La redacción de los documentos públicos es incomprensible, como lo demostró el reciente debate de la emergencia social.

Emergencia lingüística

La discusión sobre los decretos de emergencia social no solo sacó a la luz el grave estado en el que se encuentra el sector de la salud en Colombia. También hizo evidente que el uso del idioma en los documentos públicos está listo para ser enviado a cuidados intensivos.

2010/03/16

Por Rodrigo Restrepo

En medio del debate, las protestas y el ruido mediático generado por los decretos de emergencia social, hubo un incidente que pasó casi inadvertido. En pleno fragor por el escándalo, el presidente Uribe, en un consejo comunitario en Fusagasugá, regañó públicamente a los redactores de los consabidos decretos: “Nos ponemos nosotros a adornarnos con un poco de literatura confusa y lo que hacemos es crear dificultades en la apreciación de los colombianos sobre un tema tan importante como es el tema de la salud”, dijo en su habitual tono de sermón.

Hay que aceptarlo: en esto el presidente tiene razón. Aparte del absurdo de pedirles a los afiliados al sistema de salud que financien con sus cesantías los tratamientos médicos, de restringir el acceso a la medicina especializada y de limitar la autonomía de los médicos para formular, una lectura no muy detenida de los textos del gobierno deja ver, a todas luces, lo vergonzosamente mal redactados que están. Los errores se cuentan por docenas: faltas de puntuación, mala construcción de frases, redundancias innecesarias, ambigüedades y oraciones interminables llenas de frases subordinadas que dan lugar a toda clase de confusiones.

No es que los decretos se tengan que escribir “como los versos de los poetas”, según dijo el presidente. Nadie pide que una ley pública exponga bellas metáforas, ni siquiera que esté redactado de una manera agradable. De hecho, es todo lo contrario: un texto público, por el solo hecho de ser público, debería resultar perfectamente claro en su sentido y, por supuesto, hallarse totalmente limpio de errores de redacción. “El jurista podría redactar la ley o el decreto de tal manera que todos los afectados e interesados entiendan lo mismo y no haya cabida para múltiples interpretaciones, que necesariamente terminan siendo acomodadas a los intereses de cada quien”, dice Fernando Ávila, ex defensor del lector de El Tiempo y autor de libros como Dónde va la coma y Español correcto para dummies.

El fenómeno es escalofriante. Para la muestra, un botón. En el recuadro 2 se reproduce la carta dirigida al diario El Tiempo por el ministro de Protección Social. Su redacción es una obscena afrenta al idioma. En ella, acepta que “en algunas audiencias existe una interpretación deferente de los decretos con respecto a la que tiene el gobierno”. La carta, sin embargo, no pretendía aceptar o discutir dichas interpretaciones diferentes, sino ante todo “aclarar y enfatizar que no hay errores en los decretos expedidos, el Ministro reconoció que miraba todos los temas con retrospectiva, pues considera que siempre, todas las cosas, son susceptibles de mejorar” (las cursivas son mías). 

¿Qué lleva a un funcionario público a cambiar un adjetivo tan simple como ‘diferente’ por ‘deferente’ (que significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, respetuoso y cortés)? Pero dejémoslo pasar, porque bien puede ser una desafortunada errata. Pero ¿cómo es posible que un ministro envíe una carta refiriéndose a sí mismo en tercera persona? ¿Cómo es posible que no sepa poner correctamente una coma? ¿Qué quiere decir cuando afirma que “reconoció que miraba los temas con retrospectiva? El que la expresión correcta sea “en retrospectiva” es lo de menos. Lo grave es que es incapaz de expresar lo que quiere decir. ¿Que los mira en contexto? ¿Que los mira después de que han sucedido? ¿Que admite sus errores? Ni idea.

Las preguntas que se desprenden de esta situación de ignorancia gramatical son apabullantes: ¿cuán alto es el costo que debemos pagar todos por estos errores de forma que se convierten en errores de fondo? ¿Cuánto daño le hacen estos errores a la democracia? Y, por supuesto, la pregunta más sencilla y más acuciante de todas: ¿cuáles son las razones de que en Colombia se redacte tan mal en el ámbito público?

Según Ávila, se trata de un problema de valores: de un rechazo a la norma establecida no solo en el plano político y moral, sino también en el lingüístico. “Ya pasó a la historia el enfoque normativo del estudio lingüístico, que indicaba cómo se debía escribir, para ser reemplazado por el enfoque sociológico que simplemente registra cómo se escribe. Un error ya no es algo que se deba corregir, sino una variable más dentro de las amplias posibilidades de manejo del idioma”, explica.

