El exdictador Ríos Montt habla durante su juicio por el genocidio cometido durante su régimen, en Ciudad de Guatemala el 9 de mayo de 2013.

La cola del dragón

El pasado 20 de mayo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia ?que había condenado, diez días antes, al general Ríos Montt por genocidio contra la población maya-ixil?hace 30 años. Mucho se ha debatido el tema en la prensa. Pero ¿qué piensa la población ixil sobre el juicio? El escritor Rodrigo Rey Rosa viaja por la zona de guerra.

2013/06/13

Por Rodrigo Rey Rosa* Ciudad de Guatemala

Pocos días antes de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anulara la sentencia que condenaba a ochenta años de prisión inconmutable al general retirado Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad, leí en un documento del National Security Archive, The Guatemalan Military: What the U.S. Files Reveal, que traduzco a continuación: “A mediados de febrero de 1982 [durante el gobierno de Ronald Reagan] el Ejército guatemalteco reforzó sus fuerzas existentes en el centro del departamento del Quiché y lanzó una operación de arrasamiento en el Triángulo Ixil. Los oficiales al mando de las unidades implicadas han recibido instrucciones de destruir todos los pueblos y aldeas que estén colaborando con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eliminar toda fuente de resistencia (...). Desde que comenzó la operación, varias aldeas han sido totalmente quemadas, y un gran número de guerrilleros y colaboradores han sido muertos. Comentario: Cuando una patrulla del Ejército encuentra resistencia y es objeto de fuego desde un pueblo o una aldea, se presume que toda la población es hostil y luego se la destruye. El Ejército ha encontrado que la mayoría de las aldeas han sido abandonadas antes de la llegada de las fuerzas militares. Se supone que una aldea vacía ha colaborado con el EGP y se la destruye. Hay cientos, y posiblemente miles, de refugiados en las montañas sin casas adonde regresar. El alto mando del Ejército está sumamente complacido con los resultados iniciales de la operación de arrasamiento (...). Hasta el momento, el Ejército no ha encontrado ninguna fuerza guerrillera importante en el área”.

El pueblo maya-ixil, que habita la remota y montañosa región del norte del departamento del Quiché, en el noroccidente de Guatemala, fue considerado desde tiempos de la colonia española como uno de los más aguerridos y menos penetrables del territorio mesoamericano. En el siglo XX, los ixiles sufrieron un despiadado sometimiento económico, y para complementar los escasos ingresos producto de sus siembras de maíz y fríjol, las mujeres menos pobres viajaban (y siguen viajando) al mercado de Chichicastenango o a centros turísticos como La Antigua o Panajachel para comerciar con sus extraordinarios textiles -los que, debido al aislamiento en que los ixiles se mantuvieron durante siglos, han conservado hasta hoy en día una pureza y originalidad que los diferencian de los de sus vecinos menos apartados- mientras los hombres hacían (y siguen haciendo) masivas migraciones laborales a las plantaciones latifundistas de la volcánica costa del Pacífico. Conocida como La Costa Reina, uno de los lugares más fértiles del planeta, esta franja de tierra pertenece a finqueros ladinos de la conservadora clase alta, que hoy por hoy merece más bien la calificación de reaccionaria. Como recolectores de las cosechas de café, caña o algodón de los grandes terratenientes, los ixiles, junto con miembros de otras etnias mayas, han constituido una fuerza laboral de gran importancia para la economía nacional, y han sido explotados de forma sistemática por medio de prácticas esclavistas.

