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  • Eledificio de la facultad de Bellas Artesde la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en franco deterioro.
  • Varios aspectos del estado de las edificaciones de la Universidad.

Universidad Nacional, un campus para la paz

La Nacional arrastra un déficit cuantioso que crece año tras año. Con dos billones a cuestas, es innegable el papel que ha jugado la en la construcción del proceso de paz, pero ahora es urgente que tanto el Estado como la sociedad se sensibilicen, pues en ella están las claves de un futuro más justo, pensante y moderno.

2016/10/26

Por Juan Miguel Álvarez* Bogotá

UNO

Desde el cerro de Monserrate, el campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional es una mancha verde y arbolada sobrepuesta a la sabana plomiza. Situado al occidente de la ciudad, es un polígono irregular que abarca desde un vértice en el que casi confluyen las avenidas Ciudad de Quito y El Dorado, hasta el cruce entre la carrera 45 y la calle 53. Unas 140 hectáreas. El área más extensa de cualquier institución de educación superior en Colombia.

En una caminata espontánea y sin prisa, es posible apreciar varios de los edificios más bellos de la arquitectura colombiana junto a generosos descampados de hierba pulida. Si en la plaza Ernesto Che Guevara chispea la vida académica y cultural en torno a la biblioteca y al auditorio León de Greiff, en un rincón del costado suroriental una pareja de novios aprovecha la quietud de un bosque de eucaliptos y urapanes para darse besos de ardor juvenil. Al tiempo, los estudiantes juegan fútbol en el estadio o en las canchas auxiliares del extremo noroccidental, y un puñado de vacas dormilonas pastan a su placer en los potreros del lado sur.

Construido a partir de 1936 por determinación del presidente Alfonso López Pumarejo, este campus tuvo como fin agrupar las facultades que se encontraban disgregadas por el centro de la ciudad. Sobre todo, en el barrio La Candelaria. En ese entonces, la Nacional ya sumaba 68 años de fundada y ofrecía las carreras seminales de un país moderno: Derecho, Medicina, Ingenierías y las de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Artes.

Para el diseño y ejecución, López Pumarejo encargó a Leopold Rother, arquitecto alemán de 42 años, recién llegado al país tras la persecución nazi. Graduado en Berlín, Rother estaba influenciado por la Bauhaus, escuela de arquitectura y diseño que, entre otras cosas, privilegiaba el fin público de las obras por encima de la forma, es decir: condicionaba la estética a la funcionalidad social.

De acuerdo con el análisis sobre las carencias y virtudes de la institución elaborado por el pedagogo Fritz Karsen, Rother dibujó una ciudad universitaria en forma de óvalo dividida en cinco secciones —cuatro perimetrales y una céntrica—, cuyo costado occidental quedó coronado por otras dos figuras semicirculares —el estadio de fútbol y un diamante de béisbol—. Desde el aire, se notaba que la ciudad universitaria tenía la silueta de un búho —ave símbolo de la sabiduría.

Puesto el primer ladrillo, la construcción se prolongó durante dos lapsos iniciales. El primero, entre 1937 y 1943, conformó un complejo vistoso y cosmopolita de edificios blancos de gran escala y altura interior, aireados con luz natural, al que se le llamó “Ciudad blanca”. El segundo, entre 1943 y 1964, también fue de edificios voluminosos aunque con materiales expuestos y menos blanco exterior. Ambos periodos hicieron de la ciudad universitaria un emplazamiento arquitectónico integrado a la urbe, al que cualquier persona accedía sin cruzar cercas ni controles en porterías. Los jardines, bosques y potreros podían ser el parque de los residentes vecinos, y en el estadio se jugaban partidos del torneo profesional de fútbol.

A partir de 1964, la Nacional nombró como su rector al doctor José Félix Patiño, un médico que venía de ser ministro de Salud del gobierno del presidente Guillermo León Valencia. Librepensador y uno de los más destacados cirujanos del país, Patiño se había formado en la Universidad de Yale y traía consigo el modelo de una institución de educación superior anglosajona. “Para mí ya era claro —dice— que ir a la universidad es una vivencia en un ambiente de cultura y de creación de conocimiento, a través de la investigación académica”.

