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¿Regular la protesta? 11 líderes de organizaciones sociales le responden al nuevo ministro de Defensa

Líderes de diversas organizaciones sociales le contaron a ARCADIA qué les preocupa de la propuesta de regular la protesta social que sugirió el nuevo ministro de Defensa Guillermo Botero (una que cayó mal hasta entre los grupos evangélicos).

2018/08/06

Por RevistaArcadia.com

Desde antes de la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de la República, las declaraciones de algunos de sus ministros designados han estado haciendo mella en la opinión pública. El caso más sonado: el de Guillermo Botero, ministro de Defensa del nuevo Gobierno. El martes 17 de julio, el mismo día que Duque anunció que el expresidente de Fenalco lideraría la cartera de seguridad más importante del país, una propuesta suya desató una intensa preocupación entre diversas organizaciones ciudadanas: la potencial regulación de la protesta social.

Durante la cumbre Concordia de las Américas, el recién designado ministro afirmó que el gobierno entrante deberá promover acciones para regular las protestas sociales en el país: “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. Y remató sentenciando que “sobre eso, el próximo gobierno podrá realizar grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Necesitamos mucho diálogo preventivo con las comunidades”.

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Guillero Botero fue nombrado por el presidente electo Iván Duque el pasado 17 de julio. Botero se venía desempeñando como presidente de Fenalco desde 2003. Foto: Archivo Semana.

Las redes sociales se encendieron con pronunciamientos de diferentes personalidades del país, como los senadores Aída Avella y Alexander López Amaya, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal y Martín Santos, hijo del actual presidente, quienes trinaron sus opiniones a través de Twitter en contra de la propuesta.

ARCADIA contactó a líderes de organizaciones sociales del país que hacen un ejercicio activo del derecho a la protesta, para que analizaran los potenciales efectos de una regulación como la que propone Botero tendría para las manifestaciones democráticas de las causas que defienden.

Desde las organizaciones campesinas

“La protesta, ante todo, es un derecho. Los derechos tienen implícitos dos cosas: garantizarlos, que es una obligación del estado, y, en el caso de los ciudadanos, ejercerlos. Cualquier regulación que intente restringir o condicionar el ejercicio del derecho es una violación que las comunidades sociales no estamos dispuestos a aceptar. Es la protesta el único medio para tratar de hacernos escuchar cuando el estado se niega por otras vías a que se atiendan las necesidades y se resuelvan los problemas que se afrontan. Rechazamos de plano estas declaraciones. Esperamos que el nuevo ministro rectifique y asuma ante la sociedad la labor de proteger sus derechos”.

Luis Alejandro Jiménez Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC)

Desde los grupos ambientalistas

“La mayor regulación de la protesta social genera mayor inconformismo y eso no tiene sentido porque la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el derecho de asociación, y los demás derechos que están relacionados con el derecho a la protesta tienen un marco de compresión que se basa en el descontento social ante las situaciones que se presentan en el país; y esas situaciones y esa libertad debe ser el marco de referencia porque entre mayor regulación haya lo que va a suceder es que se cohíba la protesta social, dificulte la protesta social. Los países más garantistas de la protesta son los que menos protestas tienen y precisamente la posibilidad de que las comunidades protesten abiertamente y tengan la posibilidad de expresarse reduce los márgenes de violencia, eso se ha presentado en mucho estudios en el mundo. Para nosotros la propuesta del nuevo ministro de Defensa implica la ampliación de la violencia sociopolítica en Colombia y la arremetida en contra del disenso y la inconformidad ciudadana”.

Movimiento Ríos Vivos

Desde los colectivos de abogados

“La protesta social es el recurso al que acuden personas, grupos y movimientos sociales  para hacerse escuchar porque los mecanismos institucionales son insuficientes. Es un derecho y una herramienta de defensa de derechos. El Acuerdo de Paz plantea la importancia de la protesta social como vía de fortalecimiento de la democracia y la participación. La anunciada regulación de la protesta parece orientarse a su limitación. Ello significaría retroceder en este reconocimiento alcanzado y un incumplimiento del Acuerdo de Paz. El año pasado fueron asesinadas 14 personas en contextos de protesta social, siendo uno de los más graves la masacre de Tumaco cometida en octubre.  La orientación del Ministerio de Defensa debería ser avanzar en  garantías para la protesta incluyendo la limitación del ejercicio de la fuerza pública y su ajuste a los estándares internacionales, no la profundización de los obstáculos”.

Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)

Desde las organizaciones indígenas

“Hay un contexto que es el siguiente: 1. La Farc es un partido político. 2. El ELN se está fortaleciendo 3. El paramilitarismo crece vertiginosamente, fortaleciéndose. 4. Hay una situación transfronteriza donde no hay gobernabilidad de Estado. En el caso de Catatumbo, no gobierna ni Colombia Ni Venezuela; En el Chocó, ni Colombia ni Panamá; En Nariño y Valle del Cauca, ni Colombia ni Ecuador. 5. Hay un tema profundo que es el de la política minero-energética. Este afecta los territorios de las naciones indígenas, de los pueblos raizales, de los palenqueros negros y, efectivamente, a los campesinos.

Hoy hay una criminalización hacia el cultivo de coca, entonces, ¿qué está sucediendo? Hay algunas cosas paradigmáticas de Estado: las Águilas Negras no tienen la capacidad de infraestructura ni logística para gobernar dentro del país. El único que tiene esa capacidad es el Estado colombiano que, de una u otra manera ha estado involucrado con el fortalecimiento del paramilitarismo. Es la única institución legal o ilegal con esa capacidad de controlar las regiones y áreas urbanas de Colombia.

Ante la situación mundial de la política minero-energética, Colombia va a entregar la Orinoquía para el monocultivo. Va a desarrollar al máximo la explotación de minería e hidrocarburos. Mejorará su control sobre el agua y el viento, en el caso de La Guajira.

Para emprender este tipo de acciones es que el Ministro de Defensa sale con una propuesta clara, pragmática y objetiva. Cómo controlar a las organizaciones sociales, y particularmente a las negras, indígenas y campesinas, que se mantiene, luchando por los derechos de los pueblos. Los pueblos indígenas y, en particular, la ONIC no van a entregar su dignidad, que es el territorio, ni tampoco van a dejar de desarrollar su intelecto para recuperar nuestros principios de armonía y de emancipación, que nos caracterizan. Eso es el uso del sentido común para luchar: organizarnos, manifestarnos y movilizarnos. Exista o no la propuesta, los indígenas seguiremos en esa lucha, que es justificada por el sentido común. En ningún país del mundo se puede reglamentar el sentido común ni controlar la libertad. Tampoco se puede pretender coartar el ser humano para que no pueda garantizar sus derechos, que están plasmados en la Constitución de Colombia, en las más de cinco mil leyes y en el acuerdo final de La Habana, que es ley, está bajo sentencia judicial y es un acto legislativo”.

Armando V. Gouriyu, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

“Lo primero es que no se debe olvidar que ya hace unos días el Gobierno Nacional firmó un protocolo que hace una compilación sobre normas vigentes con respecto al tema de la regulación de las protestas. Eso quiere decir que ya existen mecanismos de actuación jurídicos y políticos para que las protestas tengan un componente de ejercicio legítimo del derecho y que no se afecten los derechos y la integridad de terceros.

Habiendo dicho esto, hay un tema preocupante en una de las declaraciones del futuro ministro. Él manifiesta que la protesta debe ser regulada desde los mismos motivos que la causan. Los motivos deben ser únicamente aquellos que beneficien a la mayoría. Eso genera una preocupación profunda, dado que implica la definición unilateral, por parte de una mayoría de organizaciones públicas, de lo que es el bien general, formas, fondos, mecanismos y alcances. Cuando se busca restringir la protesta, incluyendo estos elementos, se está cercenando el ejercicio del derecho, que tienen todos en una democracia, de manifestar sus posiciones pacíficamente. Todo eso implicaría, también, la voluntad de generar un pensamiento único: todos debemos estar de acuerdo incluso en lo que no estamos de acuerdo.

En términos filosóficos y jurídicos, no se está reglamentando el derecho constitucionalmente, sino cercenando la capacidad crítica que tiene la sociedad para enfrentarse a los poderes constituidos, que tienen un origen en la legalidad y la política, pero en una democracia hay disensos.  Bien dirigidos, lo que hacen los disensos es contribuir con el avance de la sociedad”.