Hacia 1973, durante el conflicto armado interno guatemalteco que empezó en 1960 y terminó en 1996 y en el que murieron unas doscientas mil personas, las fuerzas revolucionarias eligieron al pueblo ixil como aliado natural contra una serie de dictaduras militares que se perpetuaban en el poder para proteger los intereses del capital extranjero y de la oligarquía local y consiguieron embarcar a un gran número de miembros de la etnia ixil en un movimiento social de corte marxista que -aunque pudo parecer prometedor en el contexto de otras guerras revolucionarias que lograron victorias significativas y mejoras políticas en esa década, como las de Nicaragua y El Salvador- estaba, en el caso guatemalteco, condenado al fracaso. La reacción por parte del Gobierno de Guatemala a principios de los años ochenta convirtió al territorio ixil en escenario de una de las represiones militares más crueles de la historia centroamericana.

El pasado 19 de marzo se inició en la Ciudad de Guatemala un juicio penal sin precedentes: José Efraín Ríos Montt -que además de general de las Fuerzas Armadas era pastor evangélico y llegó al poder (“con la Biblia en una mano y una metralleta en la otra”) mediante un golpe de Estado a otro general- y su director de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se sentaron en el banquillo de los acusados para oír los cargos presentados en su contra por genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos en tierra ixil durante los años de 1982 y 83. La tesis de la acusación era que entre 1982 y 1983 -los años en que los exgenerales procesados eran jefes de Estado- “hubo una campaña de exterminio que eliminó al 33.61 por ciento de la etnia maya-ixil”, que en ese entonces sumaba unas ochenta y cinco mil personas. Algunos de los casos de matanzas y violaciones de los derechos humanos investigados por antropólogos forenses han resultado paradigmáticos por la crueldad y saña con que las víctimas fueron ejecutadas. Entre los testimonios de los sobrevivientes ixiles, los generales acusados tuvieron que oír el de Julio Belasco, que contó haber visto a un grupo de soldados que jugaban fútbol con la cabeza de una anciana. Como dijo en una entrevista reciente Clyde Snow, pionero de la antropología forense: “Vimos cosas parecidas en El Salvador, en Bosnia y en Iraq, cuando Saddam Hussein mandaba a asesinar por entero pueblos de kurdos. Pero es en Guatemala, durante el trabajo que hemos realizado, donde más casos de atrocidades hemos visto”.

Mientras tanto, en los medios de comunicación se libró una guerra abierta entre quienes pretendían que el juicio fuera definitivamente anulado -que constituían la gran mayoría de los columnistas de prensa, que representan la opinión de los sectores más poderosos y conservadores del país- y quienes esperaban que el juicio continuara.

Uno de los argumentos esgrimido por varios columnistas, y por los abogados defensores del General, era una maravillosa muestra de cinismo. “No hubo genocidio -alegaban-. Eso fue una matanza de indios contra indios”. Las tropas del Ejército nacional en la década de los ochenta -es verdad- estaban compuestas en su mayoría por guatemaltecos de origen indígena. Lo que no se decía, aunque es igualmente cierto, es que estas tropas eran producto de reclutamientos forzosos llevados a cabo de forma ilegal por orden militar.

Un argumento más, que es revelador de una falta de sensibilidad por el sufrimiento ajeno que solo puede explicarse mediante la tesis del “racismo sistémico” del que padece Guatemala, es que las víctimas no combatientes (mujeres, ancianos y menores de edad) murieron “en el fragor de la batalla”. Pero la Fiscalía presentó numerosas pruebas forenses para demostrar que la mayoría de estas víctimas fueron ejecutadas.

