Los chilenos conmemoraron el 30 de agosto de 2015 el Día Internacional de los Desaparecidos en la Villa Grimaldi, un centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet.

Perdón…en la medida de lo posible

Recién iniciada la Transición a la democracia en Chile en 1991, el presidente Patricio Aylwin sentó las bases de la “justicia en la medida de lo posible”, respecto de los crímenes y violaciones a los DDHH de la dictadura cívico-militar. Veintiséis años más tarde, se exhiben las grietas de un pacto desconocido por la mayoría de la población.

2016/07/28

Por Vivian Lavín* Santiago

Para quienes tienen en sus retinas a un Chile congelado en esa gesta del 5 de octubre de 1988, cuando mediante un plebiscito el pueblo chileno le dijo No al general Augusto Pinochet y sus deseos de eternizarse en el poder después de 17 años de dictadura cívico-militar, les resulta difícil entender que en pleno 2016, aún se esté pidiendo Verdad y Justicia. Más difícil aún, cuando la Transición y sus sucesivos gobiernos democráticos se han esforzado por mostrar hacia el exterior los logros de un proceso de paz y reconciliación que, para quienes sufrieron el terrorismo de Estado, son muy insuficientes.

“Si en Chile se ha avanzado más que en otros países en la condena de estos crímenes, no ha sido por la voluntad política sino por la denuncia y porque nunca hemos dejado de demandar Verdad y Justicia, dentro y fuera de nuestro país. El Estado quiere demostrar que somos un ejemplo de democracia, cuando lo que se hizo verdaderamente fue materializar la justicia en la medida de lo posible: el sinónimo de la negociación y de haber pactado la impunidad para los violadores de ddhh”, dice Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La hija del detenido desaparecido Waldo Pizarro alude al expresidente Patricio Aylwin, el primero de la Transición, quien al presentar el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que esclarecía los crímenes y violaciones a los DDHH, pero no identificaba a los responsables, decía en 1991: “…habrá justicia solo en la medida de lo posible”, develándose en su mensaje las negociaciones previas que permitieron que el dictador dejara La Moneda –el palacio presidencial– pero que de ahí partiera al Congreso Nacional, como un intocable senador vitalicio.

La épica del plebiscito del Sí y del No, llevada incluso a la literatura y al cine, fue seguida por una Transición que desarticuló el tejido social que se había movilizado para sacar al dictador como también a los medios de comunicación que denunciaron sus atrocidades. El foco de la justicia se centró en unos pocos crímenes, en tanto, la mayoría restante aún la espera.

“Para mí fue muy fuerte porque escogieron unos pocos casos que llamaron emblemáticos, lo que ya es muy debatible –señala el sociólogo Manuel Guerrero, hijo de una de las tres víctimas del Caso Degollados–. Desde el derecho se hizo una justicia penal castigadora que, en forma ejemplar y severa, tomó solo algunos casos, castigando a muy poquitos actores materiales que están cumpliendo penas efectivas en cárceles exclusivas, pero no se castigó a los intelectuales… esa fue la medida de lo posible. Luego, se utilizó un lenguaje que tenía una cierta lectura cristiano-católica de la reconciliación y del perdón en un plano individual, pero no en el plano social”, apunta.

No más de 100 uniformados están hoy en cárceles especiales y gozando de una situación excepcional, si se considera que Chile es uno de los países con mayor población penitenciaria del continente. Peor aún, muchos de ellos fueron procesados como criminales simples y no de lesa humanidad, lo que les permite exigir ciertos beneficios carcelarios, otro argumento más para el debate sobre la impunidad y la deuda en ddhh de la Transición.