Corrían años de agitación ideológica y los movimientos estudiantiles ejercían una presión social que, en algunos casos, se convertiría en el paso de muchos hacia las guerrillas que se fundarían en esa década. En 1960, una comisión del Congreso, creada por el presidente Alberto Lleras Camargo para saber qué decisiones tomar sobre el futuro de la Nacional, había declarado que esta universidad era “ingobernable” y había afirmado que le quedaban dos opciones: cerrarla o privatizarla. Lleras Camargo y luego Valencia insistieron en mantenerla pública y abierta, pero entre ese año y 1964 debieron nombrar a ocho rectores; todos, expulsados por el estudiantado. A uno de ellos lo hicieron huir luego de activarle una bomba dentro de la rectoría que dejó un hueco en la pared por el que cabía una persona erguida.

A su llegada, Patiño comprendió que la Nacional funcionaba semejante a una federación de 27 facultades que difícilmente se comunicaban entre sí. “Había 33 carreras, casi una por facultad, y su único propósito era entregarle un título al estudiante. No había vida universitaria. No había biblioteca central. Y la rectoría atendía en el estadio, que además se encontraba en una situación lamentable”.

Lejos de arredrarse ante la beligerancia de los estudiantes y la precariedad de la institución, Patiño gestionó recursos con el gobierno nacional, con donantes extranjeros y con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para emprender una reestructuración académica y de bienestar, y obras de infraestructura, que lograron despertar ese ambiente de universidad anglosajona. A este conjunto de acciones se le llamó “Reforma Patiño”. Fue el comienzo del tercer lapso de expansión —que llegó hasta 1974— y dejó una universidad con numerosas edificaciones de estilo moderno, anillo vial pavimentado, alumbrado público y lo que se considera el eje urbano de la ciudad universitaria: la plaza principal rodeada por el auditorio, la biblioteca y la torre destinada para la rectoría. “El rector debe estar en el centro de la universidad —dice el doctor Patiño—. No sé cómo se concibe que desde hace años para acá, la rectoría quede tan retirada, por fuera del espacio central del campus”.

Un cuarto periodo de nuevas construcciones, con el que se quiso soportar la ampliación de la oferta académica, tuvo lugar a partir de 1993 y puede decirse que continúa abierto. Edificios como el de Aulas, el de posgrados de Ciencias Sociales —obra de Rogelio Salmona— y el de Ciencia y Tecnología, donado por un egresado archimillonario, Carlos Sarmiento Angulo, han nacido en este tiempo.

Desde aquella década del treinta y hasta unos cinco años atrás, los edificios de la sede Bogotá de la Universidad Nacional eran motivo de orgullo y materia dispuesta para cursos de arquitectura. Hasta que a finales de octubre de 2013, en plena jornada académica, el cielorraso de un corredor del edificio de Derecho se vino al suelo. Por suerte, nadie salió herido. El suceso tuvo eco en la prensa nacional. El diario El Tiempo publicó un artículo en el que además de describir lo sucedido, reveló que la situación era aún peor: más del 70 % de los edificios de la sede requerían reforzamientos estructurales; el ala norte de Enfermería, el de Arquitectura, el de Diseño, el de Cine y Televisión y varias aulas del de Ingeniería habían sido clausuradas preventivamente. Estudiantes y profesores se quejaban de los andenes deteriorados y de los huecos de las autovías. Gerardo Mejía, gerente de la universidad en ese momento, admitió que hacían falta dos billones de pesos —¡dos billones!— para salvar la infraestructura de la sede. La mitad de la plata por la que se vendió Isagén o el 1 % del presupuesto nacional para 2017.

