‘El Sistema’ colombiano: el panorama de los jóvenes en la música académica
Publicado: 20/01/2020
Por Alexander Klein*

‘El Sistema’ colombiano: el panorama de los jóvenes en la música académica

Hoy las orquestas juveniles forman parte de la programación cultural de las grandes ciudades. En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, ya están programados trece conciertos de estas agrupaciones en 2020. Sin embargo, todavía falta explorar el potencial que tienen para transformar el panorama social en Colombia.

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En el léxico cultural y aun político de América Latina, gracias a Venezuela, el término “El Sistema” se ha convertido en un sinónimo de una exitosa política social cuya protagonista es la música. Su concepción se remonta a 1975, cuando el músico venezolano José Antonio Abreu dio a luz la idea de utilizar la música como un instrumento de transformación social que sirviera para apoyar y dar herramientas a poblaciones vulnerables y ayudarlas a encaminarse hacia una vida productiva y sana mediante la profesión artística.

Hoy, cuarenta y cinco años después, El Sistema venezolano ha inspirado decenas de programas educativos análogos en el mundo; todos, o casi todos, con figuras artísticas de suficiente renombre que han comprobado, una y otra vez, que el acceso a la educación y el arte –como un derecho y no como un negocio– son capaces de salvar vidas.

En Colombia, al igual que en otros países, la idea de utilizar la música y el arte como un instrumento de transformación social precedió a El Sistema por casi un siglo, dato que es poco conocido en el país. Por lo menos desde la década de 1880, músicos y educadores como Manuel Rueda y el italiano Oreste Sindici (autor de la música del himno nacional) fundaron compañías infantiles de zarzuela y escuelas gratuitas de canto que tenían como propósito proveerles a los niños más vulnerables de Bogotá un espacio para cultivar el arte e iniciar procesos de profesionalización artística.

Otro dato poco conocido es que el escritor Jorge Isaacs elogió públicamente la labor de Sindici, a quien describió como un filántropo que estaba transformando las vidas de esos niños, “la única esperanza del efectivo engrandecimiento” de Colombia.

Sobra decir, sin embargo, que labores como la de Sindici y Rueda no tardaron en estrellarse contra un muro de indiferencia que se erigió con la llegada de los Gobiernos conservadores de Rafael Núñez, Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro.

Hoy es evidente que el panorama de la educación artística de acceso gratuito en Colombia es menos desolador que antes, aunque es necesario mirarlo con cabeza fría. La iniciativa del siglo pasado que más conserva su prestigio ahora es el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia, más conocido con el nombre de Fundación Batuta, creado en 1991. María Claudia Parias, actual presidenta ejecutiva de la fundación, me contó que Batuta surgió gracias a la primera dama de la época, Ana Milena Muñoz, “quien conoció de cerca El Sistema de Venezuela”. Actualmente, en vísperas del trigésimo aniversario del programa de orquestas, sus beneficiarios son casi cuarenta mil niños y adolescentes, y sus doscientos centros de formación están repartidos en cada uno de los treinta y dos departamentos.

Según Parias, 50 % de los beneficiarios son víctimas del conflicto armado, 64 % está en condiciones de “extrema vulnerabilidad social” y 91 % es de estratos uno y dos.

Además de la Fundación Batuta, pocas fueron las iniciativas de educación artística y pública implementadas por las alcaldías y Gobiernos colombianos que cubrieron el largo periodo de 1990 a 2010. Con la llegada de esta última década, sin embargo, dos sucesos de importancia enriquecieron el panorama. En 2010, la Fundación Bolívar Davivienda se encargó de crear la Filarmónica Joven de Colombia, mientras que en 2014 la alcaldía de Gustavo Petro fundó las agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y varios proyectos educativos adscritos al Distrito, entre ellos el programa 40x40.

De naturaleza distinta, la Filarmónica Joven se ha encargado más bien de proveer espacios de intercambio internacional para sus integrantes, mientras que las agrupaciones de la OFB han hecho algo que ninguna otra iniciativa había logrado hasta el momento: darles a sus jóvenes miembros un espacio no solo artístico, sino también laboral, pues los intérpretes de estas agrupaciones devengan un salario por encima del promedio nacional y firman un contrato de prestación de servicios. Dado que por décadas uno de los problemas fundamentales de estos programas ha sido su incapacidad de proveerles a sus beneficiarios una fuente de ingresos estable que se traduzca en bienestar económico y social, la creación de las agrupaciones juveniles de la OFB y sus respectivos programas didácticos deben considerarse un hito educativo, social y artístico muy importante en la historia de Bogotá, si no de Colombia.

