El procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez

El procurador del arte

Ahora que el Consejo de Estado declaró nula la reelección de Alejandro Ordoñez, quien se tendrá que apartar de su cargo, recordamos el caso de la exposición Mujeres ocultas, de la artista María Eugenia Trujillo, que abrió un debate sobre los posibles mecanismos para decidir cómo una expresión artística vulnera el sentimiento religioso.

2015/08/21

Por Editorial Arcadia

El pasado 29 de julio, el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, envió un documento de 28 páginas al magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González. En el texto de 28 páginas, Ordóñez fija su posición sobre una acción de tutela interpuesta por Mauricio Beltrán en contra del Ministerio de Cultura por la realización de la exposición Mujeres ocultas, de la artista María Eugenia Trujillo, en la cual se exhibieron varias imágenes de genitales sobre custodias, en el Museo Santa Clara, el año pasado.

En agosto de 2014, algunas instituciones religiosas como las Clarisas, la Conferencia Episcopal Colombiana y 14.000 ciudadanos que se consideraron ofendidos en su fe firmaron un derecho de petición dirigido a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, a través de la plataforma Voto Católico, pidiendo que se impidiera realizar la exposición. La respuesta de la directora del Ministerio, a través de la directora del museo, fue negativa. Mientras tanto, 75 ciudadanos interpusieron acciones de tutela contra la exposición por considerar que era lesiva al sentimiento religioso de los fieles de la fe católica. Uno de ellos fue Beltrán. El 27 de agosto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió la exposición. Y el 4 de septiembre decidió negar el amparo solicitado y levantar las medidas cautelares. En resumen, la exposición se realizó.

El concepto del procurador, sin embargo, quiere sentar un precedente bastante delicado por lo que se lee en su texto. Lo primero que señala es que el problema jurídico se abordó de una manera equivocada al favorecer el derecho a la libre expresión sobre el derecho a la libertad de cultos, el argumento central de la tutela de Beltrán. Para Ordóñez, lo que corresponde en este caso es definir “si el Estado tiene la facultad para publicitar, promover y aprobar esta exposición. Dicho en otros términos, la cuestión que se plantea es si al autorizar la exposición Mujeres ocultas el Estado vulnera los derechos fundamentales a la libertad religiosa y culto del accionante”. En otras palabras, lo que pretende el procurador es oponer dos libertades y definir qué puede promover el Estado sin vulnerar dos derechos constitucionales.

El asunto es que el juez se había pronunciado a favor de la artista argumentando que no desconocía la “gran importancia para la comunidad católica, [de] los elementos que han jugado un papel representativo en su historia y que se constituyen en el fundamento de los rituales eucarísticos de dicho credo, tales como las custodias”. La artista, argumentó la juez, se había valido de una figura “retórica” como la alegoría y que las “piezas ensambladas por la artista” no eran en sentido estricto custodias utilizadas para el culto, y “cada quien les atribuye el significado que desea”.

La pregunta del millón es si algo así es posible en el arte visto desde el Estado. ¿Qué hará, por ejemplo, el Ministerio ante un guion ganador del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (fdc) si este resulta lesivo para alguna comunidad religiosa del país? ¿Qué pasaría en el caso de que un libro de Fernando Vallejo –como ya ocurrió–, un apóstata declarado y gran opositor de la Iglesia católica, resulta ganador del Premio al Libro del Año? ¿El Estado, en este caso en cabeza del Ministerio de Cultura, puede decidir cuáles son los límites del arte? ¿No estaríamos ante un tribunal de censores que pretendería sentar una posición para legislar en contra de las malas o buenas costumbres? ¿Se defiende un derecho –el de la libertad de cultos–, pero se debe sancionar otro –el de la libertad artística de expresión–?

La Corte Constitucional tendrá que decir qué opina en este caso. Lo que parece interesante es el debate que se abre sobre los posibles mecanismos para decidir cómo una expresión artística vulnera el sentimiento religioso. En ese sentido, estaríamos entrando en un terreno muy subjetivo en el que se abriría la puerta a que cualquiera que considere que una obra lo hiere o lo insulta puede demandar al Estado por considerar que difunde ideas contrarias a sus creencias íntimas.

La evolución de las ciencias y, en general, de la cultura es un proceso que ha avanzado a contracorriente de las consideraciones propias de la fe. En este sentido, cualquier expresión artística, en manos de una mente fanática, podría interpretarse lesiva al sentimiento religioso. Pero ¿religioso de quién? A alguien podría parecerle que, siguiendo la Ley Antidiscriminación, las representaciones artísticas misóginas pululan en las iglesias.

El tema, sin duda, daría para incluir la opinión de un especialista en semiótica, en teoría de la recepción, en crítica e historia del arte, en filosofía, en sociología y un largo etcétera de especialidades, pues el derecho es insuficiente para pronunciarse en cuanto a los límites de la interpretación del arte se refiere.

El procurador busca exhortar al Ministerio de Cultura de abstenerse de “autorizar la exhibición en recintos públicos de muestras artísticas cuando estas resulten lesivas al sentimiento religioso de fieles de cualquier confesión”. Y para ello, ha emprendido otra nueva y absurda cruzada.

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