Dos años más tarde, en abril de 2015, voló la siguiente noticia, esta vez en el diario El Espectador: el edificio de Arquitectura estaba siendo demolido. Un bello ejemplar moderno, levantado en 1965 durante la Reforma Patiño. Era la paradoja más desobligante: la casa de los profesionales del diseño y la construcción ya no servía más. Varios profesores criticaron la medida. Dijeron que aunque esta obra no era un bien de interés cultural de la nación, sí hacía parte del conjunto patrimonial de la ciudad universitaria. Que aunque las normas no objetaban la demolición, la Nacional tenía una obligación moral de preservar los elementos y símbolos de su historia. “Conservar el campus es conservar el patrimonio de lo que es en sí misma la universidad”, dice Juan Luis Rodríguez, arquitecto y profesor de esta facultad. “Eso quiere decir: conservar las zonas verdes, los andenes, los edificios, todo”.

El tercer golpe acaeció entre julio y agosto de este año, y fue la revista Arcadia la que lo anunció: el edificio de Bellas Artes no podía seguir en funcionamiento. Una grieta como de terremoto lo fracturó en diagonal. Y a la distancia, se le nota una inclinación como de barco encallado. A diferencia del malogrado de Arquitectura, este sí hace parte de la lista de bienes de interés cultural de la nación. Fue construido entre 1937 y 1940, según la distribución del campus propuesta por Rother y el diseño final de Erich Lange. Dar la orden de demolición ya no será tan fácil, pero volverlo a poner en funcionamiento y restaurar los detalles puede costar 11.000 millones de pesos. “Tengo la oficina en frente de Bellas Artes —dice María Belén Sáez de Ibarra, curadora de arte y directora de patrimonio cultural de la universidad—. Y en los nueve años que llevo trabajando aquí nunca vi a nadie que le cambiara la tela asfáltica al techo, no hubo quién le hiciera unos drenajes. No hay ninguna arquitectura que resista un abandono de 50 años”.

DOS

Estudiantes y profesores coinciden en que hace más de año y medio no estalla un tropel dentro del campus ni en las vías que la rodean. Para Gustavo Silva, asesor de la rectoría, la calma de los encapuchados se debe a los aciertos del proceso de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llevó a cabo con las Farc. “Es muy obvio —dice—. No hay grafitis y no ha habido ni una pedrea, y es porque los muchachos han estado de acuerdo con ese proceso”.

Desde su fundación, la Universidad Nacional ha propuesto el debate de ideas y la confrontación de ideologías. Su origen, de hecho, es el paso adelante que logra dar el liberalismo radical, ante el conservadurismo religioso, para instituir la educación superior como gran mecanismo de cohesión social y como bastión de los principios de un Estado laico, liberal y moderno.

Existe registro y memoria escrita de marchas de la Nacional, al menos, desde finales de la década del veinte. Pero fue hasta las muertes de estudiantes a manos de la fuerza pública en 1954, que la protesta simbólica incorporó matices de violencia. En la actualidad, no hay una persona vinculada a esta institución que no guarde una anécdota con la protesta estudiantil y, en menor medida, con acciones de hecho perpetradas por personas de cara oculta. El mismo José Félix Patiño, tras dos años de gestión, terminó buscando la manera de renunciar a la rectoría luego de un incidente violento al interior del campus, en que estuvieron involucrados funcionarios del alto gobierno, estudiantes y el batallón guardia presidencial.

En los últimos años de la década del sesenta y en toda la del setenta, algunos de los movimientos estudiantiles fueron alcanzados por el extremismo armado de las guerrillas, sobre todo la del ELN. Cualquier acto de protesta era una excusa para enfrentar a la fuerza pública. Como el Esmad no había sido creado, el gobierno le encargaba la contención de la turba al ejército y a los carabineros de la policía. No había marcha que no concluyera con heridos de consideración y encarcelados. “Los muchachos eran tipos convencidos de la ideología. Aquí funcionaba el grupo troskista, el grupo maoista y la línea Pekín. Y uno les tenía un miedo…”, recuerda un profesor que pidió omitir su nombre.