El general del Nunca más

Pasaron menos de diez años desde que Pinochet dejara el poder cuando el gobierno de Ricardo Lagos dio a conocer los resultados de la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, documento que solo detalla el tipo de sufrimiento que sobrellevaron las víctimas, pero no se identifica a los victimarios. En el prólogo del informe titulado Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo, el entonces mandatario decía: “Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y definiendo medidas de reparación moral, y también económica, a todas esas personas que fueron víctimas de atropellos a sus derechos más elementales”. En el marco de esta iniciativa del Estado chileno, el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, hacía un gesto inédito al sumarse al Nunca más, convirtiéndose la institución que dirigía en la única rama de las Fuerzas Armadas comprometidas en las violaciones a ddhh de esos 17 años, que hacía un reconocimiento explícito. Un general que pasó luego a retiro y de ahí a cumplir labores de gran interés y compromiso ciudadano, como director del Servicio Electoral. Hace unas semanas, sin embargo, fue detenido en calidad de encubridor de 15 homicidios en el caso Caravana de la Muerte, junto a otros seis exuniformados. “El general del Nunca más es un violador de Derechos Humanos: él simboliza lo que ha sido la impunidad cuando además relativizó el terrorismo de Estado, aduciéndolo a una espiral de violencia y a responsabilidades compartidas. Esto no se dice fuera de Chile, solo se hace referencia a los casos que se resuelven, pero en el fondo, cuánta verdad y cuánta justicia se ha hecho, no es algo que esté hoy en el centro de la discusión en nuestro país”, dice Lorena Pizarro. “No ha habido en Chile una elaboración destinada a colaborar con la justicia y a facilitar los procesos de perdón. Lo que hay en el mundo de las víctimas y de los sobrevivientes es una rabia acumulada porque en la mayoría de los casos hay una justicia parcial o nula. Pocos lograron una reparación simbólica personal. Como sociedad, están los Informes de Verdad y los memoriales que no son mantenidos por el Estado y están en pésimas condiciones”, explica Guerrero.

Un grupo de ex prisioneros políticos se mantenía, hasta cuando se terminó este artículo, en una huelga de hambre que ya superaba los 75 días. La demanda consistía en la apertura de los archivos a la brevedad, y no en 50 años más como está estipulado. Reclaman el derecho de conocer el nombre de sus torturadores, como también exigen reparaciones iguales a las que reciben los pensionados de las Fuerzas Armadas, cuando funcionarios condenados o cómplices de crímenes atroces no han sido borrados de sus filas, recibiendo beneficios que superan con creces a los de la población en general.

El perdón

“Han pasado más de 41 años desde ese 18 de enero de 1975 en que se llevaron al padre de mi hijo, mi amor. Para mí la pérdida es irreparable y hablar de perdón me irrita, me rebela, me pisotea, me ofusca. Nunca he escuchado a nadie que, habiendo tenido algún grado de participación en el secuestro y desaparición de mi marido, haya pedido perdón. ¿Cómo van a pedir perdón si jamás han reconocido su crimen?”, dice Silvia Vera, viuda del detenido desaparecido Alfredo García y luego pareja del periodista Pepe Carrasco, asesinado en venganza luego del frustrado atentado en contra del dictador en septiembre de 1986.

Y es que para hablar de perdón en el debate jurídico internacional es necesario que haya ciertas condicionantes previas: arrepentimiento y colaboración espontánea. Pero antes de todo, el esclarecimiento de lo acontecido, la ansiada Verdad que demandan las víctimas y familiares. El testimonio que Manuel Guerrero publicó en Facebook a partir de la conversación sostenida para este reportaje, lo grafica: “Yo sí he perdonado. Al primero y que me tomó años perdonar fue a mí mismo. El no haber podido hacer más para que mi papá apareciera con vida, entre la mañana del 29 y el 30 de marzo de 1985, me tomó tiempo perdonármelo (…). El segundo perdón era más complejo, y aún va y viene: al Partido de mi padre (…). Más difícil resultó perdonar a mi propio padre. Porque él corrió riesgos a mis ojos innecesarios (…). Me tomó años luego perdonar a mi familia. Cómo podíamos seguir viviendo nuestra vida cotidiana, con qué derecho, si estaba la ausencia del Manuel (…). Pero lo que más tiempo me ha llevado ha sido perdonar a Chile. Este país que me quitó a mi padre, que hace justicia a medias, que si no presionamos nos vuelve a dar la espalda. Y viví fuera con la voluntad de nunca más volver. Y mi forma de perdonarlo fue viniéndome a vivir a formar mi propio núcleo familiar, a estudiar, trabajar, armar organización barrial, recrear y recuperar amistades y formar nuevas. Sí, he perdonado en mi vida. Y ello me ha permitido ir más libre, liviano. Ha sido una elaboración larga, un ejercicio de apuesta por el amor. ¿Y a los asesinos? Ah, con ellos justicia. Nada más. Ni nada menos”.

