Un camarógrafo intenta filmar a un soldado armado con un cañón de tiro mientras la policía dispersa a los manifestantes en una protesta en Caracas.

Venezuela, hacer periodismo en estado de excepción

Censura, cierre de medios, poco acceso a Internet, robos, bloqueos, amenazas y presiones a periodistas. A pesar de todo eso, desde que Nicolás Maduro subió al poder ha habido una proliferación de nuevos medios digitales independientes que le siguen la pista al gobierno.

2017/08/25

Por Laura Helena Castillo* Caracas

Había aprendido que lo mejor era no mirarlos a los ojos. Por eso siempre los vi del cuello para abajo”. Fabiola Ferrero, fotorreportera venezolana, aprendió que no debía mirar el rostro de sus asaltantes. Se lo enseñaron en un taller de la Fundación Carolina, hace unos años. El domingo 30 de julio, un poco antes del mediodía, lo tuvo que poner en práctica: “Estaba en la calle, esperando la moto que nos venía a buscar. Salí con todos los equipos para hacer la cobertura electoral y pasó un grupo de motorizados, algunos de ellos con el brazalete de la bandera de Venezuela que usa el chavismo. Le digo a la persona que estaba conmigo: “Esconde los equipos, son colectivos”. Me puse detrás de un árbol pero uno de ellos nos vio y llamó al resto. Nos rodearon, nos apuntaron con pistolas y preguntaron para quién trabajábamos. Yo no quise involucrar a ninguno de los medios para los que trabajo, así que solo les decía que se llevaran el bolso, que ahí estaba todo. Nunca hice contacto visual. Lo primero que me pidieron fue el chaleco antibalas”.

Ferrero iba a cubrir para El País de España la elección de los constituyentistas que van a modificar la Carta Magna venezolana, diseñada por Hugo Chávez en 1999. La jornada, precedida por más de cien días de protesta que han dejado más de 120 fallecidos, fue particularmente adversa para los periodistas porque el Consejo Nacional Electoral dejó a medios importantes sin acreditar y prohibió el trabajo de los reporteros a menos de 500 metros de los centros de votación. Ferrero ni siquiera llegó hasta allí. Otros sí lo lograron y fueron recibidos a las afueras de un centro de votación por funcionarios militares: “¿De dónde son ustedes?”, grita un militar mientras se acerca desde lejos. “No me grites, que soy periodista”, le responde una mujer. “Eso no es problema mío”, dice el oficial. “Ya va, estamos llegando. Somos varios medios de comunicación. Está El Nuevo País”, intentan explicarle.

“¡Pártele toda mierda! A ese medio no lo conozco. ¡Fuera! Fuera de aquí antes de que te parta toda mierda. Si te veo grabando los escoñeto”.

Uno de los reporteros hizo la grabación de este diálogo bajo riesgo, bajo el cuello de los militares, como aprendió a mirar Ferrero a los agresores. Ese domingo 30 de julio se completó un círculo que se empezó a dibujar en abril de 2013, cuando, recién fallecido el presidente Hugo Chávez, Nicolás Maduro obtuvo una ajustada victoria presidencial. Desde ese momento ha lidiado con una prolongada crisis de gobernabilidad que empezó en las protestas de 2014, denominadas La Salida y por las que está preso el dirigente opositor Leopoldo López, y en la pérdida de la mayoría parlamentaria en diciembre de 2015.

De algunas situaciones adversas Maduro ha salido mejor parado que de otras, pero ninguna ha hecho tanto daño a su imagen personal y a la de su gobierno como la que empezó el 1.o de abril de este año. Dos días antes, el Tribunal Supremo de Justicia se adjudicó las funciones de la Asamblea Nacional, y dentro y fuera del país se escucharon voces calificándolo como un autogolpe de Estado. La más sonora y con más eco fue la de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la república, que lo definió como una “ruptura del hilo constitucional”, y con su declaración abrió brecha para la entrada –por primera vez– del chavismo disidente al alto gobierno. Roto el hilo, se rompió todo lo demás: para intentar sofocar las protestas de calle, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con más de 70% de la población en contra según varias encuestas, y sin realizar antes un referéndum consultivo. La oposición decidió no participar y, ante la postura de Maduro de mantener la votación, 50 países la han rechazado (entre ellos Estados Unidos, Colombia y Brasil). El Vaticano, que sobre el caso venezolano opina en decibeles afónicos, pidió desmontarla. Un poco antes, el gobierno de Donald Trump calificó a Maduro de dictador y le impuso sanciones individuales. Con mucho en contra, la ANC sesionará hasta agosto de 2019 y una de sus primeras decisiones fue la destitución de la fiscal Ortega Díaz.