El periodo más preocupante para las directivas de la universidad y para el gobierno nacional tuvo lugar entre 1977 y 1980. La muerte de un joven que cayó desde el quinto piso de un edificio de las residencias estudiantiles puso al descubierto redes de tráfico de drogas, tráfico de armas, núcleos de reclutamiento para grupos armados ilegales y hasta guetos regionales que alentaban peleas provincianas: los santandereanos “gritones” del cuarto piso contra los costeños “escandalosos” del sexto piso, por decir algo. Como medida desesperada, las directivas redujeron ostensiblemente el número de residencias y cambiaron el uso de los edificios. Los espacios que antes servían para alojamiento fueron adaptados como oficinas de facultades y de institutos.

Por la misma época y debido a los constantes choques con la fuerza pública, el campus fue delimitado con una reja y el acceso empezó a ser controlado en las porterías. En la ciudad, burlonamente, comenzaron a llamar a la Nacional: el “gallinero ilustrado”.

El cambio de uso de varios edificios y el cercamiento fueron las dos primeras modificaciones de la ciudad universitaria, por causas ajenas o contrarias al desarrollo de la infraestructura. El cercamiento fue el final del campus como emplazamiento urbano abierto a la ciudadanía. Fue, si se quiere, una derrota de los principios modernizadores que dieron origen a la institución y, de cualquier modo, no evitó el tropel. A su turno, la reducción de residencias cambió la procedencia de los matriculados. Antes, la Nacional era la institución que recibía a la mayoría de jóvenes de escasos recursos de las regiones. En adelante, los bogotanos y personas radicadas en la capital fueron ocupando los cupos disponibles en las carreras.

A lo largo de las tres décadas siguientes, el cercamiento y los choques de estudiantes con la fuerza pública fueron aislando el campus de la dinámica de Bogotá. “Por años, el tropel se volvió la imagen corporativa de la Nacional —dice Fabio López de la Roche, director del Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Inernacionales, Iepri—. Y es un fenómeno que hace mucho daño. Devalúa la universidad. El tropel no solo deja el estigma y los traumatismos urbanos; también impide que la universidad cumpla con su función integradora de las distintas clases sociales”.

Cuando en 2007 María Belén Sáez de Ibarra llegó a la universidad se encontró con ese aislamiento. De un lado, vio que la universidad era muy débil construyendo relaciones o alianzas con la sociedad civil y con el propio Estado para coadyuvar en el desarrollo de la nación. “Creo que es un padecimiento de toda la universidad pública de Colombia”. Y del otro, notó que la ciudadanía ha elaborado un prejuicio lacerante contra la Nacional. “Y detrás de ese prejuicio, hay un desapego y una falta de respeto y consideración de la importancia de estos lugares —dice— ¿Por qué creen que esto es peligroso? Aquí lo que hay son niñitos y gente que piensa, escribe, lee”.

Tanto Fabio López de la Roche como María Belén Sáez de Ibarra han venido trabajando desde sus oficinas para superar ese aislamiento. Y pueden tomarse como el ejemplo de lo que otros académicos de la Nacional también hacen día a día. Desde el Iepri y antes como director de la maestría en Estudios Culturales, López de la Roche se ha preguntado cómo acercar o trasmitir el conocimiento experto que produce la universidad a las instituciones del Estado y a diversos sectores sociales. Además de la publicación de libros —la vía más usual, pero no necesariamente la más efectiva—, López de la Roche y su equipo de trabajo han venido desarrollando encuentros y talleres con las personas que integran esas instituciones y esas estructuras sociales. En el Iepri han establecido diálogos con la Armada, con la Escuela Superior de Guerra y con la Policía. Alguna vez, sostuvo acercamientos con sindicatos para darles a conocer nuevas teorías políticas que les permitieran actualizar sus consignas e ir cuestionando teorías anacrónicas o en desuso. “Es lo que debemos hacer. Y justo en esta coyuntura en que están ocurriendo cosas ejemplificantes como que las fuerzas militares están condecorando al exguerrillero y político Antonio Navarro Wolf, o que la guerrilla marxista-leninista de las Farc está aceptando lo que ellos consideran la ‘justicia burguesa’”.