Tres semanas antes de que terminara el histórico juicio, después de obtener en la Ciudad de Guatemala una entrevista con un sacerdote extranjero que vivió en Chajul durante los años más intensos del enfrentamiento armado y que ha sido crítico tanto de la propia iglesia católica como de las evangélicas y pentecostales, de la guerrilla y del Ejército (“Derecha e izquierda -me dice- querían proletarizar al pueblo, romper su cultura, sus valores”), decidí hacer un viaje por tierra al país ixil. El paisaje del altiplano guatemalteco estaba, a finales de abril, sumido en un vasto baño neblinoso. Los pueblos de Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché, sin la actividad febril de los días de mercado, parecían solamente sucios y caóticos, víctimas de la proliferante fealdad de nuestra era. Las vallas publicitarias y las abigarradas construcciones modernas de cemento y lámina, más que la espesa bruma, estropeaban el paisaje, un paisaje de campos de maíz quemados por el hombre o dorados por el sol. En la calurosa y adormilada Sacapulas, sobre la cabeza del valle semidesértico del Río Negro -que el día de mi visita no era más que un hilo de agua color café que se retorcía como una riata en medio del cauce seco y pedregoso- me detuve a estirar las piernas. Flanqueada por los palacios de la Policía y la Municipalidad, la iglesia colonial, blanca y con alto techo de tejas, ofrece el único atractivo del antiguo pueblo ladino, donde el padre Las Casas empezó a redactar su profético libro, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Salvo por una mujer en traje quiché que salmodiaba en su lengua, y que, arrodillada frente al altar mayor, encendía una vela tras otra, el templo estaba vacío. Las estatuas de madera carcomida de madonas y cristos a ambos lados de la nave tenían la belleza sencilla de las cosas alejadas del mundo, y el olor del incienso estaba en el aire. En el parque, después de un día de escuela, grupos de niños mestizos con uniformes grises y azul marino y mochilas de cuero falso deambulaban alrededor de una ceiba enorme.

Más allá de Sacapulas el camino comienza a subir una empinada montaña, cuyos ganchos cerradísimos sobre precipicios sin fondo visible hacen pensar en Machu Pichu. Envueltos en la neblina, los árboles que flanquean el camino, contorneados misteriosamente por los vientos, eran delicadas figuras de tinta china trazadas sobre el aire gris. Pasando el cruce donde el camino se bifurca -a la derecha y montaña abajo, Cunén, pueblo quiché; a la izquierda, cuesta arriba, Nebaj y el país ixil-, el carro en el que iba salió de pronto del lechoso mar de niebla. La luna creciente, muy fina y luminosa, apareció en un cielo cristalino, sobre el que se recortaba la sierra zigzagueante. A lo lejos, en el fondo de un valle poblado de grandes árboles, estaba Nebaj.

Los niños ixiles, con sus coloridos trajes en los que predominan los rojos más intensos, ya no salen disparados a esconderse al lado de los caminos al ver un carro extraño que se aproxima, como lo hacían todavía a mitad de los años noventa; los caminos, que antes eran de piedra y polvo, hoy son de asfalto, y los niños saludan o se acercan para ofrecer a la venta flores o artesanías.

Otras cosas además de los caminos han cambiado en la región: en las afueras de Nebaj -el pueblo más grande de los tres que forman el denominado (por los militares) Triángulo Ixil- hay dos o tres night clubs cuyas luces de neón anuncian bailarinas de table. Aunque los templos evangélicos siguen proliferando en las aldeas, las iglesias católicas han dejado de ser centros de operaciones militares, después de que, durante la guerra, sus campanarios sirvieran como atalayas para francotiradores.?Después de cenar un reconfortante caldo de gallina en el hotel Villa Nebaj, llamé por teléfono a una de las personas que el antiguo párroco de Chajul me había sugerido contactar para obtener información de primera mano, un colaborador de La Voz de Nebaj, la estación de radio perteneciente a la parroquia de Santa María. Don Ceferino me recibió a la mañana siguiente en la sede de la radio, que está al lado de la iglesia parroquial. Es un hombre alto y delgado, de tez clara y pelo ligeramente rizado, con una voz suave y agradable y el modo cortés y formal de la mayoría de los guatemaltecos del campo. Me preguntó para qué quería entrevistarlo. Cuando, después de explicar que estaba escribiendo un artículo acerca del juicio contra Ríos Montt por el genocidio ixil, me dijo que le alegraba saberlo.

