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El largo camino del corto

¿Por qué los espectadores tienen que soportar los cortos regulares que se proyectan en las salas de cine del país? Una mirada a la ley de cine y la forma como los distribuidores se burlan de ella.

2015/12/11

Por Revista Arcadia

Si usted asiste al cine con cierta frecuencia se preguntará, una y otra vez, con obsesivo agotamiento, por qué casi ninguno de los cortometrajes colombianos que ve antes de las funciones tienen algo rescatable. En general, se trata de piezas de pobre concepción, con paisajes acartonados o viajes a parajes nacionales con argumentos obvios y desconectados del buen cine colombiano que se está haciendo en la actualidad. Estas piezas, filmadas con cámaras de poca resolución y con locuciones en off propias de un programa de variedades de los años ochenta, son un verdadero suplicio. Pero, además, si usted es un cinéfilo y va a las salas comerciales más de una vez cada 15 días tiene la obligación de verlos como una pesadilla recurrente. Y aunque una y otra vez se ha señalado la pobreza de contenidos de nuestros cortometrajes, parece que nada hay por hacer, a menos que se revise la Ley del Cine, o se sigan fortaleciendo festivales como Bogoshorts, quizá la plataforma más profesional para el corto colombiano cuyo festival se realiza del 9 al 14 de diciembre.

En 2003, la Ley 814 reactivó la industria y gracias a ella hoy se producen películas en Colombia de una inobjetable calidad. Dicha ley, que en general es muy buena, sin embargo, incluyó algunos artículos que hoy merecerían ser revaluados en su fondo más que en su forma. Uno de ellos, el número 15, se refiere a los cortometrajes. Dice el artículo: “Los exhibidores cinematográficos podrán descontar directamente en beneficio de la actividad de exhibición en seis punto veinticinco (6.25) puntos porcentuales la contribución a su cargo cuando exhiban cortometrajes colombianos certificados como tales, de conformidad con las normas sobre la materia”. La norma establece que un corto en Colombia es una película de mínimo siete minutos de duración, y que para apoyar la producción de lo que muchos consideran un género de iniciación, se estimula a los exhibidores a que emitan cortometrajes nacionales en su parrilla tradicional durante al menos 15 días seguidos de manera bimestral. Hasta allí todo muy bien. Por si fuera poco, los exhibidores que elijan este formato con el cual el país ganó una Palma de Oro en el Festival de Cannes con Leidi, de Simón Mesa, tienen una rebaja en el dinero que se destina al Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC). Si hiciéramos cuentas, se les dijo a los exhibidores que del 8,5 % que debían entregar al FDC, se les descuenta un 6,5 % si proyectan cortos con la condición de que estos sean de menor o igual calificación de edad a la de los estrenos.

Pero hecha la ley, hecha la burla. Los exhibidores pensaron que para programar cortos de igual o menor calificación a la de los largos que exhibían debían adecuarse a una visión impoluta de la vida. Y como en un día podían tener desde las 11:00 de la mañana películas que respondieran a todos los espectros de la audiencia —todos, 12 o 18 años—, debían elegir cortometrajes “transparentes”, como son llamados estos subproductos televisivos que aburren a la audiencia.

Desde entonces, se hizo una especie de pacto tácito que habría que comenzar a replantear, pues de los casi 200 cortos que se producen anualmente en el país, menos del 1 % se proyecta en salas. Al no encontrar las características que estaban buscando en el mercado —duración y clasificación—, los exhibidores idearon la manera de “comprar” por adelantado sus cortometrajes, basados en guiones que debían ceñirse a temáticas no solo aptas para todo público sino, en general, condescendientes con la audiencia a la que no se busca distraer de su verdadero objetivo, que es la película para la cual compraron la boleta.

Todo esto ha desviado la atención sobre un formato que no solo le ha dado triunfos a la industria internacionalmente, sino que ha desconocido decenas de películas de los directores que hoy se han ganado la admiración de los cinéfilos. Películas de corta duración como La cerca, de Rubén Mendoza, Marina, la esposa del pescador, de Carlos Hernández, o Rodri, de Franco Lolli, quedaron como obras fantasmas solo vistas por expertos: el gran público no merece conocer cuáles son los orígenes de nuestros realizadores. A menos que sea en festivales tan serios y perseverantes como Bogoshorts, que de la mano de Jaime Manrique lleva casi los mismos 12 años —desde los tiempos de InVitro Visual— promoviendo el corto en Colombia.

El perverso experimento de que los exhibidores se vuelvan productores o censores ha producido verdaderos engendros. Es conocida en el medio la historia de Retratos, un estupendo corto de Iván Gaona, que muchos han visto y en el cual aparece una pareja campesina jugando con una cámara de fotografía, cuya versión comercial no corresponde a la de su versión original. O aquella de Marina, la esposa del pescador, que jamás se emitió por una escena en la cual se desollaban pescados, pues dicho contenido podía atentar contra el público.

Es mucho lo que ha avanzado el cine colombiano 12 años después de promulgada la ley. Pero es un hecho ineludible que el largo camino que deben recorrer los cortometrajes colombianos no les hace justicia a los cientos de personas que están apostando por contar historias que honren nuestra inteligencia y diversidad y no se limiten a mostrar con candidez tramas políticamente correctos. Temas como el de aquel corto estrenado este año en el que el amor de un niño por una niña en una librería no despertaba el amor por la lectura sino un larguísimo bostezo en un público que necesita convencerse de la calidad de nuestro cine. No es un mal negocio formar espectadores: si los cortos tienen calidad, de seguro miles de personas irán con más regularidad a ver los buenos largos colombianos que nos trajo este año que termina.

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