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Guainía

Crónica de viaje a los ríos Guaviare, Atabapo, Inírida y Orinoco, lugares en el que el interés del Estado colombiano está lejos de ser sistemático. Una columna de Sandra Borda sobre los vacíos que deja tanto el gobierno como las Farc.

2017/04/22

Por Sandra Borda

Soy parte de esa generación de colombianos que creció encerrada: solo se podía viajar a donde llegaba un avión porque los paseos millonarios hacían de los trayectos en carro una aventura que podía terminar muy mal. Además, pasé la mayor parte de mi adolescencia en la Cali y la Bogotá de los ochenta y por esa difícil década ni siquiera los centros comerciales eran completamente seguros.

Por eso, cuando finalmente se acabaron las negociaciones con las Farc y empezó a terminarse el conflicto en este país, decidí que iba a salir de mi encierro. También quise hacerlo para ir desbaratando poco a poco miedos, reales e infundados, que continuaba cultivando desde mi regreso del exterior. Decidí que tenía que re-aprender este país y lo tenía que hacer bien; de extremo a extremo.

Empecé este proceso de re-conocimiento en los Cerros de Mavecure, en la honda Guainía. Una hora y tanto de avión hasta Puerto Inírida y otro par de horas en lancha me llevaron a mi lugar de destino.

El río Inírida, a unos minutos de la Estrella Fluvial. 

Pero como no soy escritora de guías turísticas, mi reflexión en ese lugar giró casi siempre en torno al mismo asunto: la presencia/ausencia del Estado en una región tan apartada. Como es de esperarse por mi condición de politóloga, lo primero que noté fue el abandono. Ni los elementos más básicos en el proceso de formación del Estado-nación están presentes allí: los canales nacionales no entran y, por tanto, hasta la más apartada de las comunidades indígenas a donde llegué tenía una antena de Directv. Esas poblaciones están más familiarizadas con ESPN y la Liga Española que con los novelones de RCN y Caracol. Alcancé a pensar que, a ese paso, Directv ya tiene cómo ensayar formas de gobernanza global con las que no cuenta ningún otro agente nacional o internacional.

Es un mundo en donde el Estado es reemplazado por la televisión por cable y por las organizaciones religiosas. En las comunidades indígenas más apartadas, salud y educación van por cuenta de ONG e iglesias, muy frecuentemente cristianas. A juzgar por las versiones de los habitantes de estas zonas, Directv y las iglesias funcionan, y funcionan bien.

Recorrí, en varios trayectos, los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida (todos ellos confluyen en la Estrella Fluvial del Inírida) y el Orinoco. En 2014, el gobierno declaró 253.000 hectáreas de esta Estrella Fluvial como humedal Ramsar, es decir, como área protegida contra actividades extractivas de gran escala y no compatibles con el mantenimiento de su frágil equilibrio medioambiental.

Sin embargo, esta es un área en la que la minería ilegal de coltán y oro abunda y solo se controla a través de esporádicos operativos militares. Adicionalmente, y a pesar de ser zona fronteriza, no hay acuerdo entre Venezuela y Colombia sobre la extracción del oro y ha sido difícil controlar los estragos ambientales sobre el Orinoco que produce el uso del mercurio. Y como las diversas formas de ilegalidad a veces se tornan en una combinación nefasta de todas las formas de lucha, los lugareños insisten en que la actividad minera ilegal está regulada por dos actores fundamentales: la Guardia Venezolana y una disidencia del frente 16 de las Farc.

Esta zona era efectivamente un lugar que controlaba este frente, al mando del Negro Acacio. Todo parece indicar, según declaraciones de personas de la zona, que hay milicianos que no se acogieron al proceso de paz y que han continuado aplicando vacunas y lucrándose del negocio de la minería ilegal.

Este año, Colombia fue incluida en el grupo de países más vulnerables a la explotación y comercialización ilegal de oro y recibirá asistencia especial de la ONU para lidiar con este problema. Pero Guainía sigue siendo un lugar en el que el interés del Estado colombiano está lejos de ser sistemático. El problema es que los vacíos de autoridad que dejan las Farc en estas zonas, ante la ausencia estatal, constituyen un incentivo perverso para que actores ilegales mantengan y consoliden su presencia, profundizando el daño ecológico y empujando a muchas familias (principalmente miembros de comunidades indígenas) a subsistir en medio de la ilegalidad, con los riesgos que ello implica.

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