Para Ferrero, el mismo comienzo de la ANC significó constatar los daños directos y colaterales de cuatro meses de protestas y de la respuesta de los organismos de seguridad:

“Al llamarlos para pedirles ayuda, me di cuenta de que todos mis compañeros están cortos de equipos. A agencias internacionales importantes les han robado tres y cuatro cámaras, otras se las han dañado. Una hasta fue aplastada por una ballena de la Guardia Nacional. En este robo yo perdí entre 5.000 y 6.000 dólares. Ahora estoy mandando montones de correos para ver quién me presta una cámara para salir a trabajar”.

*

“Tenemos de todo: ataques a nuestros servidores, apuntados con armas en protestas; ataques físicos a nuestros periodistas; amenazas de sujetos investigados; llamadas de abogados, anunciantes que tienen miedo de ser visitados por el Seniat, el organismo recaudador de impuestos”. Nelson Eduardo Bocaranda es editor jefe del portal Runrun.es, que creó con su padre, Nelson Bocaranda, el periodista que dio la información sobre la enfermedad de Hugo Chávez antes que el propio presidente. En ese medio digital se reunieron periodistas que venían de diarios impresos. Algunos de ellos, premiados por sus notas de investigación, debieron renunciar a sus trabajos después de la venta de las empresas editoriales y el posterior cambio de línea editorial.

La relación entre Maduro y los medios empezó a tensarse al poco tiempo de convertirse en presidente. La venta del canal de noticias Globovisión en 2013, que cambió su línea editorial crítica por una mucho más favorable a la línea oficial, y la de los diarios de circulación nacional El Universal y Últimas Noticias modificaron el mapa de las opciones informativas del país. La implosión de esas redacciones, en lugar de dejar un terreno posapocalíptico, propició la fundación de medios digitales, liderados por veteranos formados en el periodismo tradicional, acompañados de nuevas generaciones de reporteros: Armando.info y Runrun.es, con acento en el periodismo de investigación; El Estímulo, con énfasis en crónicas y entrevistas; Efecto Cocuyo, de clara vocación en formar periodistas jóvenes; Crónica Uno y El Pitazo, con énfasis en el periodismo comunitario y en dar talleres de formación de infociudadanos; y los canales de televisión digital Vivo Play y Venezolanos Por la Información, de los pocos que muestran en directo lo que sucede en la calle.

“Armando.info formalizó sus operaciones en julio de 2014 cuando advertimos que la compra de los medios tradicionales por parte de capitales chavistas había abierto una oportunidad para hacer el trabajo que siempre habíamos hecho. Esto es periodismo riguroso, independiente en la medida de lo posible y en la acera contraria tanto del gobierno como de los poderes fácticos. Seis meses antes, con nuestros ahorros y el aporte de dos mecenas, ya habíamos decidido buscar a una incubadora de emprendimientos digitales, llamada Negocios Digitales, para que nos ayudara a conceptualizar el sitio y a convertirlo en un negocio sostenible. Es un proceso complicado, arduo, que a veces parece inalcanzable. Pero estamos encaminados”, dice Alfredo Meza, uno de los fundadores de Armando.info.

La censura de los gobiernos chavistas no solo ha sido ejercida a través del cierre de medios, como sucedió en 2007 con el canal Radio Caracas Televisión, o la penalización sin proceso administrativo previo. También ha dejado como resultado una cotidianidad informativa deshilachada, con pequeños y puntuales duelos: redacciones de medios tradicionales desmembradas, 40% de la población sin acceso a internet –según cifras oficiales–, una de las conexiones de internet más lentas del mundo, falta de mantenimiento de servidores de telefonía digital por la insuficiente liquidación estatal de dólares preferenciales, ataques a portales informativos, bloqueos de páginas incómodas, amenazas públicas de altos funcionarios; agresiones en las coberturas de mano y boca de opositores y oficialistas; además, el robo sin sanción de equipos por parte del hampa, de grupos armados que reconocen defender al gobierno nacional o de funcionarios, decomisos de equipos que jamás regresan. Y periodistas que emigran y tampoco regresan.