Jairo Oviedo, abogado de la Mesa Permanente Nacional Indígena de Colombia

Desde los grupos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad

La protesta social es un derecho constitucional de la mayor importancia, que permite canalizar democráticamente el descontento de la sociedad civil con situaciones de desigualdad, violaciones de derechos humanos y muchos otras razones para pone de presente, en el ámbito público los desacuerdos con las políticas estatales y gubernamentales que afectan a personas o grupos poblacionales en situación de desventaja.  Sorprende e inquieta profundamente, desde el activismo social, que la prioridad del recién posesionado ministro de defensa no sea el dar una solución urgente, efectiva e inmediata a la ola (que ya parece tsunami) de asesinato de reconocidos líderes regionales, encontrar maneras de apoyar la consolidación de la presencia del Estado en las zonas de conflicto que están empezando su transición a la paz o el control del contrabando y el narcotráfico que inunda nuestras fronteras, sino que sea la regulación de un derecho que es fundamental en este contexto convulsionado como el de la posibilidad de protestar. De entrada genera sospecha su desconfianza frente a la posibilidad de hacer público el descontento social, y no termina de encajar la ausencia en este debate del Ministerio del Interior, que debería ser, por su enfoque integral en derechos humanos, el líder de cualquier iniciativa de regulación de un derecho fundamental tan importante para la democracia como el de la protesta social. El énfasis en su regulación desde defensa se acerca fuertemente a una idea de represión armada de la oposición que puede dar al traste con la intención de dejar atrás la confrontación política armada y de generar espacios democráticos de discusión y debate para consolidarnos como sociedad, y poder así procesar y superar la polarización que hoy nos aqueja como sociedad”.

Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes

Desde los grupos religiosos

“Como Ente Confesional y Jurídico, debidamente Registrado y reconocido por el Estado Colombiano ante el ministerio del Interior, representa los intereses jurídicos y confesionales, de la Iglesia Cristiana Evangélica Colombiana, Afiliada a Cedecol, debido a su derecho constitucional de expresión libre y voluntaria, entiende como recurso de defensa de los derechos constitucionales, legales y morales de la sociedad civil, la protesta civil, la cual es vista como un manifiesto indispensable de la sociedad, a través de sus entidades, organizaciones, asociaciones...que aquejan desatención y perjuicios por parte del Estado, Atender debidamente tales necesidades evitaría dichas marchas y desmanes innecesarios, si preocupa, que se considere coartar, o imposibilitar el derecho a la libertad de expresión, porque el mensaje es desfavorable para el gobierno nacional y retroalimenta la violencia social y política del país. CEDECOL promueve el diálogo oportuno y eficaz como agente mediador y reconciliador.

Con relación a la nueva Ley 1909 de 9 de julio de 2018, por la cual se adopta el Estatuto de Oposición de Objeción Civil, está expectante, la dinámica de la controversia política y partidista frente a las posturas del gobierno de turno, suena lógico, pero promueve "recursos" nada coherentes y convenientes para la estabilidad de la política nacional”.

Confederación Evangélica Colombiana

Desde los grupos animalistas

“Al respecto del tema, tenemos una posición definida y es que la protesta social es un proceso de  acción colectiva y gracias a ella se han conseguido significativos avances en la reivindicación de los derechos de las personas y en nuestro caso de los animales y el ambiente.

Desde el movimiento animalista se ha conseguido, con esta práctica organizativa, proponer estrategias para avanzar en la solución de las problemáticas relacionadas con la fauna y el ambiente en el entendido que quien respeta y protege los animales denota  evolución moral y ética, la misma que exige el desarrollo de una nación.

Consideramos que la protesta social se constituye en buena parte en la expresión de una necesidad desconocida o desoída por los mismos gobiernos o para hacer pública una problemática o el beneficio particular en detrimento de los menos favorecidos.

En la historia animalista y ambientalista de la cual hacemos parte por cerca de 24 años, la protesta social ha servido para dar a conocer al mundo los excesos y vejámenes a que son sometidos muchos animales, así como para que se corrijan políticas equivocadas o se tomen medidas en procesos que afectan negativamente al ecosistema, la fauna y la flora.

La movilización ciudadana es una forma de conseguir la interlocución y el diálogo de la sociedad civil y presión y negociación frente al estado. Caso electrocución caninos y felinos en Bogotá como forma de disminuir la sobrepoblación canina, el uso y abuso de equinos en los vehículos de tracción animal, defensa de cerros orientales, defensa del agua etc. Lamentablemente la sociedad civil muchas veces no encuentra otra opción que las marchas y protestas sociales para hacer oír su voz frente a decisiones institucionales y los nefastos efectos en la fauna, flora o el ecosistema.

La ley 99 de 1993 señala mecanismos para la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y la defensa del derecho colectivo a un ambiente sano y bajo ese supuesto y en tema que nos concierne animales y ambiente en Colombia, consideramos que la protesta social  y la movilización ciudadana es efectiva en la defensa de estos actores”.

