Público del concierto de los Red Hot Chili Peppers en Melbourne.

Ahora sí puede venir U2 a Colombia

Se aprobó la Ley de Espectáculos y con esta se desataron los nudos administrativos y financieros que hacían tan compleja la realización de eventos culturales en el país. Adelantamos un artículo sobre el tema, escrito hace unos días para la edición impresa.

2011/12/16

Por Yeniter Poleo

Ozzy Osbourne pidió una habitación con cojines, sábanas y muebles negros. Britney Spears, lo opuesto: un cuarto insonorizado donde todo fuera blanco y luciera lindas velitas con aroma a vainilla. Hay quien quiere diez escoltas, existen rockeros vegetarianos, raperos que se antojan de un restaurante portátil, merengueros que solicitan camionetas blindadas, una que solo toma champaña, otro que solo bebe agua de lujo extraída de un sanísimo manantial en Fiji. En este punto, lo normal es la extravagancia; sin embargo, cuando una estrella decía que sí daría su concierto en Colombia no eran estas rarezas las que ensombrecían el firmamento del empresario o de la productora, sino el pedestre camino hacia la obtención de casi veinte permisos, una feroz carga impositiva y el pago millonario por derechos de autor. Ya entrados en gastos, se iniciaba una carrera contrarreloj para completar carpetas y sobres dirigidos a una u otra instancia, en un círculo de desazón que se agudizaba durante las horas previas al evento mientras se alargaban las filas del público inocente, entusiasta, y el equipo organizador aún no sabía, aún aguardaba, aún creía que recibiría las últimas firmas y sellos oficiales que se necesitaban para abrir las puertas del espectáculo.

Así se vivió el año pasado cuando siete mil fans de los Jonas Brothers aguardaban para entrar al parque Simón Bolívar y la policía exigía un permiso que la empresa promotora alegaba que ya había entregado. Pasó en noviembre cuando Sayco exigió un monto que el promotor del concierto de Aerosmith pidió que le permitieran pagar después. Le ocurrió a quienes trajeron al Dj David Guetta, que estuvo horas esperando en un restaurante de Bogotá mientras el empresario y la Secretaría de Gobierno discutían si había o no concierto. Y no hubo. Esa incertidumbre, con o sin final feliz, es la historia que se repetía periódicamente dentro del ámbito de las artes escénicas en el país (teatro, conciertos, danza, ópera, títeres, circo y hasta magia), a la cual el Ministerio de Cultura buscó finiquitar con un proyecto de ley para la Formalización del Espectáculo Público, documento de once páginas y veintinueve artículos que el Congreso aprobó.

Para grandes y pequeños

Esta no es la primera vez que se trata el tema. En marzo de 2009 la entonces ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, llevó al Congreso un proyecto sobre Espectáculos Públicos cuyo contenido tenía las mismas intenciones que el actual, pero que murió en el intento; sobre eso hay diferentes versiones: la ex ministra Moreno señala que el congresista Venus Albeiro Silva “intentó incluirle más temas y obstaculizó su trámite, lo que implicó que se condicionara el aval de Hacienda e instancias como las alcaldías”; el asesor de Mincultura, Manuel José Álvarez, que ha sido parte de la formulación de la actual propuesta en estudio, afirma que la hoy ministra Mariana Garcés lo retiró del debate parlamentario al asumir el cargo “porque tenía defectos de forma”. Y el actual presidente de la Cámara, Simón Gaviria (quien también respaldó el proyecto en 2009), dice que fue Moreno quien lo retiró porque las exigencias, en efecto, pusieron en peligro los avales obtenidos; para él, sin embargo, lo que más afectó fueron “las votaciones sobre la reelección, que hicieron perder hasta doce plenarias”.

