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Censura preventiva

Marta Ruiz señala lo absurdo de la censura preventiva. Hace énfasis en la demanda que está impidiendo llevar al cine Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez

2010/03/15

Por Marta Ruiz

En México está ocurriendo algo insólito. Una coalición de ONG que trabaja contra la explotación sexual de menores ha logrado frenar el proyecto de llevar al cine Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, con el argumento de que es una apología de la trata de personas y una incitación al abuso de los menores. No sé si Teresa Ulloa, la demandante, se sonroja por lo menos cuando dice que su objetivo es evitar que se produzca la película, pues ésta, al llegar a un público más masivo, será más nociva que el libro. Aquí o en Burkina Faso las pretensiones de la señora Ulloa, por loable que sea su causa, configuran, si los jueces la acogen, un caso de censura previa. Y de majadería sin límites.

Lydia Cacho, reconocida periodista y activista en contra de la explotación de menores, escribió una controvertida columna en El Universal de México donde se escandaliza –con toda la razón– porque parte del dinero del proyecto provenía del gobierno local de Puebla, cuyo gobernador ha sido denunciado por Cacho, con evidencia y después de serias investigaciones, por ser cómplice de mafias dedicadas a la explotación sexual de menores. Esas mafias están vinculadas a sectores políticos, y en ese sentido los resquemores de Cacho me parecen justos.

En donde yo creo que Cacho se “descachó” es en meter en un mismo costal estas mafias, por un lado, y un viejito de 90 años que paga por acostarse con una niña virgen de 14 años. Estoy de acuerdo en que el viejo verde merecería cadena perpetua por pederasta y degenerado (y optimista), si no es porque el nonagenario de marras es un personaje de una novela. Es ficción. Algo que tanto Cacho como Ulloa parecen considerar un dato menor. De nuevo se le pide a la literatura una corrección política que desborda sus ámbitos. Igual que hace unos años el escritor colombiano Germán Santamaría propuso que se saboteara la presentación de la película La virgen de los sicarios porque era apología de la violencia. En esa ocasión le oí decir en la radio que en la película mataban a alguien en el metro de Medellín y eso en la realidad nunca había ocurrido. ¡Tamaña confusión!

También subyace en los argumentos de Cacho y de Ulloa que una película puede incitar al mal. Algo que es muy cuestionable y que de hecho sólo se podría discutir cuando la película esté lista. Lo apologético y lo panfletario frecuentemente no tienen que ver con el tema, ni con la trama de una historia, tanto como con lo vulgar o sutil que sea su tratamiento. En el cine un ambiente, una fugaz mirada, un silencio, un gesto pueden construir el significado de una historia. Por eso una y mil veces es absurdo considerar apología un relato que aún no existe.

Pero aun en el caso de que el tratamiento no sea “políticamente correcto”, ¿hay derecho a censurar una obra? Esa es una pregunta que yo le haría a Lydia Cacho, quien ganó el año pasado el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano, que otorga la Unesco. ¿No merece el público por lo menos el derecho de verlo, debatirlo e indignarse si es que quiere?

En su lúcido ensayo sobre la pulsión por la censura, J. M. Coetzee dice que esta nace de la ofensa. El Nobel analiza el caso de la pornografía y las recurrentes mareas de grupos y personas que abogan por su prohibición. El escritor dice que “si bien una obscenidad es una ofensa, no es necesariamente un daño”, y advierte sobre la tendencia a usar los tribunales para reparar los desequilibrios sociales. Pronostica también el advenimiento de un día en el que la función censora se habrá internado tanto en la sociedad, que ya no serán los Estados, sino lo particulares quienes la ejercerán. De hecho, lo estamos viendo en varios países. En estas latitudes, por ejemplo, hace poco un funcionario de una empresa de comunicaciones decidió tapar una caricatura exhibida en un museo con una ácida alusión a los falsos positivos. Lo hizo, según informó la prensa, para no “ofender” a los funcionarios gubernamentales que llegarían a inaugurarla. Como si ofendiera más una representación de la realidad que la realidad misma.

Una cosa es que la novela de García Márquez carezca de profundidad y que su personaje se quede a medio camino, como lo ha señalado el propio Coetzee en sus más recientes críticas. Pero tildarla de apología del delito es una infamia. Si triunfa esa tesis, habría que quemar en la hoguera también varias de las obras de Gabo, empezando por la Increíble Historia de la Cándida Eréndira.

La idea de que una película puede hacer daño social por su contenido es tan cuestionable como aquella de que una película aleccionante y con moraleja nos llevará a un mundo mejor. Hasta ahora no he visto que las decenas de canales de televisión de autoayuda o religiosos nos hayan salvado de la barbarie. Este es un largo de debate que en la mayoría de los países democráticos se ha zanjado a favor de la libertad de expresión. Y que debería alentar un debate rico, sobre la fricción que suele haber entre derechos y libertades en el mundo moderno. Pero es un debate para darlo cuando se han visto las obras. Por eso sería tan absurdo que se impusiera la censura preventiva.

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