Campesino no ixil, don Ceferino no había logrado sustraerse a la violencia de Estado desencadenada durante los años del conflicto: siete miembros de su familia habían muerto a manos del Ejército entre 1982 y 1983. Igual que miles de campesinos ixiles, canjobales y quichés que sobrevivieron a las primeras matanzas, él y su familia habían huido de su aldea para refugiarse en las montañas, y se hicieron miembros de las Comunidades de Población en Resistencia. Vivieron en una fuga constante y acosados por el hambre y las enfermedades entre 1983 y 1996, eludiendo a las unidades del Ejército y a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, versión guatemalteca de las fuerzas paramilitares) creadas durante el gobierno de Ríos Montt.

Quienes habían iniciado las diligencias para enjuiciar a los generales -me contó- habían sido, primero, Rigoberta Menchú, y luego los miembros del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que establecieron contacto con sobrevivientes de las masacres y los desplazamientos masivos ocurridos durante los gobiernos de Lucas García y Ríos Montt. Había sido un proceso largo, porque durante mucho tiempo la gente se negó a hablar del pasado: “No hay que tocarle la cola al dragón”, decían. Pero cuando lograron sobreponerse al miedo se produjo una cascada de testimonios. Las exhumaciones de víctimas, que comenzaron en el año 2000, pasaron a formar parte de las pruebas que la Fiscalía presentó contra los generales. La parroquia de Santa María Nebaj, de la que don Ceferino es un miembro prominente, trabajó con veintidós comunidades durante dos años; un equipo de la diócesis desenterró ciento veinte cadáveres.

“Nos sentimos traicionados por los dos, la guerrilla y el gobierno”, me dijo un poco más tarde un hombre que vestía el traje ixil, el sombrero y morral tradicionales, con quien crucé algunas palabras en El Descanso, un pequeño café en el centro de Santa María Nebaj, antes de emprender el viaje a Cotzal y Chajul. Sentado en un sofá, inclinado sobre una mesa baja, él escuchaba noticias en un pequeño radio de onda corta que tenía pegado a un oído, mientras leía una columna de Prensa Libre deslizando el índice sobre las líneas, cuando lo interrumpí para preguntarle qué pensaba acerca del famoso juicio. “Pero hay dos corrientes distintas -continuó-. Hay mucha gente aquí que cree que en cierto modo Ríos Montt trajo la paz. Y no dejan de tener razón...”.

En efecto, la táctica contrainsurgente de tierra arrasada, importada de Vietnam, fue iniciada a principios de los años ochenta por el gobierno de Romeo Lucas García, depuesto del poder a mediados de marzo del 82. “Pero olvidan las masacres que cometieron sus soldados, que continuaron cuando él ya había dado su golpe, en nombre de Dios, ¿no? Luego estableció el control militar. Se formaron las PAC y todo eso. Los soldados dejaron de matar. O ya no mataban tanto, mejor dicho. Y eso es lo que recuerda la gente. Y es por eso que él, Ríos, o su partido, ganó aquí las elecciones presidenciales y municipales hace unos años. Algunos, pero no todos, ni mucho menos, están en desacuerdo con el juicio que le han abierto. Pero yo creo que es también una cuestión de ideología. No hay que olvidar que casi todos los sobrevivientes tuvieron, a la fuerza, que formar parte de las PAC. Les dieron lo que llamaban una terapia intensiva. Los militarizaron. Les lavaron el cerebro, y ellos, convertidos en patrulleros, mataron y torturaron y a veces aprovecharon para robar animales y tierras a las víctimas. Los que se vieron involucrados activamente, es decir, los que delataron o mataron y robaron, tampoco quieren que se busque justicia. Se sienten parte de. Niegan que hubo genocidio no porque crean que no lo hubo, sino por temor. Temen ser alcanzados también por esa justicia”.

Le pregunto dónde estaba él durante ese tiempo. “Soy un sobreviviente -me dijo-. Logré escapar y viví casi dieciséis años escondido en las montañas. No quedó ni una sola de las veintitantas aldeas del municipio de Nebaj; solo quedó el casco urbano. Mire la iglesia, la convirtieron en cuartel. En Chajul y otros lugares -agregó- vistieron a Cristo y a los santos de la Iglesia con uniformes de kaibil”.