María Constanza Moreno Acero, representante legal de la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia (FEDAMCO)

Desde las organizaciones LGBTI+

“Uno de los principales problemas que vemos es un conflicto de interés: por un lado, que la figura que llega a ocupar el Ministerio de Defensa sea el señor Guillermo Botero, quien por más de 15 años ocupó el cargo de presidente de FENALCO y, por otro lado, que FENALCO haya sido el objeto de tantos paros de transportadores como los del 2016. Una cosa que también nos preocupa muchísimo es que el Ministerio de Defensa, en el marco de la transición y del posconflicto, debe estar ocupado por una persona con las cualidades de un funcionario que piense la institución en clave de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del territorio y no solamente de ciertas ciudadanías.

Vi que en el equipo de empalme estaba el señor Daniel Mejía, quien ocupó la Secretaría de Seguridad de Bogotá y, claramente, nos preocupa desde la organización que ese funcionario, que dirigió estrategias de seguridad que afectaban directamente los derechos humanos de los habitantes de calle, ahora esté como uno de los altos funcionarios de ese ministerio. Eso nos resulta bastante complicado. Más, cuando al salir del cargo, Daniel Mejía, tuvo varias acusaciones por esconder cifras y cambiar reportes públicos frente a la seguridad de la ciudad de Bogotá.

Como consecuencia de estas dos vertientes del tema que he mencionado, sucede que el señor Botero está promoviendo un proyecto de ley para beneficiar a quienes anteriormente fueron sus socios, durante su ejercicio del cargo como director de FENALCO. Usualmente, sus trabajadores son los que les hacen los paros y manifestaciones sociales para reclamar sus derechos como trabajadores de la industria colombiana.

También resulta bastante preocupante que el tono del primer proyecto que propone el ministro sea este. No es una coincidencia. Es también un mensaje simbólico que su primera propuesta grande como ministro sea el tema de regular la protesta social. Pese a todas complicaciones de conflictos de interés que esto pueda tener, es muy diciente y muy simbólico que este sea el primer proyecto bandera con el que el Ministerio de Defensa se lanza al Congreso para regular ese tema tan complejo y tan lleno de conflictos de interés por parte de quien detenta el cargo”.

Alejandro Lanz, director ejecutivo de Temblores ONG  

Desde los movimientos estudiantiles

"El anuncio del nuevo ministro de defensa lo que hace es ratificar que Duque seguirá aplicando una política económica y social en la misma línea de la de Santos, Uribe y anteriores gobiernos. Estas medidas son impopulares y contrarias al interés del trabajo y la producción nacional, por lo que la única manera de aplicarlas es restringiendo la democracia y tratando de impedir que se exprese a través de la protesta social. Una muestra de esto es su informe de empalme en educación, continuará con el modelo de Santos basado en priorizar el endeudamiento de familias y de instituciones, tal como lo proponen los organismos financieros internacionales, mientras las universidades e instituciones de educación superior enfrentamos una grave crisis financiera. Lo seguro es que existirá oposición y movilización de la comunidad académica que ha padecido esta política por décadas y que hoy se hace insostenible. Este será el sentir de un pueblo cansado de un gobierno ineficiente".

Hemel Pacheco, representante estudiantil de la Universidad de Antioquia

"Las declaraciones hechas por el ministro Botero realmente muestran que la movilización social es la herramienta que tenenemos los colombianos para defender nuestros derechos frente a un gobierno que ha anunciado que va a avanzar en el mismo modelo de que traía Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. La protesta es la pricipal herramienta que hemos tenido para defender a la universidades públicas y a la educación entendiéndola como un derecho lo que señala el ministro es que la movilización no debe ser ejercida por minorias cuando realmente este es un derecho que precisamente lo que busca es que quines no tenemos accesos al poder político participemos en la lucha social para defender nuestros derechos porque la democracia no es solamente votar sino entender que los colombianos tenemos la capacidad de influir en las decisiones que se toman y esto se hace a través de la movilización. Lo curioso es que el Centro Democrático señala esto después de que han citado a movilizaciones tras movilizaciones, que sí también han bloqueado calles, que sí han evitado que otros colombianos puedan movilizarse por donde normalmente lo hacen. El derecho a la protesta es un derechos que los estudiantes y jóvenes, los mayores, los de izquierda, los de derecha, no importa quién sea debemos defender. Yo lo defiendo, yo defiendo que marche el mismo ministro Guillermo Botero, que marchemos los estudiantes, los del Polo, porque ese es un derecho de todos los ciudadanos".

Jennifer Pedraza, vocera de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE)

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