Su idea de lo que sigue para el Iepri en los días del posacuerdo es preguntarse cómo gestionar diálogos que hoy parecen improbables: “¿Cómo vamos a hacer para que la senadora Paloma Valencia se siente con los indígenas en el Cauca? ¿Cómo vamos a hacer para que los grupos camilistas de estudiantes encapuchados se sienten con las directivas?”. De la misma manera en que se pretende una sociedad abierta al diálogo y en la que no se emplee la violencia para limar diferencias, se busca una “universidad pública autocrítica, una universidad en la que el rector pueda entrar al campus sin que lo agredan. Y que estas minorías violentas transformen los métodos de expresión”.

Por su parte, Sáez de Ibarra se encargó a establecer alianzas con organizaciones culturales que promueven proyectos de ciudad. Por citar un caso: con el Festival Iberoamericano de Teatro para montar obras en el auditorio León de Greiff. “A través de esas alianzas, estamos tratando de traer la sociedad colombiana a la universidad. Que se den cuenta que no es peligrosa, que es linda, que tiene la mejor infraestructura, que toca lo mejor del arte, que es importante para el país, que solo hay cosas buenas aquí. ¡Quiéranla!”.

De cara al posacuerdo, opina que si el país aspira a la paz no puede seguir soslayando los fundamentos de la base social, como es la universidad pública. “Si la Nacional ha estado aislada y en crisis, debe haber un acuerdo de voluntades de todos los sectores de la sociedad para ayudarla a salir adelante. Hay que pensar en la cantidad de desmovilizados de la guerrilla que querrán estudiar. ¿Dónde más lo van a hacer? ¡Pues aquí! La universidad pública tiene que recibir a esos jovencitos. Entonces, necesitamos, nuevamente, una infraestructura de bienestar, necesitamos residencias estudiantiles bien administradas y bien custodiadas para que no se vuelvan un problema, necesitamos cafeterías, darles comida gratis. En esta coyuntura, es fundamental la universidad pública para reconstruir el país. Ahora bien, la Nacional va a asumir ese trabajo, con ayuda externa o sin ayuda”.

TRES

El vicerrector de la sede Bogotá, Jaime Franky Rodríguez, tiene claro el diagnóstico de la crisis de infraestructura. Hay al menos 14 edificios en observación porque mostraron algún síntoma de deterioro, pero pueden esperar un poco más para ser intervenidos. Y hay dos que exigen obras inmediatas: el de Bellas Artes y el de Farmacia. El primero se encuentra en estudios para saber cómo recuperarlo. El segundo parece destinado a la ruina. “Los estudios mostraron que no vale la pena invertir en la recuperación del edificio y que es mejor construir uno nuevo”, dice Franky Rodríguez. “La actualización de ese edificio a la norma de sismoresistencia implica la actualización a normas de accesibilidad, de instalaciones eléctricas, de ese tipo de cosas, que obligan una inversión muy grande”.

El rector, Ignacio Mantilla, sabe con certeza cuál debe ser el papel de la Nacional en el posacuerdo. Cita la página 66 del documento firmado por el gobierno y las Farc para recordar que la universidad quedó comprometida a realizar el censo de los miembros de esa guerrilla. Agrega que otro deber de la Nacional es integrar una alianza con instituciones de educación superior colombianas y alemanas para impartir posgrados en temas relativos al conflicto, a la negociación política, justicia e historia de los conflictos en el mundo, en un proyecto que está caminando y que podría llamarse Instituto Colomboalemán para la Paz. “Ahí habrá una riqueza de conocimiento impresionante para investigar”. Una tercera tarea, añade Mantilla, es “hacer una gran labor pedagógica, ilustrativa y de reflexión sobre los temas del acuerdo al que se llegue, para que los colombianos estemos mejor informados y seamos más conscientes de lo que esto significa”.

Y la labor que seguramente es la más importante: interpretar los acuerdos en las áreas de modernización del campo colombiano y de educación rural para actualizar o adaptar el conocimiento de las carreras pertinentes: ciencias agronómicas, agropecuarias y agroindustriales, medioambiente, veterinaria y zootecnia, educación, sociología, entre otras. “Se trata de volver al campo —dice—, que un veterinario se forme con la idea de trabajar en el campo y no quedarse únicamente atendiendo mascotas en las ciudades”. Se trata de explorar e investigar científicamente las zonas que antes estaban vedadas por el conflicto armado. “Es una gran labor: hacer del campo colombiano algo atractivo para el estudio y para avanzar en su tecnificación”.

