Cuenta Herbert Braun en su libro Mataron a Gaitán que la tarde del 9 de abril, cuando la turba de indignados por el asesinato del caudillo se agolpaba en la plaza de Bolívar, el teniente Silvio Carvajal al mando de veinte hombres, convertidos en pelotón de fusilamiento, se apostó sobre la carrera séptima y le apuntó a la multitud. Los manifestantes avanzaron: creían que el Ejército estaba allí para protegerlos. Pero Carvajal dio orden de disparar y en cuestión de quince minutos la plaza estaba desierta. Solo quedaban en ella, tendidos, un puñado de cadáveres cuya sangre se escurría por el pavimento mezclada con la lluvia que esa tarde no paraba de caer. Era la primera vez, según Braun, que soldados cometían una masacre contra civiles desarmados en Bogotá.
Las élites estaban rotas. El sectarismo se sentía en todos los rincones del país, y la violencia política, con Gaitán tendido en el piso, ponía la primera piedra en el largo camino de la intolerancia. Después de muchos años, y varios millares de muertos, vino el armisticio, un General en la Presidencia y el Frente Nacional. Alberto Lleras les entregó a los militares el manejo del orden público, con la idea de que se alejaran de la política. Poco después, como lo han señalado varios escritores, el Ejército colombiano pasaría a tener una adscripción anticomunista, que conserva hasta el día de hoy.
En un país con un Estado débil, los militares se convirtieron en Dios y Ley en muchas regiones. Obviamente, no en aquellas donde Ley y Dios eran las guerrillas. Digamos que así eran las cosas en los albores de los años ochenta, tal como se describe en uno de mis libros de cabecera sobre el conflicto armado colombiano: La Rochela, memorias de un crimen contra la justicia, publicado por el Grupo de Memoria Histórica hace tres años.
Aunque el texto trata de la masacre de una comisión de funcionarios judiciales cometida en el Magdalena Medio en 1989, cuando estos investigaban una serie de desapariciones forzadas y asesinatos en esta región; en realidad el capítulo quinto es uno de los más esclarecedores textos sobre los motivos profundos que dieron origen al paramilitarismo en 1982.
El conservador Belisario Betancur había llegado a la Presidencia con la consigna de abrir el sistema político para que ingresaran los alzados en armas. Dicen los investigadores que las élites locales, tanto las tradicionales (léase ganaderos) como las emergentes (léase narcos), en alianza con sectores políticos (léase gamonales liberales en aquel caso) hicieron una coalición contrainsurgente con los militares para atravesársele a un posible acuerdo de paz con las guerrillas. No fuera que el fin del conflicto significara barajar de nuevo las cartas del poder regional, y se pusieran en riesgo sus feudos. Y se inventaron un engendro brutal: el paramilitarismo, cuyo objetivo no era solo acabar con la guerrilla sino sobre todo con su base social (léase votos potenciales).
Ahora que se vuelve a hablar de una posibilidad, quizá la última para nuestra generación, de llegar a una solución pacífica del conflicto, la prensa despliega todas las lecciones negativas que dejó El Caguán. No obstante, también hay que recordar que posiblemente la temprana paz de Belisario se fue al traste por el sabotaje del establecimiento, del sistema político y hasta de sus instituciones más poderosas. Y que mientras el Caguán fracasaba muchos oficiales le echaban más leña al fuego del paramilitarismo.
Los militares, a nombre propio o de otros, se han opuesto a las negociaciones que se han intentado en las últimas décadas. Ojalá esta vez no escuchen los cantos de sirena de los enemigos (¿agazapados?) de la paz. Que hay que decirlo con tristeza, son los mismos de otrora.
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