¿Qué opinión tiene usted de la guerrilla?, le pregunto.

“Hicieron propaganda armada en las comunidades -dice-. Llegaban un día de mercado y reunían a toda la gente. Les explicaban en ixil y en castellano por qué estaban allí. Necesitaban una fuerza armada. Entendimos que había que hacer la lucha, pero no queríamos ser militantes. Hubo un caso en Xacalté, donde la guerrilla masacró a casi toda la aldea porque no quería colaborar. La guerrilla mató como lo hacía el Ejército, sin ningún juicio de por medio. Pero sobre todo, cuando el Ejército comenzó a reaccionar, la guerrilla desa-?pareció, y dejaron que la población recibiera toda la violencia. Ellos se escondieron. De vez en cuando la guerrilla hacía algún ataque desde lejos; le disparaban a una patrulla a una distancia de, digamos, quinientos metros, y volvían a esconderse”.

¿Hay algún ixil en particular que esté en la memoria de la gente como símbolo?, quiero saber.

“No. En la memoria lo que está es el fracaso. Y los mártires”.

Luego vino la firma de la paz. “Con eso entendimos que los comandantes (del EGP) lo que querían era poder personal. Cada uno agarró por su lado, se metieron a toda clase de partidos políticos, incluso de extrema derecha. Ninguno hizo nada por nosotros. Hoy, proliferan las ONG. Gastan mucho dinero en estudio tras estudio, pero hay poco desarrollo real. El real más bien lo debemos a la emigración al Norte”.?¿Y qué piensa sobre el juicio

?Sonríe. “Ha costado mucho vencer el miedo. Primero, para desenterrar a los muertos. Luego, para atestiguar. Pero confiamos, tenemos que confiar, en la justicia”.?En un día despejado, como el que hacía cuando lo recorrí, el camino entre Nebaj y Cotzal dejaba ver toda la belleza de un valle por encima de las nubes. El bizarro perfil de las montañas, acentuado por cortinajes de niebla finísima, había sido delineado por un artista de inspiración gaudiesca; la carretera de asfalto negro se ceñía al terreno curvilíneo como un listón. El pueblo de San Juan Cotzal -cabecera del municipio, con treinta y cuatro aldeas y unos treinta y dos mil habitantes- con sus casas de bloque y lámina, no se salva de la fealdad, pese a la antigua plaza con su iglesia colonial. En el claro interior del templo vacío, sin embargo, algo había de sublime. En uno de los altos muros laterales está la foto en sepia de un sacerdote Maryknoll que vivió varios años en el Quiché, muerto en un supuesto accidente cuando sobrevolaba San Juan Cotzal en 1976. Debajo de la foto hay una placa que dice: “No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma”. Rodea la foto y la placa una amplia red hecha de crucecitas de madera negra pegadas al muro blanco, en las que están escritos los nombres y las fechas de nacimiento y muerte de cientos de víctimas caídas en Cotzal. Intento hablar con las hermanas de la parroquia, que son italianas, pero cuando les explico que me interesaría saber qué piensa la gente del pueblo acerca del proceso contra los generales contestan que ellas llegaron hace muy poco a Guatemala y prefieren no hablar de eso. Hay una religiosa guatemalteca entre ellas que sí está dispuesta a conversar.