Para Genoveva Iriarte, directora del Instituto Caro y Cuervo, el asunto va por otro lado. No se trata simplemente de respetar una norma lingüística, pues “un lenguaje demasiado pulcro puede darnos más problemas”, dice. El problema de comunicación es más bien un problema de negociación y de interacción social. “La formalidad no resuelve los problemas sociales de la lengua. Debemos tener en cuenta que siempre nos encontramos en situaciones contextuales en las que debemos ser capaces de socializar y de negociar el punto que se va a tratar”. Para Iriarte, ante todo, “debe haber una voluntad de hacer sentido”.

El gran problema es que en el ámbito público de este país no parece existir dicha voluntad. La mayoría de los decretos son escritos por comités de técnicos: administradores, economistas, médicos y abogados. Y los técnicos, vale decir, no son muy hábiles para ‘socializar’ su lenguaje. Mejor dicho: no se hacen entender. ¿Por qué decir que hay una crisis económica mundial cuando un economista puede explicar que hay una generalizada sobrevalorización del producto, una desaceleración del flujo y un aumento de las reservas de divisas? ¿Por qué decir ‘tengo dolor de cabeza y no sé por qué’, cuando un médico le puede diagnosticar a uno una ‘cefalea idiopática’?

Me pregunto si existen clases de redacción en el pénsum de las facultades de ciencias. ¿O será que utilizar un lenguaje deliberadamente oscuro y lleno de vocablos especializados otorga una cierta aura de sabiduría y de poder?

Esta creencia de que “hablar raro es hablar bien” se torna especialmente exasperante en el gremio de los abogados. Expresiones como: “en el entendido de…”, “toda vez que…” o “siendo éstas disposiciones…”, no son más que giros retóricos que alargan innecesariamente las frases. Además, el uso excesivo de gerundios (evidenciando, perjudicando, encausando), de verbos sustantivados (el reconocimiento, el aseguramiento, el otorgamiento) o las oraciones extremadamente largas y llenas de giros argumentativos vuelven agotadores e incomprensibles a la mayoría de los textos jurídicos.

Cuentan que cuando la Constitución de 1991 pasó a sanción presidencial, el entonces mandatario César Gaviria tuvo que firmar un documento en blanco, pues la Constitución seguía en proceso de corrección de estilo. En efecto, un grupo conformado por los mejores lingüistas del país trabajó durante más de 15 días, en jornadas de hasta 24 horas, corrigiendo los errores del texto jurídico. Pero el tiempo no les alcanzó.

¿Por qué los juristas escriben tan mal? Jaime Bernal, de la Academia Colombiana de la Lengua, dice simple y llanamente: “El que piensa bien escribe bien”. Para Julia Baquero, profesora de lingüística de la Universidad Nacional de Colombia y experta en comprensión y producción de textos argumentativos, el problema tiene raíces históricas. Bernal explica que los textos que leen los abogados, así como sus prácticas discursivas, tienden a confirmar ese tipo de expresión oscura y retórica. “Es como si para pertenecer al gremio se vieran obligados a escribir así”, dice.

¿Soluciones? Para Baquero, lo ideal sería enseñar a los abogados a escribir en frases cortas y completas. Bernal, por su parte, no cree que el problema se resuelva educando a los abogados: “Para eso están unos señores que se llaman correctores de estilo”. Genoveva Iriarte plantea su solución a viva voz: “Aquí está la gente y la estructura para ese servicio, pero ?desafortunadamente no estamos en el mapa conceptual del gobierno. ¿Si no nos piden ayuda, cómo vamos a hacer?".

Es verdad: el Estado tiene a su disposición la Academia de la Lengua, el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional y el Instituto Caro y Cuervo. Existe una enorme estructura física y humana que podría perfectamente darse a la tarea de corregir los decretos y las leyes. ¿Por qué entonces no se usa?

Decía Michel Foucault, el agudo filósofo que analizó las relaciones entre el discurso y el poder: “Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su ‘política’ general de la verdad, es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos”. Parece ser que en la sociedad colombiana hay un tipo de discurso, oscuro y confuso, que circula en el sistema legal con estatus de verdad. Y es que quizá las protestas, el ruido mediático y la confusión en las leyes le resulten más útiles al poder que una sociedad compuesta de individuos informados. Quizá unas leyes claras y abiertas, que cualquier persona pueda entender y leer, no sean tan convenientes para quienes tienen intereses económicos o políticos. Quizás, en el fondo, la claridad en la comunicación, esa ‘voluntad de hacer sentido’, no le sirva a quien quiera sacar provecho de la ley.

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