A todo esto, algunos profesores consultados para este reportaje le suman que la Nacional debe ayudar a crear instituciones modernas en las regiones, repensarse según las necesidades territoriales y enfocar la actividad de todas las sedes hacia esas necesidades. Ayudar a recuperar la solidaridad de la ciudad hacia el campo por medio de la educación. “Cómo juntar sociología con ciencias agropecuarias, con el Instituto de Tecnologías Agrarias y con el Instituto de Medioambiente”.

La pregunta que a todos les queda es la misma: ¿la Universidad Nacional tendrá los recursos para acometer estos proyectos?

Desde que la ley 30 de 1992 alteró la repartición de las partidas presupuestales para la educación superior pública, la Nacional y el resto de claustros estatales arrastran un déficit cuantioso que crece año tras año y que ha redundado en la precarización de la operatividad cotidiana. Las instituciones se han visto obligadas a autofinanciarse, ya como contratistas, ya con la privatización de los posgrados, diplomados y demás servicios de extensión. “Lo cual es muy grave porque al privatizar la educación de posgrado, la universidad no está cumpliendo con la función de redistribuir el conocimiento”, dice Fabio López de la Roche.

Es fácil encontrar profesores de currículo admirable que han querido renunciar desde hace rato porque se sienten sobrecargados y mal atendidos por una gestión administrativa que tarda más de lo debido para solucionar peticiones elementales. La “burocracia paralizante”, de la que hablaba el exrector Moisés Wasserman, a la que se encuentran abocadas todas las dependencias de la Nacional. “Estamos abriendo nuevos posgrados con los mismos recursos de hace años —dicen los docentes entrevistados—. La nómina mantiene congelada y para contratar un profesor nuevo toca que alguien se muera”. “Los presupuestos para investigación y adquisición de libros han sido reducidos sustancialmente”. “Este semestre no ha habido suscripción a las bases de datos de Ciencias Sociales, ¿cómo hace uno para investigar así?”. “Las condiciones para trabajar son adversas, pero la rutina laboral permanece porque uno tiene mística y está convencido de su función pública”.

En 2012, el Congreso de la República aceptó, por medio de ley, la creación de una estampilla para financiar, exclusivamente, obras de infraestructura en las universidades estatales. La Nacional esperaba recibir, al menos, 100.000 millones de pesos anuales, pero la recaudación no ha alcanzado para eso y lo que les han girado promedia los 35 mil millones. Cifra que no es despreciable, pero ante un déficit de dos billones de pesos sí parece un paliativo temporal.

A punto de cumplir 90 años, el doctor José Félix Patiño sigue empecinado en trabajar por la Universidad Nacional. Como representante de los rectores ante el Consejo Superior, sostiene frecuente reuniones con pares y con las actuales directivas. En su opinión, la institución ya no admite más remedios pasajeros. Por la importancia para el país, exige una decisión de fondo, una estrategia de varios años que ponga a la universidad en otro nivel. Un Conpes que la sitúe en los planes prioritarios para el desarrollo nacional.

Para Ignacio Mantilla, que está comenzando su segundo periodo como rector, se necesita que en los planes de los gobiernos futuros quede “perfectamente consignado” la financiación de la universidad como una asignatura obligada, que la sociedad, toda, sea consciente de que la educación “tiene que ser tratada con privilegio sobre cualquier otra rama”, y que en los próximos debates por alcanzar la Presidencia, la gente le exija a los candidatos políticas claras y generosas para la educación pública.

El momento histórico es propicio. Si el Estado se encuentra decididamente comprometido a cumplir con los acuerdos de paz que resulten con las Farc y convencido de hacer lo mismo con el ELN, tendrá que modernizar y fortalecer buena parte de sus instituciones, entre ellas a la Universidad Nacional. Tendrá que creer más en la educación pública como el escenario principal para la cohesión social y la reconstrucción del país.

*Periodista.

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