El espíritu que pervive en este segundo lance busca, en primer término, reducir el papeleo que incluye solicitar permisos a una larga lista de instituciones como Fopae, Policía, Bomberos, secretarías de Ambiente, Salud, Hacienda, Gobierno y Movilidad, entre otras; en segundo, atenuar el pago de tributos como el Impuesto del Fondo de Pobres (10%, solo en Bogotá), Impuesto Nacional sobre Espectáculos Públicos destinado desde 1967 al financiamiento del deporte (10%), más el Impuesto sobre la Renta e IVA. “Yo que soy gestora cultural, que estoy haciendo país, contratando gente, que tengo que pagar esos impuestos absurdos cada vez que presentamos una obra, me siento feliz. Cuando estamos de gira hay que resolver en cada ciudad problemas distintos con los permisos porque cada quien ve la ley como le parece”, refiere Alejandra Borrero, directora de Casa Ensamble. La multiplicidad de requisitos técnicos a veces se repite en una y otra entidad. “Para el Festival hay que contratar un staff dedicado solo a tramitar permisología. En la edición pasada, para presentar Carillon en la plaza de toros nos pidieron hasta un estudio de suelos”, añade William Cruz, presidente de la junta directiva del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro.

Cada vez que se presenta un montaje o concierto en un escenario se deben iniciar los trámites desde cero, proceso que toma de cuatro a seis semanas, “aunque a veces los permisos los terminan dando el último día”, recuerda Ricardo Leyva, quien padeció el drama para presentar a Aerosmith. La expectativa de quienes invierten, por ejemplo, en teatro es que una obra dé lo suficiente para realizar la próxima, “pero en Colombia cuando alguien decide de manera noble y llena de amor producir algo, lo hace y queda muy pobre, por eso surgen cosas maravillosas y vuelven a desaparecer”, dice Borrero. Sobre eso, Simón Gaviria enfatiza que esta propuesta de ley dará continuidad y formalizará al sector pues se reducirán los costos y se plantearán reglas claras de juego: “El espectáculo público se ha visto como un tema de élites, de allí las tasas de contribución supremamente altas que se le exigen. Se busca corregir la contribución del sector. No se trata de acabar con esos impuestos sino de desgravar las artes escénicas: ¿Qué gracia tiene irle a cobrar tributos a un pequeño teatro que no tiene ni para pagar sus propios gastos?”.

Resta simple

“Todos los impuestos desaparecen. Solo habrá una tasa cultural equivalente a 10% de las boletas cuyo valor individual sea igual o superior a tres UVT (75 mil pesos), que será administrada por el Ministerio de Cultura. Este creará un Comité de Espectáculos Públicos que determinará cómo se ejecutarán los recursos bajo la directriz de invertir en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura de los escenarios. Así, si Bogotá aporta 40% a ese fondo, esa es la cantidad que se le asignará para este tipo de obras”, explica Manuel José Álvarez, portavoz ministerial. En este sentido, el proyecto de ley busca atender los múltiples reclamos sobre los nuevos y modernos espacios que requieren las diferentes ciudades del país para ofrecer espectáculos de mayor alcance. “Necesitamos una ley moderna que estimule la industria y acabe con la informalidad”, clama Juan Pablo Ospina, el promotor de eventos que perdió 1600 millones de pesos cuando le suspendieron la presentación de Guetta debido a la precariedad del local. Lo refrendan quienes saben que el estadio El Campín está vedado y que tanto U2 como Paul McCartney se han negado a visitar el país porque no hay tarima que les ofrezca las condiciones técnicas que requieren.

Al respecto, Álvarez recalca otro propósito del proyecto de ley: si se invierte en la construcción o mejoras de escenarios públicos, habrá un deducible de 100% del Impuesto sobre la Renta por ese concepto. En cuanto a los trámites, se plantea “un permiso bianual por espacio habilitado”, esto es, que las autorizaciones se otorgarán al escenario, independientemente de cuántos espectáculos ofrezca, siempre que cumpla con los requisitos de ley. De este modo, agrega, “también se disminuyen costos, porque se reducirán a cuatro los veintitrés permisos que hoy se tramitan y se procesarán en una ventanilla única que deberá crear cada capital de departamento. Si bajan los impuestos y los trámites, tiene que bajar el precio de las boletas, es la ley de mercado”. “La nueva ley nos permitirá racionalizar los procesos que tenemos que soportar para llevar a escena una obra. Colombia es uno de los pocos países que grava la actividad cultural; es pedirle al Estado que si no nos da, por lo menos no nos quite”, asevera William Cruz. “Esa ley es lo mejor que le puede pasar al país. La retención a la fuente para artistas extranjeros está en 33% y la idea es bajarla a 8%. Así se va a acabar la evasión de impuestos y al final quien gane será quien compre la boleta”, afirma Ricardo Leyva.