Un periodista indignado

“No hay pleno esclarecimiento de lo acontecido: no se sabe si es que el expresidente Allende fue asesinado o se suicidó el día del Golpe del 11 de septiembre de 1973, no se conocen los nombres de quienes atacaron La Moneda ni menos de la conspiración que la antecedió. Hay múltiples crímenes que se mantienen en la nebulosa total, cuando algunos de ellos fueron amnistiados durante la dictadura”, espeta Juan Pablo Cárdenas, uno de los periodistas más combativos entonces. Eso le costó la cárcel en siete oportunidades, como dos incendios de su casa. En un acto solemne y emotivo, décadas más tarde, en representación del Estado, se le pidió perdón y se le ofreció una modesta reparación. Sin embargo, sigue ejerciendo su oficio con más fuerza que nunca cuando cada mañana, a través de los micrófonos de Radio Universidad de Chile y su diario electrónico, fustiga la actual situación política en la que se encuentra el país. “No se puede seguir imputando a la dictadura, ni siquiera a Pinochet, que ya está muerto, el que no haya habido esclarecimiento de los hechos, ni justicia ni reparación. Esa responsabilidad yo se la endoso a los gobiernos que siguieron al dictador, porque eran ellos los que tenían esta tarea. Mi indignación es en contra de quienes han estado en posición de hacer esto y, en cambio, han terminado en una actitud muy laxa, prolongando la vigencia de la Constitución pinochetista y aceptando las normas del modelo económico y social neoliberal heredado, reconocido en el mundo como uno de los más extremos, y que conlleva impunidades de otra naturaleza”, dice quien ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Chile y los premios Héroes de la Libertad de Prensa de la Federación Internacional de Periodistas y Pluma de la Libertad, por la Federación Mundial de la Prensa, entre otros. El año 2015, publicó el libro Crónicas indignadas, actitud que aquí refrenda respecto de quienes mantienen el diseño dictatorial: “Esa indignación la mantengo. No hay perdón con lo que ha sucedido. Tendría que haber un proceso de esclarecimiento respecto de quienes han especulado, se han enriquecido y se han dejado sobornar durante todo este tiempo en la política. Habría que esperar que se repusiera nuestro Estado de derecho democrático y las libertades públicas conculcadas, antes que pudiera perdonar a quienes han sido responsables de estas barbaridades. Este es un tema pendiente en nuestra sociedad. Más allá que nuestros ciudadanos puedan ejercer la abstención o la protesta social, lo cierto es que Chile, en materia de derechos, es muy deficitario, incluso en algunos aspectos se ha empeorado respecto de la dictadura, como lo es en relación con la libertad de prensa”, dice.

“Los civiles son los menos tocados, los más impunes. Son los que tienen el poder económico y los que aseguran un golpe de Estado y un terrorismo de Estado si es que las condiciones, nuevamente, a juicio de ellos, les son adversas. La mayor parte de los medios de comunicación está hoy en manos de los mismos que dieron el Golpe y entonces, cuando se demanda Verdad y Justicia, esto es contraatacado por una ofensiva comunicacional que dice que estos son temas del pasado que no permiten avanzar. Esta es una manera de asegurar la no sanción de estos responsables, que la gente no tome conciencia, para que no demande el término del tutelaje dictatorial, que no es solo en la impunidad en ddhh, también es la impunidad en lo económico y social”, finaliza Lorena Pizarro.

*Periodista.

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