Obra de Antonio Caro, 1976. Cortesía del artista y Casas Riegner.

La cultura es la gran olvidada en Colombia

El gobierno saliente no se la jugó a fondo para defender la cultura como uno de los ejes centrales en la probable reconstitución de una sociedad polarizada y fragmentada. Lejos de respaldar la gestión de las artes, la reducción ratifica lo que ya se sabe en el país: la cenicienta sigue siendo la misma.

2017/09/19

Por Gonzalo Castellanos V.* Bogotá

Para empezar, habría que dar por sentado que, en efecto, estamos en situación de posconflicto: el momento que sigue a la firma de un acuerdo, como el suscrito con las Farc; un período de tránsito, a la espera de rediseñar las bases para la paz; un recorrido en sí mismo ondulante de aspiraciones sin garantía.

En su momento, Jaime Bateman afirmaba que el M-19 estaba listo, y lo estuvo desde el origen de la organización, para negociar con el gobierno; que dejar las armas era relativamente fácil. Lo jodido, decía, era la paz, darles una respuesta a tantas personas que padecían de hambre en la calle.

Es evidente que las razones de la confrontación no están superadas. Este ha sido un fenómeno aciago que deriva de la exclusión, de un sistema de concentración económica y de poder que rebasó límites de inequidad para volverse iniquidad social. Su origen también está en la negación del disenso democrático, en la proclividad a abordar con intimidación las contradicciones ideológicas, sociales, las particularidades culturales.

Ninguna proclama de paz puede obviar que el conflicto en nuestro país empezó siendo con el país mismo. Los hechos y causas de la guerra atraen –o encubren todavía– nombres, tácticas de dolor e intereses. Si se circunscribe solo al lapso desde la creación de las Farc y el ELN, este conflicto dejó cerca de 7 millones de víctimas directas. En los últimos 50 años, unos 250.000 muertos (el 81% de ellos, civiles), más de 60.000 desaparecidos; 6,5 millones de desplazados (casi 2 millones de ellos, entre niños y adolescentes, cerca del 15% de población afro y el 10% de población indígena).

La guerra produjo desarraigo de grupos étnicos o raciales y puso en riesgo lenguas, tradiciones, expresiones populares. Además, son excesivos los casos de atentados contra personas que, con prácticas artísticas, denunciaron la desigualdad que trae la guerra. Y desde las firmas de los acuerdos (fueron dos y en circunstancias emocionales disímiles), muchos líderes sociales han sido asesinados.

Sin embargo, aunque las razones de esa confrontación no estén superadas, aunque todavía acechen organizaciones criminales y una pérdida de legitimidad pública venida de la corrupción, cómo no darse una (otra) oportunidad de creer que a partir del cese al fuego con las Farc (y el codiciado cese definitivo con el ELN, pese a su obstinación) hay una posibilidad (o varias); un puente para abordar disensos, para una concepción agonista de consenso racional (en términos de la filósofa posmarxista de Chantal Mouffe) que nos lleve de una vez por todas a aceptar que las contradicciones naturales en la democracia –más si el escenario es el de una democracia adolescente, como la nuestra– no vuelven al opositor un objetivo de exterminio.

En momentos rudos, la vida y la producción cultural y artística lo han entendido. Desde allí han podido forjarse vectores de cohesión y resiliencia; se ha conseguido un respiro, resistencia personal y colectiva. La lectura, las fiestas, el canto, el teatro o la danza vienen operando a la manera de trincheras contra la brutalidad de la guerra y el aislamiento social, y como referencia de un mayor ímpetu en aquellos territorios que solemos llamar apartados, conceptual y geográficamente.

Durante esos tiempos aciagos, mediante iniciativas personales, comunitarias y de política pública, el país ha realzado y se ha resguardado en la variedad cultural, idiomática o artística (música, festividades, tradiciones, obras). Las industrias culturales y de entretenimiento (una frontera cada vez más difusa) son también protagonistas, con un aporte de varios puntos al PIB, mano de obra intensiva y trabajo limpio en términos ambientales. En Latinoamérica, Colombia está entre los mayores exportadores de bienes y servicios culturales, y entre las cuatro industrias editoriales y audiovisuales más sólidas, lo cual atrae trabajo, formación académica, especialización de oficios, en fin… Alternativas de desarrollo humano, no solo de crecimiento económico, que es un asunto, como lo puntualizó Galeano, a veces lleno de náufragos.

Correspondería pensar que si así sucede en la guerra, el posconflicto afianzará la cultura como fórmula. El acuerdo con las Farc obliga, por ejemplo, a reconocer la histórica injusticia contra poblaciones minoritarias, tarea de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el sentido de dilucidar cómo se afectó a comunidades indígenas, campesinas, negras, palenqueras, raizales y Rom, y a defensores de derechos humanos.