Llegó a Cotzal de la Ciudad de Guatemala en 1989, cuando la iglesia todavía estaba tomada por los soldados; pero ese mismo año fue recuperada, me cuenta. Tiene malos presentimientos acerca del juicio, que ella espera que siga adelante. Está molesta porque, pese a que los acuerdos de paz de 1996 prohibían la presencia de fuerzas del Ejército en el área, acababan de establecer un destacamento militar en el Centro de Salud. “El alcalde es del PP (el Partido Patriota, cuyo líder es Pérez Molina, nuestro Presidente)”, me dice en un susurro a modo de explicación. Luego se queja de la proliferación de iglesias pentecostales, que han dividido al pueblo. “Hay un gringo que circula por allí casi todos los sábados -me dice-. Regala dinero para la construcción de templos. Del Verbo (la iglesia fundada por Ríos Montt), del Príncipe de Paz, de Los Testigos de Jehová, no importa”. Le pregunto si puede explicarse cómo es que el Partido Patriota, con su líder exmilitar, ganó las elecciones en Cotzal. “No sé -me dice después de un momento-. Pero yo no voté aquí, preferí ir a la capital, donde estoy empadronada. Aquí hay controles sobre la votación. Lo amenazan a uno en las filas. Eso da miedo. Es mejor votar allá, donde el voto sí es secreto. Aquí todos se enteran de todo”. Explica que los dueños de la Finca San Francisco financiaron la campaña del PP, y ahora han obtenido permiso del Gobierno para construir en sus tierras una hidroeléctrica a la que se opone casi todo el pueblo.

En las afueras de Chajul, el pueblo más aislado del llamado triángulo -donde todavía las casas, muy bajas y sin ventanas, son de adobe y teja de barro en lugar de bloques de cemento y lámina-, se ven niños arreando mulas cargadas de leña y tinajas de agua, y sobre los setos y alambrados hay ropa -el rojo sangre de las faldas chajulenses queda grabado en la retina durante algún tiempo- secándose al sol.

La iglesia, que domina el pueblo desde lo alto de una colina con forma de templo maya, recibía de frente el sol del atardecer; parecía que emanaba una luz propia. El interior era más cavernoso que el de la iglesia de Cotzal y tenía un olor a incienso y a cueva que faltaba en la otra. Fueron los santos y el Cristo de este templo los que los militares vistieron con el uniforme verde de los temibles kaibiles, y los que el antiguo párroco, so riesgo de muerte, desnudó o mandó desnudar.?En el patio parroquial había mucha actividad. Un grupo de mujeres de la Asociación Chajulense escuchaban una charla en ixil dada por un joven catequista, mientras que un puñado de niños corría alrededor de una pila sin agua, y los sinsontes y otros pájaros alborotaban en las ramas de un añoso San Juan de flores amarillas. El padre Santos Pérez, con quien yo quería hablar, estaba en la capital durante aquellos días, me informaron. Pero una mujer tzutuhil, proveniente de Sololá, que vivía desde hacía unos años en Chajul, me invitó a tomar una taza de café en la casa parroquial.?Se sentía un poco decepcionada por la gente de Chajul, sobre todo de los jóvenes, que no se interesaban por el juicio. “Como si no tuviera nada que ver con su futuro”, me dijo. Me contó que a su padre lo habían matado los soldados en Santiago Atitlán, otro pueblo con fama de aguerrido, a finales de los setenta. Era también huérfana de madre; un sacerdote franciscano la había criado. “¿Sabe lo que me decía? Cuando los de abajo se mueven, tiemblan los de arriba. Es lo que está pasando ahora”.?Cuando emprendí el regreso a Nebaj llamé a Ana Tz. (“contadora de los días”, alcaldesa y sacerdotisa ixil) cuyas señas me había proporcionado un fotógrafo que vivió allí algunos años. Después de que nos presentáramos me preguntó qué clase de vehículo manejaba. “Un Toyota”, le dije.?“¿No es un pick-up?”.

Lo negué; le pregunté por qué quería saberlo.

“Por nada, pero es una lástima -me dijo-. Estoy aquí en el cruce entre Cotzal y Chajul, con una carga de leña, y pensé que usted podría ayudarme. No se preocupe. Yo me las arreglo. Lo busco a la noche en su hotel en Nebaj. A ver si me dejan pasar -se rió- que yo siempre ando de traje, y en ese hotel, que es para turistas, pues no sé...”.