Desde 2015, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha monitoreado 2.443 violaciones a la libertad de prensa (un promedio de tres al día) y 797 casos de uso abusivo del poder estatal (un promedio de uno diario). Entre enero de 2005 y septiembre de 2016, la ong registró 50 cierres de estaciones televisivas y radiales en distintos estados de Venezuela, de las cuales se desconoce su estatus actual. Solo en 2017, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha ordenado cerrar 41 emisoras de radio y un canal de servicio público. “Más de la mitad de estos casos, que representa el cierre de 23 estaciones radioeléctricas, ha salido del aire durante el marco de las manifestaciones ciudadanas que comenzaron el pasado 1° de abril, en un contexto en el que se han confiscado las libertades ciudadanas en Venezuela, bajo un Decreto de Estado de Excepción”, dice un informe de Ipys. La situación no ha hecho retroceder a ninguno de los medios jóvenes, mientras otros históricos y de mayor alcance, como los canales Venevisión y Televen, transmiten, en muchas ocasiones, un boceto de la realidad.

“Hay un grafiti a unas cuadras de la oficina que dice ‘Nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo’. Ese más o menos es el espíritu del equipo. Las reuniones de pauta son las mismas desde que arrancamos en Runrun.es. No hay temor alguno. Es más, creo que después de cada ataque la resiliencia del grupo es aún mayor”, dice Bocaranda.

*

“Lo único que me devolvieron cuando me liberaron fue el carné de prensa”. A Mireya Vivas, trabajadora de un pequeño diario municipal llamado El Hatillano, la encerraron durante tres horas en un cuarto con restos de orines al que le lanzaban bombas lacrimógenas cada tanto. La detuvieron en una marcha el 10 de julio. Vivas no es periodista, pero se encarga de la página web de El Hatillano y ese día le tocó, como muchos otros, salir a reportear. “Todos hemos tenido la necesidad de salir a la calle. Todos hemos tenido que hacer de todo. Ese día salí a hacer fotos y le pedí a un guardia que soltara a un muchacho al que estaba golpeando y casi lo iba a matar. Lo soltó y, al ver que se escapó, me agarró a mí. ‘Yo soy prensa’, le dije. ‘A mí no me importa’, me respondió. Me agarraron por el cabello y me arrastraron. Más adelante me esposaron y me recluyeron en un edificio de Pdvsa”.

Vivas recuerda que le ponían polvo de lacrimógenas en la boca y le echaban agua para que le ardiera. También, que al salir después de que la Alcaldía de El Hatillo intercediera por ella, el superior de los militares la llamó para devolverle su acreditación de periodista. El casco, la máscara antigás, la cámara, el celular y las llaves jamás se los devolvieron.

En las protestas de abril –que ya van por agosto–, el chavismo mostró su cara más implacable y violatoria del marco legal en relación con los medios de comunicación, acusados frecuentemente por Chávez y Maduro de liderar campañas golpistas y de seguir agendas dictadas desde el “imperio norteamericano”. Antes, sin embargo, ya había dado muestras de excentricidad: en mayo de 2009, el gobierno de Venezuela quiso censurar hasta a la tierra. Esa madrugada, a los caraqueños los despertó un sismo y en el canal Globovisión, que aún no había sido vendido, buscaron la información en el servicio geológico de Estados Unidos porque la institución del Estado venezolano encargada de reportar el temblor no lo había hecho. Varios ministros declararon que el canal debía ser multado. Meses después, un sábado de lluvia, ocurrió otro sismo y la periodista que estaba al aire solo pudo balbucear, mientras todo se movía, que tal vez temblaba. El gobierno no quería que se informara que el piso se movía. Todavía no lo quiere.

Siendo ministro de Comunicación de Chávez, Andrés Izarra anunció que el gobierno buscaba conformar una “hegemonía comunicacional”. Durante un tiempo lo logró gracias a un tejido de medios públicos que “bajaba” la línea oficial dictada por Hugo Chávez, pero las cosas parecen haber cambiado. El periodista Alfredo Meza explica: “El régimen logró anular a los medios tradicionales, pero no ha logrado doblegar a los periodistas venezolanos y a sus emprendimientos. Cuando Izarra reveló esa idea no tomó en cuenta la deriva que tendrían esos mismos medios en internet y en las redes sociales. No podía preverlo y quizá nosotros tampoco. Me gusta pensar que ese vaticinio de muerte fue un acicate más en la aventura de ser periodistas y editores. Para su desgracia, y para nuestra fortuna, los medios surgidos luego de 2013 impidieron que se concretara ese plan perverso”.

*Periodista. Cofundadora de El Bus TV, un noticiero dentro de los autobuses de Venezuela. 

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