Por otra parte, el enfoque de desarrollo territorial (acordado como eje) debe basarse en particularidades culturales de las poblaciones. Allí, la participación ciudadana se apunta insustituible en la formulación de políticas sociales, incluidas la educación y la cultura.

Ya desde hace mucho tiempo que dejó de distinguirse entre ejércitos armados y civiles no combatientes, que fueron puestos como escudo u objetivo directo. Bien es verdad que en los 50 años anteriores la población colombiana en general fue implicada en la contienda; sin embargo, con suerte, el padecimiento de ser una víctima directa no se ha extendido a todos.

Las estrategias de reparación simbólica e integral planteadas para las víctimas, que es lo prioritario, prometen intensificar prácticas culturales y artísticas, y desarrollar derechos culturales. Entre todos los postulados de ese pacto, si los propósitos reparadores sobre las víctimas resultaran tímidos, si fueran construidos a conveniencia de no revelar la verdad de lo acontecido, estaríamos desde ya ante el fracaso de toda aspiración de paz.

Son, pues, profundas las obligaciones de la acción cultural en el acuerdo, y alentadoras las perspectivas. Pero dentro de la política y la gestión cultural esto implica hacer remodelaciones: la concreción de la participación ciudadana en el Sistema Nacional de Cultura, y mejores capacidades de actores culturales para influir en la decisión y control de planes y recursos (ejercicio veraz de una ciudadanía cultural).

Es impostergable revisar los canales de diálogo administrativos, legales, de políticas y recursos entre nación y entidades territoriales, porque es necesaria una readaptación de lo que frecuentemente denominamos el “nivel local”. También lo es profundizar la relación de la gestión cultural con la educación (fortalecer la formación artística desde la base del sistema educativo), la memoria, la ciencia y la tecnología, con el mundo de las telecomunicaciones que asentó novedosas plataformas para la circulación de contenidos simbólicos.

Hay incentivos para la producción cultural, pero es momento de generar otros para que la población marginada en el país tenga acceso (precios, hábitos, facilidades); es ocasión de reequilibrar las financiaciones públicas. La producción de contenidos en las diversas plataformas contemporáneas requiere, por ejemplo, mecanismos equivalentes a los que revitalizaron la industria del cine.

El lío, podría decirse, es que para tan formidable reto al Ministerio de Cultura le reducirán (según se anuncia) recursos de inversión para 2018. Es lamentable que, situándose la cultura como herramienta de paz en los discursos, no suba su financiación durante el silencio de fusiles. Esperábamos, coherentemente, que en el posconflicto se gastara menos en comprar balas y se abrieran más teatros, centros de memoria, espacios para lectura y las artes. Es razonable ilusionarse con mejores anuncios de presupuestos ante el hecho de que entre 2011 y 2017 el programa de Concertación del Ministerio de Cultura dio más de 408.909 millones de pesos a unos 11.000 proyectos, que es algo excelente. En este curso difícil también se consiguió el objetivo de una biblioteca pública dotada en cada municipio, en su gran mayoría con agenda de conectividad.

Sin embargo, con optimismo se oye a jóvenes que promueven iniciativas de creación de contenidos para plataformas no tradicionales expresar que no están detrás de que el Ministerio o las instancias culturales en sus municipios les den plata en convocatorias. Ellos no quieren acostumbrar su vida profesional o empresarial a eso. Prefieren un modelo público que les facilite la vida, la circulación, el acceso de las audiencias.

Quienes trabajamos en campos culturales nos acostumbramos a darnos golpes de pecho. Urge una gestión más activista, menos dependiente del dinero fluctuante del gobierno. Al margen del presupuesto y de un conjunto sustancial de estímulos tributarios y facilidades de trabajo (existen, y hay que tomarse unos minutos para conocerlos), hay una caja más gruesa en las regalías, y en programas vinculados al acuerdo, que no puede negárseles a proyectos culturales sólidos.

Mientras en el Teatro Colón de Bogotá se celebraban 20 años del Ministerio de Cultura (muy válido por todo cuanto se ha construido desde allí), el Instituto de Cultura de Bolívar reunía a los bibliotecarios del departamento. Algunos viajaron 15 horas; otros vinieron de los Montes de María, en donde la violencia no ha sido cosa de oídas o presentación de Excel, sino experiencia cotidiana de sobrevivencia, síntesis del valor transformador de la lectura, del relato.

Madurar reconciliación desde la cultura no es nuevo. Se ha avanzado. Aun así, todo está por hacer. La oportunidad se muestra propicia para lo más profundo e infraordinario de la cultura en la libreta de prioridades, no solo para cumplir compromisos, sino para edificar una paz estructural.

*Abogado y experto en políticas culturales.

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