Ana Tz. parece, como dicen, llena de vida. Nos sentamos en la terraza del hotel, donde al principio es evidente que se siente un poco incómoda. Bromea al respecto, y pronto da muestras de estar a sus anchas. Había sido -una semana antes- testigo para la fiscalía en el famoso juicio; de niña vio cómo un grupo de soldados quemaron su vivienda y mataron a su hermanito de treinta días. Guía espiritual de su pueblo -me explica-, no es ni católica ni evangélica. Desde hace años es miembro del Ministerio Indígena, cargo que es en parte hereditario, y ejerce como autoridad legal en conjunto con agentes del Ministerio Público. Parece confiar en que el juicio entablado a Ríos Montt seguirá adelante, aunque es conocedora de la corrupción que padece nuestro sistema judicial. “La justicia puede tardar, pero casi siempre llega”, dice con un tono que no llega a ser pontificador.

Los insertos que el diario ?elPeriódico de Guatemala distribuyó en sus ediciones dominicales durante la última fase del juicio contienen un símbolo revelador. El emblema de la “Fundación contra el Terrorismo” es una balanza que representa la justicia; pero el soporte central de esta balanza no es la convencional varilla, sino una daga militar. El mensaje es claro, y convierte en superflua la lectura del material impreso: el tipo de justicia que los autores del libelo proponen tiene como eje, como alma, la violencia. “La farsa del genocidio en Guatemala; conspiración marxista de la Iglesia católica”; “El delito de genocidio JAMÁS existió en Guatemala”, dicen los titulares de la primera página de la edición del 14 de abril.

El viernes 10 de mayo la jueza Jassmín Barrios anunció durante la audiencia matinal que el tribunal se retiraba a deliberar y se reuniría de nuevo a las cuatro de la tarde. Con una sala que desde las tres estaba llena a rebosar, la sesión de la tarde comenzó puntualmente. Al ingresar los acusados se alzó una ola de abucheos dignos menos de una sala de justicia que de un estadio de fútbol. Pocos minutos después de las cuatro, la jueza Barrios, con voz clara y firme, comenzó a leer una “sentencia sintética” del caso, pese a una serie de protestas vociferadas por García Gudiel, el abogado defensor. Después de establecer el contexto histórico de los crímenes que se habían juzgado, citando los informes de la CEH, del REMHI (el del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica), los informes de los peritos presentados por la fiscalía y los planes militares conocidos como Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Sofía, en los que se identificaba al pueblo ixil como “enemigo interno”, enumeró las formas empleadas para exterminarlo: destrucción total y sistemática de poblados y cosechas; bombardeos desde aviones, avionetas y helicópteros; uso del hambre como estrategia reductora; repoblación militarizada. Citó las fuentes forenses que ratificaban la existencia de cementerios clandestinos y fosas comunes en aldeas como Xel, Tzalbal, Sujsibán, donde los expertos exhumaron cadáveres con heridas mortales en el cráneo, el cuello o la mandíbula, o con evidencias de heridas por arma de fuego o cuchillo. Los ixiles, “agricultores de milpa”, fueron exterminados indiscriminadamente, sentenció. La ruptura del tejido social -la destrucción física y cultural de aquellas comunidades- había sido demostrada. El racismo constituyó la base y también la herramienta de este genocidio, explicó la jueza. Las violaciones sexuales fueron efectivas para interrumpir el patrón de la vida cotidiana y la transmisión de la cultura de los ixiles a sus descendientes, y la extirpación de fetos del vientre de sus madres simbolizó el deseo de “destruir la semilla”, dijo. Las deplorables condiciones en que se encontraba el pueblo ixil antes del conflicto que llevó al genocidio explicaban su determinación de luchar para cambiar esas condiciones; y por eso fueron reprimidos y acusados de guerrilleros, con lo que el Gobierno de Guatemala justificó su persecución masiva. Por medio de testimonios y peritajes, el tribunal pudo establecer que los niños ixiles sobrevivientes fueron trasladados de un grupo étnico a otros distintos, reubicados forzosamente, a veces para formar parte de familias de los mismos soldados que exterminaron a sus familias, y muchos acabaron viviendo en la Ciudad de Guatemala o en el extranjero, de modo que su pasado quedó erradicado.

