Italo Granados, Ana Delia Molina y José Roselino Granados: víctimas de la desaparición forzada.

Una introducción al horror de la desaparición forzada

El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó el 22 de noviembre el informe ‘Hasta encontrarlos’, el recuento más completo jamás realizado en el país sobre una de las prácticas más cruentas en nuestra historia reciente. Compartimos su introducción.

2016/11/23

Por Centro Nacional de Memoria Histórica

Miles de familias colombianas se levantan cada día sufriendo la ausencia de sus seres queridos y la incertidumbre que produce la falta de noticias o de evidencias que den cuenta de qué sucedió con ellos. Los familiares y allegados de las personas desaparecidas viven sumidos en un dolor que no da tregua y no se alivia, que les mantiene condenados a una espera prolongada e impide que sus vidas transiten tranquilamente.

La desaparición forzada es tal vez una de las prácticas represivas más atroces de las que se han valido regímenes y organizaciones para imponer su control y su poder. Es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras.

A las personas desaparecidas se les sitúa en un estado de indefensión absoluto, se les niegan todos sus derechos y cualquier posibilidad de asistencia y de protección. A las familias se les impide conocer lo que pasa con ellas, haciendo que el no saber sobre su destino e incluso sobre su sufrimiento se torne en una fuente de angustia indescriptible. Las familias sufren no solo por la ausencia sino por suponer el padecimiento y el suplicio de su ser amado, por imaginar distintos desenlaces frente a su vida, y sufren porque sus proyectos y su cotidianidad quedan suspendidos en una suerte de paréntesis que hace difícil su diario vivir. Además, a los familiares se les impide o prolonga en el tiempo la realización de los rituales de entierro que permiten despedir y conmemorar dignamente a quienes están muertos.

En Colombia la práctica de este crimen atroz cuenta con sus primeros registros formales en la década de los setenta y desde entonces no ha cesado. Hoy en el país nos aproximamos a una cifra de más de 60 mil personas desaparecidas forzosamente, cifra muy superior a la que estremeció al mundo por la ocurrencia de esta modalidad de violencia en el marco de las dictaduras militares del Cono Sur. Son más de 60 mil personas desaparecidas forzosamente en una sociedad en “democracia”.

La desaparición forzada ha cambiado durante el tiempo: las maneras de ejecutarse, los perfiles de las víctimas, así como sus perpetradores han sufrido notorias transformaciones. Este crimen pasó de ser cometido con una alta participación de agentes estatales y perpetrado contra personas consideradas como militantes sociales y políticos asociados a la izquierda, a comprometer como responsables a particulares, en especial a miembros de grupos paramilitares y de las guerrillas y a victimizar a personas de muy distintas características como campesinos, habitantes de calle, personas en situación de discapacidad, entre otras. Ahora bien, que el crimen sea cometido por particulares no disminuye ni exime de responsabilidad al Estado, no solo por su participación como perpetrador del delito y por su aquiescencia y complicidad demostrada en muchos casos, sino por su incapacidad para cumplir con su deber constitucional de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.

La diversificación de perpetradores y de víctimas obedece a que las intencionalidades, esto es, los objetivos que se persiguen con esta práctica, también han cambiado. Ya no solo se desaparece para castigar a un opositor político y para reprimir e impedir la organización, sino que además se desaparece para propagar el terror y ejercer el control territorial. Se desaparece también para ocultar la dimensión de los crímenes cometidos, para borrar evidencias y así dificultar los procesos de investigación y judicialización. Se desaparece para distorsionar (aumentar o disminuir) el número de “bajas” causados al o por el enemigo.

