta: hay que construir una cinematografía propia “que preserve la pureza del ADN nacional” y hay que reconocer la deficiencia de un mercado que obliga al Estado a proteger el cine colombiano. Las experiencias desastrosas del pasado, el despilfarro, la ineficiencia y el amiguismo en que se había convertido Focine y que había puesto al gremio en la picota pública, los hicieron pensar en la necesidad de crear un Fondo de Fomento mixto, en el que participaran directamente los diferentes eslabones de la cadena del cine: directores, productores, exhibidores, distribuidores, academia y Gobierno. Un ente competente que trabajara a largo plazo y fuera del vaivén de la política y de los caprichos de los funcionarios de turno. Y, para evitar las suspicacias y las subjetividades a la hora de asignar los recursos, un sistema claro de convocatorias, que iban de lo regional a lo nacional y en un sistema ascendente en el que los participantes hacían carrera desde el corto hasta el largometraje. En gran medida, todo esto fue recogido en la celebrada ley 814 de 2003, la Ley del Cine: un Fondo autónomo para manejar importantes recursos parafiscales, Proimágenes; una representatividad del sector, el Consejo Nacional del Cine. Aunque, a juicio de Aljure, la ley quedó coja. Si bien se creó un aliciente para los inversionistas —recuperar casi el 50% de su inversión vía deducción de impuestos— se excluyó a los productores. O, peor, se les impuso un camino más tortuoso: obtener los recursos a través de una premiación que, sin entrar a calificar la calidad de los jurados, siempre será discutible. E irónico: “Cien años tratando de hacer un cine propio para tener que ser ratificado por una mirada extranjera. Primero por unos jurados; luego por unos festivales”. Y algo todavía más peligroso: mediante ese procedimiento se les ha hecho creer a los inversionistas que el aval del jurado es un certificado de éxito. Y no ha sido así. Porque no puede serlo: en cualquier país el negocio del cine es riesgoso: de ocho películas, funcionan dos. Hay que fracasar y volver a intentar, en un juego de tanteo y error. Lo que había que hacer, planteó en su momento Aljure, era minimizar esa pérdida, titularizando las inversiones y llevándolas a la bolsa: no una persona que pusiera 600 millones sino 600 que pusieran un millón. “La doctrina Melo nunca quiso entender eso”. En fin, un modelo pequeño, a corto plazo, lleno de limitaciones —solo se pueden invertir hasta tres mil millones— y reglamentaciones que han espantado a los inversionistas: sólo quedan, por inercia, los canales privados. “La burbuja creativa quedó atrapada en una escafandra”.

 

El desprevenido cinéfilo queda confundido, ante semejantes declaraciones, y entonces consulta otras opiniones. La de un veterano exhibidor: “En el modelo actual hay un desbalance en contra de la industria. Se premian películas festivaleras, que llevan poco público. El grueso del estímulo, que es el de producción, nunca es para películas taquilleras. Estas reciben muy poco apoyo, pero eso sí, son las primeras en ser citadas para las estadísticas de espectadores de películas colombianas”. No estamos haciendo industria. ¿Se justifica tanta plata para un premio de fotografía en Cannes?".

 

El cinéfilo consulta, acto seguido, a un crítico y profesor de cine, Pedro Adrián Zuluaga: “Nadie está asfixiando ninguna burbuja creativa”. Lo que vemos es lo que tenemos: un puñado de buenos directores y películas colombianas que han sido posibles gracias a la Ley del Cine. Y a él sí le parece importante tener una legitimación internacional. Que actualmente no es tanta como se dice: el cine colombiano todavía no es visible internacionalmente. Y agrega una interesante reflexión: ¿para qué hacer más películas que no van a tener distribución? Porque la industria del cine hay que verla en conjunto y la distribución y la formación de públicos son los aspectos críticos que deben fortalecerse.

 

Y para terminar, el espectador acude, faltaba más, a la mismísima directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura, Adelfa Martínez: ella considera que ha sido inteligente y serio apostarle a una industria pequeña pero sólida y haber ido afianzando, sin afanes, una cinematografía colombiana. “Es mejor ser cautos. Además, exceptuando Hollywood y la India, ¿puede hablarse de grandes industrias”. Reconoce, desde luego, los difíciles problemas de distribución y formación de públicos. Ese es precisamente el reto de la nueva Ministra de Cultura: llevar el cine colombiano a donde nunca ha llegado. Vale decir, a la mayoría del país.

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