Todo esto sirvió para establecer que sí hubo genocidio, continuó la jueza. Además, se comprobó que el Alto Mando del Estado guatemalteco pudo evitar la destrucción del pueblo ixil, y que el responsable de este Alto Mando era el general Efraín Ríos Montt. Este general supo y no impidió, cuando pudo hacerlo, como Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas, la violación de los derechos humanos de los ixiles y su destrucción parcial; por lo tanto, y sin encontrar elementos atenuantes en su conducta, el tribunal lo declara culpable también de faltar a los deberes a la humanidad. La condena (que es la máxima según la ley guatemalteca para estos crímenes): cincuenta años por genocidio; treinta por crímenes de lesa humanidad.

Al conocer el veredicto, en la sala se produjo un estallido de aplausos, vítores y llantos. La jueza tuvo que llamar al orden a los miembros de la prensa, que se abalanzaron sobre la mesa de los acusados para disparar sus cámaras sobre el anciano general. Sin que sus órdenes fueran acatadas -no se hizo el silencio ni las cámaras dejaron de disparar sobre el nuevo reo- la jueza continuó: era necesario reconocer el pasado, para lograr la paz debía existir previamente la justicia; y castigar los crímenes demostrados era el deber de ese tribunal. El lunes 13 de mayo continuaría dictando la sentencia, y exigiría la reparación para las víctimas.

De nuevo, se produjo una avalancha de vítores, con brazos alzados, y la prensa volvió en una carga cerrada sobre el general genocida. La jueza debió pedir refuerzos de policía para la sala, y advirtió del peligro de que el reo (quien, en efecto, estaba siendo empujado en medio de la turba por uno de los abogados de la defensa hacia una puerta lateral) se fugara. Finalmente, fue esposado y conducido en un vehículo de la policía de tribunales a la prisión de alta seguridad del Fuerte de Matamoros -que sirvió como cuartel de inteligencia durante el gobierno de facto de Ríos Montt.?La confianza que los ixiles decidieron depositar en las instituciones democráticas de una nación por cuyos gobiernos han sido atacados de forma sistemática a lo largo de la historia es digna de encomio y revela su buena fe. La línea de acción pacífica y valiente que han adoptado es sencillamente ejemplar, como también lo es la reciente declaración de las autoridades ixiles a la prensa acerca de la sentencia que dictó el tribunal: “El fallo contra Ríos Montt no nos causa ni alegría ni tristeza. Aprobamos que se haya hecho justicia. Es el primer paso”.

Los empresarios del CACIF se declararon en sesión permanente, y en una conferencia de prensa pidieron a la Corte de Constitucionalidad que anulara el juicio. El 20 de mayo, la Corte anuló la sentencia y declaró inválidas las audiencias de la juez Barrios a partir del 19 de abril. Hasta la fecha, más de sesenta magistrados se han inhibido de conocer el caso interrumpido. Mientras el juicio sigue en suspenso, una serie de campos pagados que niegan el genocidio aparecen en la prensa, la radio y la televisión, cuando en Guatemala se celebra por lo todo lo alto el Investment Summit 2013. “Los guatemaltecos no somos genocidas -dicen las elites dominantes-. Guatemala está comprometida a instituir transparencia y certeza legal para atraer mayor inversión”. (“Guatemala es un buen lugar para cometer asesinatos -declaraba hace un par de años el relator de la ONU para los Derechos Humanos, Philip Alston-, pues es casi seguro que quedarán impunes”). El general, después de todo, nunca estuvo solo.

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