Las penas del infierno: una columna de Antonio Caballero
Publicado: 24/09/2018
Por Antonio Caballero

Las penas del infierno: una columna de Antonio Caballero

Nuestro columnista Antonio Caballero comenta una foto de una mina de níquel a cielo abierto en Cerro Matoso (Montelíbano, Córdoba).

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Esto es Cerro Matoso, en Montelíbano, Córdoba. Una mina de níquel a cielo abierto que ocupa veinticinco kilómetros cuadrados: la cuarta más extensa del mundo, y una de las más contaminantes. Como se nota a simple vista: en cuatro décadas de explotación ha dejado un paisaje lunar, para decirlo con el habitual tópico. Pero es peor: un paisaje infernal, como esas llanuras del infierno que pintaron El Bosco o Brueghel el Viejo, alumbradas por el resplandor rojizo de lejanos incendios. Véanlo en esta fotografía de sucias tierras parduscas o de rojos agrios, amarillos pálidos, grises de niebla que se mezclan con la niebla blanquecina vomitada por las chimeneas de una construcción curiosamente arcaica, como diseñada ella también por pintores muertos hace siglos, fantasmal en la neblina con sus pálidos tejados amarillos. Unos minúsculos camiones amarillos que se abren paso por la vasta desolación salpicada de charcos que se adivinan pútridos, una minúscula retroexcavadora blanca detenida, canales de aguas color plomo. En Cerro Matoso la lluvia, cuando cae, lleva plomo, zinc, mercurio, arsénico. Y níquel, por supuesto. Es, ya se dijo, una mina de níquel a cielo abierto, que cierra de contaminación el cielo ceniciento.

Foto: León Darío Peláez.

Y en consecuencia ha sido demandada por los habitantes de ocho comunidades vecinas, indígenas zenúes y afrodescencientes, para que los indemnicen por ocho años de envenenamiento causante de diversas enfermedades respiratorias, oftálmicas, reproductivas, dermatológicas y cancerosas.

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Se está volviendo frecuente que las grandes empresas causantes de graves daños ecológicos y, paralelamente, de irreversibles daños fisiológicos y de salud a comunidades enteras sean llevadas ante la justicia. Casi siempre se trata de mineras, petroleras o químicas, y ocasionalmente de pesqueras. Los primeros casos se presentaron en los años ochenta del siglo pasado, y tal vez el más famoso y trágico fue el del envenenamiento con gases tóxicos que mató a más de veinte mil personas en la ciudad de Bhopal, en la India, por fallos en una planta de Union Carbide (Dow Chemical), arrasó con la ganadería y toda la fauna local, sumados animales salvajes y domésticos, perros, gatos, búfalos, en 1984. La empresa, llevada a los tribunales, tuvo que pagar indemnizaciones a las víctimas por 470 millones de dólares. Por la misma época sucedió el derrame de petróleo del buque Exxon Valdez en el mar de Alaska, que contaminó 2000 kilómetros de costa de los Estados Unidos y Canadá. Y en ese entonces empezó la destrucción y el envenenaniemto de las fuentes de agua en la selva amazónica del Ecuador, en Lago Agrio, Sucumbíos, por la petrolera Texaco, que al cabo de treinta años fue condenada por los tribunales ecuatorianos a pagar a las comunidades indígenas afectadas 9500 millones de dólares. Hace unas pocas semanas, el Tribunal Arbitral de La Haya le dio la vuelta a ese fallo alegando fraude de los indígenas demandantes; y es ahora el Estado ecuatoriano quien tendrá que indemnizar a Chevron, actual propietaria de la antigua Texaco, por una cifra todavía por determinar.

Porque en el mundo de la justicia internacional las empresas poderosas suelen ganarles los pleitos a los Estados pobres, no me pregunten ustedes por qué.

Pero volviendo a lo de Cerro Matoso: también aquí la empresa propietaria de la mina, que es la anglo-australiana BHP Billiton, ha sido demandada. En primera instancia, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue condenada a pagarles a los 3400 afectados unos 400 millones de dólares, fallo que confirmó hace un año –según informa Semana– la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. Pero la Billiton (que ahora, para el caso en cuestión, se llama Grupo South 32, así como en el pleito del Ecuador la Texaco había pasado a llamarse Chevron), los abogados de la Billiton, digo, han apelado la sentencia y quien debe tomar la decisión definitiva es la Sala Plena de la misma Corte Constitucional. El caso es típico de nuestra imparable tendencia por la leguleyada: se trata de establecer si la demanda de las víctimas que durante cuarenta años han padecido diversas enfermedades, lo cual no está en discusión, es o no es válida. ¿Por qué no iba a serlo? Por lo de siempre: un vicio de forma. Resulta que, por no estar reclamando el amparo de un derecho individual sino exigiendo una reparación colectiva, su petición debería haberse hecho por la vía judicial de la acción de grupo y no por la de la tutela, como lo hicieron los damnificados.

Así que además de haberlos obligado a vivir en el infierno, los van a condenar a indemnizar a la BHP Billiton.

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