La dimensión y el drama de la desaparición forzada aumenta y se complejiza además por la larga duración, fragmentación y degradación de la guerra, que va generando fenómenos difíciles de tipificar y de delimitar jurídica y conceptualmente. En este sentido, las maneras en que se ejecutan otras prácticas criminales como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento forzado, terminan por negar o impedir que las familias accedan a cualquier información sobre el destino y paradero de las víctimas, perdiendo todo rastro sobre ellas, lo cual las sitúa en una realidad afín a la que enfrentan familiares de los desparecidos forzados y a plantear exigencias similares. En muchos casos, estas modalidades de violencia terminan configurando casos de desaparición y en ocasiones llegan incluso a reunir las características propias que establecen el delito de la desaparición forzada. Esto es: la sustracción de la persona, la retención y negación de que esta se encuentra en poder de los actores armados y el ocultamiento de información sobre su destino y paradero.

En efecto, hoy son miles madres, padres, familiares y allegados que claman por saber qué pasó y dónde están las personas que fueron secuestradas, los jóvenes que fueron sustraídos de sus familias para engrosar las filas de los grupos armados o aquellos que fueron enterrados sin identificar y presentados como supues- tas bajas en combate. Si bien en estos casos no hubo, por cuenta del perpetrador, la intención explícita de desaparecer y no se ha configurado el delito de desaparición forzada, resulta necesario reconocer, nombrar y considerar estos casos especialmente por razones humanitarias, pues ellos merecen atención y respuesta, pero también por razones analíticas dado que permiten una mejor comprensión del fenómeno y por la necesidad de dimensionar las tareas que el Estado debe realizar en términos de búsqueda de personas y de restos humanos, así como de identificación y entrega de cuerpos.

Por ello también resulta pertinente advertir que más allá de la intencionalidad de los perpetradores, la dimensión y el drama que generan la desaparición aumentan por las inadecuadas prácticas de trato y entierro de cadáveres. Los perpetradores se encargaron de borrar todo rastro de los cuerpos de sus víctimas, convirtieron los ríos y mares en cementerios y llenaron el país de fosas clandestinas con personas no identificadas. A esto se agrega la ausencia de procesos y técnicas adecuadas para resguardar e identificar los cuerpos de las víctimas por parte del Estado. Así, cada vez que un cadáver es indebidamente identificado o resguardado, se impone una desaparición, pues si bien en algunos casos las familias saben con certeza de la muerte de sus allegados, no saben del paradero de su cadáver.

Podríamos concluir entonces que la dimensión y complejidad del drama que se afronta hoy en el país frente a la desaparición forzada es el resultado de la conjunción de varias situaciones: de un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad o de distorsionar las cifras producto de sus acciones, y por otro lado, de la existencia de condiciones y prácticas de trato indigno a los restos humanos, especialmente en las morgues y cementerios del país, y de la ausencia de mecanismos idóneos que permitan emplear técnicas eficientes y oportunas para identificar los cadáveres y para facilitar que sean entregados a sus familias. Los desaparecidos son entonces el resultado trágico de una guerra cruenta y degradada y de la precaria acción del Estado que no ha sabido responder las demandas urgentes de las familias y sus obligaciones legales.

Las dimensiones y características de este crimen resultan escabrosas, pues nos dice que en este país cada día tres personas han sido víctimas del delito de desaparición forzosa. A este panorama desolador se suma la soledad en la que las víctimas han debido adelantar por sí mismas las labores de búsqueda de su ser querido. Así, a la tragedia que provoca la ausencia de una persona en su familia y allegados, se agrega el desgastante y el arriesgado trabajo que estas deben emprender con el propósito de hallar o de saber de su familiar. En esta tarea se suelen enfrentar con funcionarios en ocasiones desinformados o indolentes, o hasta con los propios criminales, deben invertir sus energías y sus medios económicos, causándoles nuevos daños, impactos y sufrimientos.

La tarea de búsqueda de rastros y de restos humanos y la lucha por la justicia en cabeza de parientes y allegados, los ha hecho víctimas de injurias y calumnias, de nuevas amenazas, de persecuciones, muertes e incluso de desapariciones, provocando en Colombia la aberrante realidad de desaparecer a quienes buscan a sus desaparecidos. Estas situaciones deben terminar, pues resultan inmorales e inaceptables.