Todo incluido

Afirman que esta vez el proyecto de ley está blindado, que los errores fueron enmendados, que hubo inclusive mayor socialización dentro del sector: ha llegado al Legislativo con el aval de 170 organizaciones culturales, Ministerio de Hacienda, DIAN y las alcaldías de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. Pero, en particular, porta el inusual apoyo de la Presidencia: “Yo sé que todos los teatros están en rojo”, dijo el jefe de Estado en un acto especial. Por esta razón, la propuesta fue aprobada. La ley soñada, anhelada, aplaudida desde un principio, estaba redactada para aliviar dos aspectos muy complejos del quehacer cultural y de entretenimiento, pero en su formulación original dejaba por fuera un tercero, claramente, el más controversial: el pago por derechos de autor que recibe Sayco-Acinpro, sobre el que se ha debatido sottovoce durante años. Tiempo atrás, un diagnóstico del Centro de Estudios de Desarrollo Económico ya había expresado la necesidad de reflexión: “Se evidencia la no existencia de tarifas transparentes y eficientes de acuerdo al tipo de espectáculo, hecho que merece una revisión (…) Adicionalmente, Sayco-Acinpro actúan de forma independiente, sin el debido control que debe ejercer el Estado para garantizar una efectiva administración de los recursos”.

La inconformidad del sector, que estalló en una polémica a partir de la denuncia pública que hiciera Leyva, iba camino a mantenerse incólume porque el proyecto de ley para Formalización de los Espectáculos Públicos solo dedicaba un genérico párrafo al asunto. Álvarez había explicado el porqué: “Desafortunadamente eso continúa, porque Sayco-Acinpro dependen del Ministerio del Interior. No podemos hacer nada, solo generar un debate para que haya una reglamentación acorde. No tiene mucho sentido, por ejemplo, que yo deba pagar esos derechos si soy autor de mi música. Tampoco se entiende cómo se negocia el monto, por qué varía. Esos intríngulis me causan mucha curiosidad, sobre todo, cuando se cobra dinero por las obras del señor Beethoven o el señor Verdi”.

Cuando Arcadia pidió una entrevista con un vocero de Sayco-Acinpro para incluir la posición institucional sobre las dudas que había en el sector acerca de la administración de recursos, hubo incontables dilaciones. Sustentado ya el escándalo, se indagó si la entidad emitiría un comunicado que pudiera ser incluido en esta investigación y la respuesta fue una pregunta: “¿Eso tiene algún costo?”. Pese a la obvia negativa, fue imposible conocer la postura oficial. Pero la presión pública movió los resortes, incluso del propio ministro del Interior, Germán Vargas, y causó la salida del director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, supervisora de Sayco, que si bien no es la única entidad recaudadora es la de mayor trayectoria, tamaño y poder.

De allí que, pese a las reservas iniciales, el proyecto de ley para la Formalización de los Espectáculos Públicos tuviera que ser ampliado para cobijar este aspecto aunque no le correspondiera proponerlo a Mincultura. Cinco artículos fueron incorporados, a petición del Ministerio del Interior, para establecer un control efectivo sobre las diversas sociedades de gestión y, de hecho, ese despacho se compromete allí a hacer los cambios necesarios en un rango de seis meses. Esto evidencia, sobre todo, una voluntad reanimada de intervenir en un territorio abandonado a un indolente libre albedrío, en el que hace apenas un año el mismo ministro Vargas Lleras y el mismo presidente Santos suscribieron el controversial decreto 3942 de octubre del 2010 que dejó un amplio margen de acción a Sayco-Acinpro para que determinara las tarifas. Hace justo un año también y pese a los señalamientos de siempre, la auditoría correspondiente fue una más, una revisión rutinaria en la que todo aparecía en orden pues el examen “no se dirigió a descubrir fraudes”, aunque sí dejó por escrito el informe que las pruebas habían sido selectivas, por lo que no se aseguraba “la improbabilidad de errores, omisiones o irregularidades”.

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