Dicho lo anterior, para nadie es un secreto que el país todavía tiene un largo trecho por delante con respecto al alcance real de estos programas, especialmente en cuanto al bienestar y la sostenibilidad económica. A pesar de que, en términos de cobertura, la Fundación Batuta se ha consagrado como el pilar de la versión colombiana de El Sistema, su número de beneficiarios todavía palidece en comparación con el venezolano: con cerca de cuatrocientos centros de formación y más de setecientos mil estudiantes (con miras a alcanzar el millón), e incluso a pesar de su crisis económica, social y política, el vecino país sigue liderando, de lejos, el panorama de educación artística pública en el continente suramericano.

Si se tiene esto en cuenta, queda claro que el punto clave de una mejoría en Colombia radicaría en ampliar la financiación de su propio Sistema. Una mirada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) que sancionó el presidente Iván Duque, sumado a un cotejo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) y el producto interno bruto (PIB) vigente en 2019, basta para entender que –más allá de las inversiones que supone la economía naranja como política pública de alcance nacional– la cultura se ha mantenido lejos de ser una prioridad para cualquier Gobierno. Ante este panorama, una buena parte de los esfuerzos por darles vitalidad a las artes yace en las personas –mecenas, gestores, creadores– que han ayudado a impulsar estos proyectos a contracorriente y en los miles, si no millones, de jóvenes que se han beneficiado de ellos de manera directa e indirecta.

Una de estas beneficiarias es la clarinetista Tania Betancourt. Tiene veintiséis años, nació en Ibagué y se vinculó recientemente a la Banda Filarmónica Juvenil. Según ella, formar parte de las agrupaciones juveniles de la OFB “transformó varios ámbitos” de su vida, entre ellos, su desarrollo profesional y su estabilidad económica. Además de estos dos beneficios, Betancourt afirma haber visto compañeros suyos “alejarse de contextos violentos, de vicio [y] de pobreza”, que hoy “son grandes profesionales con una clara motivación”. Si la voz de Betancourt se multiplica por los cientos de miles de jóvenes que han pasado por la Fundación Batuta, la Filarmónica Joven y la OFB, el sistema de orquestas juveniles y de educación artística pública tiene que ser una prioridad no únicamente del Estado, sino también de los sectores privados.

“Considero que debe haber un mayor apoyo del Estado y, por supuesto, también de la empresa privada –dice María Claudia Parias–. Esta manera de conjugar recursos es una oportunidad de fomentar asociaciones público-privadas para la búsqueda de un fin público loable, que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y con el bienestar social del país: un asunto que interesa o debería interesar por igual a los Gobiernos y a los empresarios”.

Por su parte, Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, opina que las orquestas juveniles “son claves porque cumplen dos propósitos: los niños y jóvenes se vuelven líderes en sus familias y comunidades, [pues] el hecho de que tengan que estudiar en su casa propicia que cambien los hábitos de su entorno”. Al igual que Parias, Osorio le hace un llamado al Estado para que garantice y apoye “decididamente” la creación artística, y además establezca condiciones “para que la sociedad, a través de las empresas privadas y los ciudadanos, realice donaciones y aportes económicos a las instituciones culturales”.

Un dato que no debe pasarse por alto: el mismo Osorio ha afirmado que en 2020 se creará “la Joven Compañía de Danza del Teatro Mayor”, suceso que podría traducirse en otro hito de alta significación social y cultural en el país.

En aras de que estas iniciativas cumplan su función social y logren mejorar la calidad de vida de todos sus beneficiarios, no sobra recordar que las alianzas público-privadas pueden ser fructíferas siempre y cuando el patrocinio privado no dependa enteramente del arma de doble filo que son los beneficios tributarios. En el mundo hay un sinnúmero de reportes y estudios que han revelado cómo las fundaciones privadas sin ánimo de lucro –por su carácter benéfico y, por ende, sujetas a beneficios tributarios– se han convertido en canales muy útiles para evadir vistosas responsabilidades tributarias.

Ante el riesgo que hay en Colombia de que esto mismo suceda, es necesario que el sector privado y, sobre todo, el público comprendan que un acto de generosidad debe ser precisamente eso: una inversión de la cual no se debe esperar ningún dividendo excepto el del bienestar común.

*Klein es músico, historiador y catedrático de la Universidad de los Andes. Autor de Oreste Sindici: obras completas. (Ediciones Uniandes, 2017).


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