Frente a la desaparición forzada el Estado no debe escatimar esfuerzos, y si bien hay importantes logros institucionales en la búsqueda y en el esclarecimiento de las dimensiones del fenómeno, estos continúan siendo insuficientes, tardíos y descompensados, más aún si se observan en relación con los alcanzados en otras modalidades de violencia en los que se ha desplegado una acción institucional más pronta y eficaz. El compromiso y esfuerzo estatal deberá reflejarse, entre otras medidas, en la conformación de grupos especiales de búsqueda orientados a encontrar con vida a las personas desaparecidas y no solo centrarse en buscar en identificar a quienes ya han fallecido.

Si bien las cifras son escandalosas y deben remover la conciencia de esta nación, sabemos que los datos aquí planteados, que no incluyen a las personas dadas por desaparecidas, siguen siendo una aproximación y que llegar a una cifra más acorde a la realidad demandará de esfuerzos institucionales que lleven a superar prontamente la fragmentación institucional existente y que permitan asumir criterios conceptuales y técnicos que garanticen una acción clara y unificada en la tarea de documentar y registrar información.

La tarea no es fácil, pues la complejidad del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en el país plantea enormes retos. Algunos tienen que ver con la dificultad para diferenciar la desaparición forzada de otras desapariciones (diferenciarla y al mismo tiempo relacionarla); otros con un ejercicio de depuración que permita identificar duplicación o subregistro de información; asimismo con la construcción de mecanismos que faciliten a las familias llevar a cabo sus procesos de denuncia en condiciones de dignidad y seguridad; uno más con reconocer la desaparición forzada como una conducta penal en concurso con otras que habitualmente son las únicas que quedan tipificadas, como ocurre muchas veces con el homicidio y el secuestro; y otros más con superar las barreras que se imponen a la coordinación interinstitucional manifiestas en las restricciones a compartir información entre las instituciones bajo el argumento de la confidencialidad y la reserva, que en muchos casos son contrarios a lo que ampara el marco jurídico vigente.

Debemos insistir en que la falta de una acción estatal decidida y eficaz en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la identificación y castigo de los autores materiales e intelectuales, permite consumar la desaparición y así garantizar el triunfo del propósito criminal: desaparecer a la persona, eliminar su rastro e impedir su hallazgo; causar daño intenso y duradero a las familias, allegados y comunidades; invisibilizar el hecho y así lograr la impunidad.

Frente a la dimensión y características de este crimen establecido como delito de lesa humanidad resulta cuestionable también la ausencia de movilización y de solidaridad ciudadana. Golpea a las víctimas la soledad en la que sufren su tragedia y la estigmatización y sospecha con que en ocasiones son vistas. La desaparición, la impunidad y la indiferencia se juntan y las obligan a realizar la tarea adicional de no permitir que el hecho se instale en el olvido, de impedir que los casos queden sumidos en expedientes que reposan por años, y que en consecuencia, por obra de estas situaciones, sus familiares sean desaparecidos no solo una, sino dos o tres veces. Se debe luchar entonces no solo contra la desaparición de la persona, sino contra la impunidad y contra el olvido, pues como gritan los familiares “si los olvidan, si los olvidamos, mueren”.

La indolencia, el silencio y la indiferencia contrastan con la valentía y el trabajo arduo y dedicado de los familiares y sus organizaciones. A ellos, a su trabajo y su esfuerzo les debemos las conquistas jurídicas, las instituciones existentes, la conciencia creada y la puesta del tema en la agenda de los actuales procesos de negociación y en el escenario público nacional e internacional. Su saber y su experiencia será clave en el diseño de los mecanismos institucionales que se construyan para abordar la desaparición y serán determinantes para garantizar los avances en materia de búsqueda, identificación y atención.

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