Víctimas del conflicto armado en Colombia en una protesta. Foto: Humans Rights Watch. Víctimas del conflicto armado en Colombia en una protesta. Foto: Humans Rights Watch.

En defensa del Centro Nacional de Memoria Histórica

"Poner a sonar nombres como el de Mario Javier Pacheco o Fernando Vargas Quemba es una estrategia que, en un país en posconflicto, raya con lo pérfido".

2018/10/22

Por Revista Arcadia

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Hay que hablar con claridad sobre lo que pasa hoy con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Los rodeos del gobierno de Iván Duque en cuanto al reemplazo del historiador y sociólogo Gonzalo Sánchez en la dirección de esta entidad inauguran una nueva arremetida contra la memoria y forman parte de lo que podría llegar a ser un proyecto para erigir, en pleno 2018 y con un acuerdo de paz firmado con la hasta hace poco “temida” guerrilla de las Farc, una contramemoria.

Poner a sonar nombres como el de Mario Javier Pacheco o Fernando Vargas Quemba es una estrategia que, en un país en posconflicto, raya con lo pérfido. Pacheco ha dicho que considera que el CNMH debe “redireccionarse” para “corregir la tendencia de culpar al Estado”, y Quemba no ha ocultado su cercanía ideológica a figuras cuestionables de la ultraderecha. Así ninguno de estos dos sea nombrado –para el cargo se habla también de Alfredo Rangel y Eduardo Pizarro–, parece claro que en el país, y desde un sector que incide en el gobierno, quiere orientarse la labor de la “memoria histórica” a buscar equilibrios injustificables y a encender el negacionismo de algunas responsabilidades de la guerra.

En Colombia, la disputa por la memoria no es nueva. El conflicto armado desató una guerra ideológica y política por el relato sobre lo ocurrido. Pero justamente esto, la ideologización del relato, fue lo que buscó zanjar el CNMH –desde su inicio, en el gobierno Uribe, y luego fortalecido por la Ley de Víctimas de Santos– al poner en el centro a las víctimas y aferrarse a la pluralidad para poder hablar de distintos hechos victimizantes y de distintos responsables. El resultado de ese trabajo serio, avalado por instituciones académicas nacionales e internacionales y reconocido por víctimas y responsables, son más de 130 publicaciones, de las cuales 84 son informes de esclarecimiento que será difícil mandar a recoger y picar, pues son instrumentos políticos y culturales legítimos de organizaciones sociales y víctimas.

Torpedear ese esfuerzo, sin embargo, es posible. Y puede lograrse si se eleva a la dirección del CNMH una figura dispuesta a desvirtuar sus resultados, en especial en lo que tiene que ver con los agentes del Estado o los terceros responsables. Una figura así encontrará ecos en una sociedad radicalizada, que estará lista para derribar investigaciones del CNMH como la de La Rochela o la de Trujillo, o informes determinantes como ¡Basta ya!; una sociedad con sectores preparados para el regreso a la Colombia militarista y el destierro de las víctimas que no sean víctimas de las Farc; una sociedad dispuesta a volver a hablar, en pleno siglo XXI, de “una guerra anticomunista” y de “guerrilleros disfrazados de académicos y periodistas” en una supuesta confrontación con el Estado. Las implicaciones de este escenario significarían un retroceso, en primer lugar, porque podrían llevar al desmonte de la arquitectura institucional de la Ley de Víctimas. Sumado a la situación incierta de la Unidad de Tierras y de la Unidad de Víctimas, un cnmh mutado acabaría con las obligaciones del sistema integral de medidas de reparación –material y simbólica– a millones de víctimas que hoy recaen en el gobierno. Y esto, de paso, seguiría también debilitando el andamiaje del acuerdo con las Farc, ya bastante perjudicado por el asedio a la JEP y la deslegitimación sistemática de la Comisión de la Verdad, la cual ni siquiera ha arrancado formalmente sus labores.

A quienes quieren revisar la labor del CNMH, poco les importa que este haya hecho trabajos no solo para revelar los baños de sangre del paramilitarismo y las responsabilidades de agentes del Estado en crímenes de lesa humanidad, sino también para someter al escarnio público la barbarie de la guerrilla. Es más, hoy seguramente no recuerdan que en su momento celebraron, y usaron a su favor, informes que golpearon profundamente a las Farc. No lo recuerdan, o no quieren, porque el CNMH nunca ha servido a intereses políticos, o ideológicos, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del supuesto centro. El CNMH ha sido una institución académica de excelencia. No es gratuito que el pasado 13 de octubre los directores de la prestigiosa Casa de las Ciencias del Hombre de París le mandaran una carta a Duque resaltando la “alta calidad académica” y la “independencia intelectual” de la entidad, advirtiendo que “esperan” que “las nuevas directivas (…) preserven el acumulado alcanzado (…) con el mismo rigor e integridad intelectual”.

Algunos podrán buscar defender la intencionada desintegración del CNMH anexándola a la victoria del “No” en el plebiscito, y podrían justificarlo diciendo que forma parte de una devolución necesaria a la Colombia previa a la negociación. Pero eso es ruido. La memoria no puede ser un instrumento de las fuerzas que defienden al paramilitarismo, ni de la defensa de agentes del Estado o de terceros, ni de los intereses de las guerrillas. Y tampoco puede ser una veleta que se mueva al viento de las coyunturas electorales. La memoria histórica surge de la memoria de las víctimas y de una labor historiográfica de esclarecimiento. Por eso debe ser independiente, y debemos defenderla.

Nota: La próxima edición de ARCADIA será la última del año. Será un número de colección con contenidos especiales y nuestra tradicional “Lista Arcadia”. Circulará a nivel nacional a partir del 5 diciembre.

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