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Más tumbas que héroes

Esta fotografía en blanco y negro ilustra la carátula del libro Guerras recicladas, de María Teresa Ronderos: la espeluznante historia del paramilitarismo en Colombia en los últimos treinta años; es decir, en escorzo, la historia de Colombia.

2014/09/23

Por Antonio Caballero

 

Y está bien que sea en blanco y negro, o más exactamente en tonos de gris, porque no hay otro modo de narrar ese fenómeno atroz, que, como lo indica el título, se alimenta de devorarse a sí mismo. Así lo muestra, a manera de parábola, la historia de los hermanos Castaño de Amalfi, que por el control del aparato de exterminio y saqueo llamado de las Autodefensas se asesinaron los unos a los otros: Carlos, el menor, mató a Fidel, el mayor, y a continuación Vicente, el mediano, mató a Carlos; y fue muerto a su vez –aunque aquí las versiones de los testigos discrepan– por orden de Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de paz del gobierno Uribe, quien había sido el amparador de las falsas desmovilizaciones de “paras”. El ejecutor material del asesinato, un ex miembro preso de la Oficina de Envigado, fue liberado por Restrepo y al parecer, después de “hacer la vuelta”, asesinado e incinerado junto con sus escoltas. Por ahí sigue todavía viva una cuñada de los Castaño, Sor Teresa Gómez, organizando ejércitos anti-restitución de tierras.

La foto de la carátula muestra en primer plano una barriga con camisa a cuadros y una mano que acaricia el cañón de un fusil. Al fondo un niño mira en silencio detrás de la reja de una ventana. Y a la derecha, medio oculto por la esquina de una tapia, otro niño callado mira de frente al hombre armado. La tapia se ve sucia de grafitis despintados. A sus pies, crece un matorral de hierbajos y hay restos de basura. Es una foto de silencio, de expectativa y amenaza.

El libro cubre treinta años de masacres, asesinatos selectivos, expolios de fincas y desplazamiento de poblaciones, cometidos, en teoría, para defenderse de las atrocidades y los abusos de la guerrilla contra la población civil. Empieza cuando se fundaron las primeras Autodefensas en Puerto Boyacá, organizadas por políticos locales, y en Medellín en torno al MAS (Muerte a Secuestradores), de los narcotraficantes Pablo Escobar y los hermanos Ochoa; pasa por las semioficiales “Convivir”, en especial las de Antioquia: y sigue no solo hasta cuando, en teoría, el gobierno del presidente Álvaro Uribe desmanteló el paramilitarismo ofreciéndole la generosa ley de Justicia y Paz y extraditando luego a los Estados Unidos –por narcotráfico, no por delitos de sangre–, a media docena de sus cabecillas, sino también en su accionar posterior bajo nombres menos rimbombantes ya no “Héroes” y “Centauros”, sino “Rastrojos” y “Machos”.

Sin duda, lo más importante de la investigación de María Teresa Ronderos, más allá de las historias personales y las masacres colectivas, es la demostración de la participación del Estado, en todas sus ramas y niveles, en el horror del paramilitarismo. No es una revelación: desde el principio era conocida la alianza entre las Fuerzas Armadas y las bandas de asesinos y despojadores de tierras –y por eso se habla de “paramilitarismo”–, así como su financiación por parte del narcotráfico –y por eso se habla de “narcoparamilitarismo–”. También era conocida la relación de dependencia de buen número de parlamentarios frente a los “paras”: de ahí la invitación que se les hizo para que echaran discursos “parapolíticos” en el recinto del Congreso, la afirmación de Mancuso de que controlaban un tercio de la institución, y el posterior llamamiento a juicio, por “parapolítica”, de más de sesenta parlamentarios de diversos partidos, en particular del de “la U” del entonces presidente Uribe. Y era sabida de sobra la venalidad de muchos jueces y funcionarios judiciales. Pero hasta ahora, y a pesar de que se han publicado numerosos libros al respecto, no se había documentado con tanta precisión y claridad la complicidad activa y directa de todas las ramas del poder público en la guerra contra el campesinado colombiano (y solo muy secundariamente dirigida contra las guerrillas). Ejército, marina, policía, servicios secretos (con la colaboración de mercenarios extranjeros), magistrados, jueces, fiscales (en especial en los años de Luis Camilo Osorio como Fiscal General), ministros, gobernadores, alcaldes. Para no hablar del aplauso de las instituciones de la sociedad civil: baste con citar un editorial, reproducido en el libro, del diario El Tiempo, por esos años vocero indiscutible del establecimiento, escrito a manera de elegía funeraria cuando fue asesinado el fundador y organizador de las Autodefensas del Magdalena Medio, el representante Pablo Guarín, en 1987: “un mártir de la democracia”.

La autora también cuenta la historia de verdadero heroísmo –aunque más breve y en general frustrado–, de un puñado de fiscales, jueces y policías que no se dejaron sobornar ni amedrantar por la plata y el plomo de los paramilitares y sus secuaces, y que en la mayor parte de los casos fueron asesinados o tuvieron que huir a buscar asilo en países extranjeros sin que a nadie se le ocurriera brindarles protección ni mucho menos proclamarlos mártires.

La historia todavía no ha terminado: los dos niños de la foto siguen a la espera.

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